Más de 400 plazas residenciales que pretendía contratar la Generalitat Valenciana no han recibido ninguna oferta, se han quedado en el aire. Al margen de otros problemas para que esto haya sucedido, como la zonificación o la falta de plazas en la región, ha pesado notablemente el precio al que se oferta la plaza.
Este problema con el que se encuentra ahora la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que encabeza Mónica Oltra nos lleva a la pregunta: ¿Qué pasaría si las residencias privadas no aceptan las condiciones de las licitaciones públicas por inviables? ¿Qué consecuencias sociales tendría? ¿Y qué consecuencias económicas tanto para la administración como para las propias empresas del sector?
En este sentido, el secretario general de AESTE, Jesús Cubero, entiende que "si una empresa privada considera que el precio de licitación en cualquier concurso público no es suficiente, en virtud de su libertad empresarial puede considerar la posibilidad de no presentarse a dicha licitación".
Cubero explicaba a Dependencia.info que si realmente las administraciones públicas ofrecen precios de licitación tan bajos en el sector de las plazas residenciales que no resultan atractivos para ninguna empresa, se produciría una falta de plazas residenciales que podría provocar tres escenarios:
"En primer lugar, la sustitución paulatina de las plazas concertadas por Prestaciones Vinculadas al Servicio, de tal forma que sea el ciudadano quien elija realmente el centro residencial en el que quiere vivir en función de su capacidad adquisitiva y voluntad de complementar dicha PVS. Esta sería una buena solución a medio plazo, que garantizaría el mantenimiento de los costes actuales de las administraciones, siendo la oferta y la demanda del mercado quien fijaría los precios de las plazas residenciales", apuntaba el portavoz de la patronal.
Otro de los escenarios que contempla Jesús Cubero, el segundo, es "que se igualen los precios de licitación a los precios de coste real de las plazas públicas de gestión directa por parte de la Administración. Mientras que nos encontramos con precios de licitación en el entorno de los 50 euros, los costes reales de las plazas superan de media los 80 euros cuando es la propia Administración quien realiza la gestión con su personal (sin tener en cuenta el beneficio industrial ni la amortización de los terrenos y construcción)".
En tercer lugar, "si no se sustituyen los conciertos por PVS, ni se incrementan los precios hasta alcanzar los costes reales de gestión que la Administración conoce (y que se cuida muy bien de no hacer públicos), estaremos encaminando la atención residencial a dos niveles: uno de calidad para quien pueda afrontar los costes de un centro privado de una gran compañía del sector, y una atención de menor calidad para aquellos centros residenciales con escasez de personal, bajos estándares de calidad y reducido número de camas que tendrán que conformarse con el precio que les pueda ofrecer la Administración Pública. Es decir, estaríamos creando una atención residencial de dos velocidades: la atención de calidad que ofrecen los grandes grupos del sector, y la atención "de beneficencia" que actuaría de forma subsidiaria".
Desde su posición y experiencia en el sector, el responsable de AESTE concreta: "Creo que el derecho del ciudadano a ser atendido es innegable, y que dicha atención debe realizarse con la calidad necesaria. El sector privado ya no puede aguantar más esta situación de infracotización y en breve nos encontraremos con las primeras Comunidades Autónomas que no cubren las plazas que necesitan para atender a las personas mayores. Es una cuestión de prioridades, de decidir entre todos en qué sectores queremos invertir el dinero, y a qué tipo de servicios damos prioridad".
Con un ojo en el nuevo Gobierno, Jesús Cubero concluía: "Estoy seguro de que el recientemente creado Ministerio de Derechos Sociales priorizará la atención a los mayores, y como la calidad exigida es la misma en la atención concertada que en la atención directa por los centros públicos, igualará del mismo modo los precios de concertación incrementando de forma significativa los precios de licitación. No hacerlo así... supondría mantener la infrafinanciación del sistema, poner en riesgo la atención residencial de los mayores, y abundar en la desigualdad económica de la población mayor de 65 años en España".
