La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales vuelve a denunciar el incumplimiento de la ley.
El Gobierno de Mariano Rajoy redujo en 2017 aún más su ya baja aportación a la financiación del Sistema de la Dependencia. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha recordado que los datos de las certificaciones anuales contenidas en el ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013, que han sido facilitadas por el Ministerio y remitidas al Observatorio de la Dependencia arrojan una inversión pública total certificada de 7.459 millones de euros.
Aclara que, de toda esa cantidad, la aportación finalista del Ministerio de Sanidad fue de 1.218 millones, es decir, el 16,3% del total, mientras que las comunidades autónomas, con 6.241 millones de euros, aportan el 83,7% restante.
Gasto promedio por persona
Estas certificaciones anuales también señalan que el gasto promedio por persona en situación de dependencia atendida en 2017 ascendió a 8.225 euros anuales, de los cuales, 6.884 fueron aportados por las CCAA y solo 1.341 euros, por el Gobierno central.
Estos datos, que se basan en fuentes oficiales certificadas por la intervención de cada Comunidad, y confirman que:
- El impacto acumulado para el gasto público de las medidas de recorte del Real Decreto-Ley 20/2012, hasta diciembre del 2017, ha sido de 4.600 millones de euros.
- La incapacidad -y la vergüenza- del anterior ejecutivo, de no ejecutar siquiera un presupuesto recortado. El anterior Gobierno de España no ejecutó la totalidad del presupuesto consignado (1.262 millones de euros) habiéndole sobrado 44 millones de euros.
- La mejora de los datos sobre el incremento de personas atendidas y reducción de la lista de espera (Limbo de la Dependencia), se está produciendo como consecuencia del incremento de servicios de bajo coste, dirigidos a Dependientes Moderados (Grado I),abandonando a los más graves y que requieren atención con mayor urgencia, los Dependientes Severos (Grado II) y Grandes Dependientes (Grado III)
- El sistemático y doloso incumplimiento de una Ley, cuando todavía hay casi 300.000 personas en situación de dependencia reconocida en lista de espera.
El Gobierno de España debe cumplir el Pacto por la Dependencia firmado por todos los grupos políticos (a excepción del PP) y recuperar los recortes producidos desde el año 2012, lo que requiere una inversión de 470 millones de euros anuales, que permitirán atender a cien mil personas del “limbo de la dependencia” y generar más de 30.000 puestos de trabajo directos.
Como aspecto positivo, destacamos el cambio de actitud del Ministerio, que cumple con uno de los cinco puntos del Pacto de Estado por la Dependencia, facilitando, por primera vez, la información de la financiación del Sistema. Un avance democrático en transparencia e información, que vale la pena reconocer.
Si (
No(