Ya se ha explicado en reiteradas ocasiones por parte de la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales (ADYGSS), y así se ha hecho eco Dependencia.info, que la financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 y ni tan siquiera se han cumplido los compromisos ligados al último presupuesto del PP, que preveían el incremento progresivo del Nivel Mínimo de Financiación en un 5% cada año desde 2018.
Esta provisión de fondos habría sido a todas luces insuficiente, pero es que ni siquiera llegó a ver la luz y Pedro Sánchez, que después sí hizo amago de dotar de algo más de financiación la Dependencia, por razones políticas que todos recordamos no llegó a sacar adelante sus Presupuestos y se convocaron elecciones.
Así, el presidente de ADYGSS, José Manuel Ramírez, ha explicado a Dependencia.info que alguien ha considerado otras prioridades, de forma que "el Gobierno solo paga el 16,7% del Sistema de la Dependencia, comparado con el 50% que dice la Ley que debe de poner". "Como seguimos manteniendo los recortes que se produjeron en 2012, eso ha generado un quebranto económico a las Comunidades Autónomas de alrededor de 5.600 millones de euros. La tendencia ha sido catastrófica para la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia", ha subrayado Ramírez, que ha añadido que "esto no se ha recuperado".
Según las certificaciones anuales de las Comunidades Autónomas en 2018, la inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.054 millones de euros. Se sacan así tres conclusiones inmediatas: "las Comunidades Autónomas financiaron el 83,3% del Sistema de la Dependencia, con 6.707 millones de euros; la aportación estatal se sitúa en el 16,7%, con 1.348 millones de euros; y que el gasto promedio por dependiente atendido en 2018 fue de 8.090 euros al año, de los cuales, según los antedichos porcentajes, se deduce que la Administración Central aportó solo 1.348 euros en concepto de nivel mínimo garantizado.
Urgencia
En este sentido, el portavoz de las Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales considera que "no podemos esperar a que haya unos nuevos Presupuestos que se ejecutarán en el mes de mayo o junio del año que viene", lo que significa -ha dicho- "dejar otros 8 meses prácticamente sin la capacidad de inyectar dinero a la Dependencia para resolver el problema de la lista de espera, que es lo más acuciante".
"Aunque después cada uno va a lo suyo, porque unos piden más dinero para poner un asistente personal, otros para subir el sueldo a los auxiliares de clínica, otros para subir sueldos, es decir, habría que subir el presupuesto para muchas cosas, pero lo que está claro es que hay que subir la financiación", ha señalado.
Promesas electorales
Visto de esta forma, sin recursos, ¿cómo se da salida entonces a una lista de espera de 258.00 personas ya valoradas como dependientes y con otras 140.000 personas pendientes de valoración? José Manuel Ramírez ha explicado que "toca otra vez conformarse con promesas". Pero le han echado las cuentas a la que hizo recientemente Pedro Sánchez, que dijo que reduciría un 75% esta lista de espera. "Eso implicaría un incremento del gasto público anual de más de 1.500 millones de euros", ha afirmado.
"¿Era consciente de que la promesa electoral costaba ese dinero o simplemente estaba en campaña?", se pregunta Ramírez, que lamenta que la Dependencia sea únicamente un arma que todos utilizan solo cuando hay elecciones: "A veces ni eso. Llega un momento en que la Dependencia es incluso ignorada por determinados grupos políticos en sus programas electorales. Algunos ya ni siquiera piensan en el millón y medio de personas dependientes".
Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales recuerdan que si el Estado aportara íntegramente esos 1.500 millones de euros se llegaría a una aportación global del 36% de la financiación pública, "muy lejos aún del 50% previsto por la Ley". Vuelven a hacer hincapié en que esta inversión generaría 45.000 puestos de trabajo directos y que se obtendrían unos retornos de 600 millones de euros a través de la Seguridad Social, IRPF, IVA o Sociedades, sin contar con los retornos inducidos.
ADYGSS vuelve a insistir en que se está impidiendo el ejercicio de derechos a miles de personas dependientes y que muchos fallecen sin haber llegado a ser atendidos: "Cada mes, aproximadamente el 1% de la lista de espera causa baja por fallecimiento, con lo que cada día que pasa son 80 las personas fallecidas sin haber podido ejercer su derecho".
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