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ARADE avisa: regular la atención farmacéutica en las residencias dificulta la óptima atención a los mayores

Paquita Morata, gerente de ARADE
Paquita Morata, gerente de ARADE (Foto: ARADE)
miércoles 11 de septiembre de 2019, 12:20h

La Asociación Aragonesa para la Dependencia, ARADE, que es la principal asociación de entidades privadas de servicios de atención a las personas mayores en esta región (residencias, centros de día, atención domiciliaria y teleasistencia), ha mostrado su total disconformidad con el decreto 92/2019 publicado el pasado 6 de agosto y por el que se regula la atención farmacéutica en las residencias.

Además de criticar que después de estar años en preparación se haya publicado en pleno periodo vacacional, ARADE ya ha advertido de las consecuencias nefastas que puede tener en la óptima atención a los mayores y ya ha anunciado un recurso ante la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón de un decreto que obliga a los centros de 100 o más camas a que se suministren con la farmacia de su hospital de referencia o bien deberán disponer de un servicio de farmacia propio y contar con un farmacéutico en la residencia.

La gerente de esta asociación, Paquita Morata, ya ha explicado que se trata de "algo inasumible por las altas exigencias de las instalaciones y personal que impone este decreto a los centros". ARADE entiende que la aplicación de este decreto dificultará la óptima atención a los mayores y complicará un servicio esencial para los residentes por la saturación de las farmacias hospitalarias y los problemas que se prevén en la dispensa de medicamentos.

Para la adaptación de los centros, el decreto establece un plazo de tres meses, desde la publicación de la norma en el boletín oficial, para solicitar el depósito o el servicio propio de farmacia, en el caso de las residencias de más de 100 plazas. Asimismo, en un plazo de 6 meses se convocará el concurso para escoger la farmacia de referencia, en el caso de los centros de menos de 100 plazas.

Ineficaz

Morata lamenta la ineficacia de la medida: "No se ha tenido en cuenta la inmediatez que necesitan las residencias para atender a sus clientes. Inconveniente todavía más grave en el caso de residencias del ámbito rural debido a la distancia existente hasta los hospitales de referencia. Cuando un usuario necesite por ejemplo un antibiótico o un cambio de medicación inmediata este sistema consideramos que va a ser totalmente ineficaz".

La gerente de ARADE denucnia que este decreto "va en contra de la libre competencia", pues ahora están obligados a proveerse donde dice la Administración. Además, las residencias de menos de 100 camas tendrán que proveerse de la farmacia que en adelante determine la Administración y, también podría darse el caso de que estas también tengan que recurrir a farmacias de la red de hospitales si ningún farmacéutico quiere concursar por ellas.

Paquita Morata insiste en que el sistema propuesto por la administración va en contra de los residentes: "Quieren cambiar un sistema de trabajo que funciona. Las residencias tendrán ahora que dejar de trabajar con sus farmacias de confianza, que han adaptado sus servicios con sistemas de dosificación y dispensación, que atienden urgencias y situaciones especiales y personalizadas, a otro sistema que por experiencia sabemos que va a ir en contra del servicio a los residentes".

Al respecto, deja claro a quien se deben: "Las residencias en esta cuestión somos meros intermediarios, no somos hospitales, somos centros sociosanitarios y nos debemos a la persona mayor y al óptimo servicio a ellos".

Regular la atención farmacéutica en las residencias

La norma será de aplicación en las residencias públicas y privada de Aragón que aglutinan 13.650 plazas. Es decir, afectará a un total de 147 centros: 35 en Huesca, 21 en Teruel y 91 en Zaragoza. De estos, 46 tienen más de cien plazas, que deberán disponer de servicio de farmacia propio y a cuyo frente se situará un farmacéutico especialista, o bien de un depósito de medicamentos vinculado a un servicio de farmacia de un hospital público.

De esta forma, la prestación farmacéutica se realizará por el servicio de farmacia del hospital público de referencia.

Los centros con menos de 100 camas deberán disponer de un depósito de medicamentos vinculado a una oficina de farmacia, que como denuncia ARADE será seleccionada a través de un concurso convocado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria.

Laadministración recuerda que en los últimos años se ha producido un aumento de los usuarios de centros sociales con necesidades de atención farmacéutica, que han incrementado el gasto en este ámbito debido al envejecimiento y la aparición de nuevas patologías y su cronificación. Apunta que es necesario, por tanto, realizar una prestación farmacéutica de calidad, evitando efectos adversos o interacciones en pacientes que están generalmente polimedicados y donde el estrecho seguimiento farmacoterapéutico es fundamental.

El suministro directo de los fármacos disminuye, además, notablemente los costes de adquisición y los costes por residente. Estima que el ahorro anual de la implantación de esta medida oscilaría entre los 5,3 y los 11 millones de euros, dependiendo del porcentaje de suministro directo de los fármacos por parte de la farmacia hospitalaria. El gasto anual actual está cuantificado en 17,4 millones.

Vea aquí residencias de Aragón

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