"No puede pasar"
Por otro lado, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández Cid, no cree que se vaya a llegar a ninguna situación límite en la que las residencias privadas no acepten las condiciones de las licitaciones públicas por inviables: "Ese caso no puede existir porque las administraciones públicas son el 25% del sector residencial, aproximadamente, por tanto, para atender a los dependientes tiene que existir sí o sí la famosa conmutación entre lo público y lo privado".
Fernández Cid recordaba que en la Comunidad de Madrid pasó algo parecido: "Las residencias que tenían plazas en la M-30 no querían acudir al acuerdo marco. Unas 1.500 plazas se tuvieron que amortizar dentro de este perímetro (carretera de circunvalación de la ciudad de Madrid?. Existieron residencias fuera de la M-40 (con un perímetro más alejado del centro) que tuvieron que coger esas plazas, a costa también de que las personas tuvieran que cambiar de emplazamiento, con el coste que eso supone para una persona mayor que está adaptada a un centro. También para sus familias, que pasan de visitarles en un barrio de Madrid a otra en Colmenar Viejo (más de 40 kilómetros de distancia)".
El portavoz de FED aclara: "El sector, lo que permanentemente está demandando es unos precios acordes a lo que debe ser. Por ejemplo, ahora tenemos la subida de los salarios mínimos. Pues bien, para este 2020, si pasamos a un salario mínimo de 1.000 euros para todo el perfil de limpiadores va a suponer un incremento del 10,50. Si encuentras un acuerdo marco o un contrato de concierto que no recoge esos costes, ya tenemos lío".
Con respecto a lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana, Ignacio Fernández Cid entiende que es un caso límite: "Las administraciones públicas tendrán que estar abiertas a la opinión de sus colaboradores, porque las empresas somos colaboradores de ellas, y para eso tenemos los interlocutores que son las patronales, como es lógico y como está organizado cualquier tipo de sector".
Y a pesar de que las patronales están para "transmitir a las administraciones las opiniones y las demandas y las reivindicaciones", el presidente de FED lamenta que "no siempre" les hacen caso y explica también a cuánto se concierta una plaza privada y una pública: "Nos están concertando a cincuenta y pocos euros de media en todo el país y ¿cuánto le cuesta a una administración pública su plaza sin amortizar? Pues del orden de 170 euros. Así no se puede. Y luego insisten en que hay que profesionalizar el sector... ¿cómo lo profesionalizamos con estos salarios? ¿cómo se puede plantear una persona una carrera profesional en este sector, que está un 30% por debajo del convenio de sanidad? Se nos van y no pago más porque no puedo pagar, porque no me pagan a mi".
Para terminar, recuerda los "acuerdos marco con incremento 0 durante cuatro años", como pasa en Castilla-La Mancha: "¿Cómo se hace eso? Y los requisitos no son menores. Quieren que hagamos la cuadratura delcírculo. No se puede. No da."
Reconocimiento de los profesionales del sector
Por su parte, desde el Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), su presidenta Cinta Pascual apuntaba igualmente que "el concierto es necesario porque el Estado, en sus diferentes representaciones, desde el Imserso hasta las corporaciones locales, no tiene capacidad para dar respuesta a la demanda y porque los profesionales del sector sabemos, llevamos años ofreciendo servicios de calidad, evolucionando y adaptándonos a las necesidades de las personas".
Desde la patronal se ha explicado igualmente a Dependencia.info que "si las administraciones no son conscientes del papel que las empresas del sector tienen en la sociedad y no financian cada concierto de forma responsable, es normal que haya empresas privada que no opten".
Cinta Pascual entiende que decantarse por esta vía "es un riesgo económico porque se pueden perder puestos de trabajo, pero es aún más peligroso para las personas más vulnerables, porque mientras se resuelven las deficiencias en los concursos, si se infrafinancian los servicios, las personas no reciben la atención".
Y concluye: "El ejemplo de Valencia corre el peligro de exportarse al resto de regiones, y es una llamada para recordar que la atención no es un gasto, es una inversión en las personas y que los servicios sociales, al igual que la sanidad, son imprescindibles en el sostenimiento del Estado del Bienestar".
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