El Observatorio de la Dependencia, ha advertido en un comunicado que “el cacareado aumento del gasto en dependencia en los PGE 2018 es de 46 millones de euros”, recordando además que es una cifra similar a los 44 millones que el Gobierno dejó sin gastar tras aumentar en 2017 esta partida en 100 millones de euros.
Algo que advierten desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales puede volver a ocurrir con estos 46 millones de incremento ya que “no pueden gastar por las CCAA si estas no aportan a su vez otros 184 millones. Por cada millón que aporta la Administración General del Estado (AGE) actualmente obliga a gastar como mínimo 4 millones más a las CCAA”.
Por lo que añade “incorporar 46 millones de euros en la partida 231I de la Seguridad Social (transferencias a las comunidades autónomas para atención a la dependencia por el nivel mínimo garantizado) no supone absolutamente nada”.
Una medida que insisten desde esta Asociación es “papel mojado” por varias razones: primero, “porque no se asegura que dichos fondos se transfieran al nivel autonómico ya que para recibir un euro del Estado, las autonomías deben acreditar cuatro euros de gasto en personas atendidas (algo que hoy no pueden cumplir gracias al modelo de financiación).
Segundo, porque se trata de una partida ampliable que se suplementa automáticamente en la medida en que la gestión del sistema avance. De hecho en 2016 se suplementó con 37 millones de euros. Y en 2017 le sobraron en esta partida al gobierno 44 millones de euros.
Y en tercer lugar “porque el aumento del gasto de 46 millones, significa que teniendo en cuenta los 6.665 euros que cuesta la atención media de un dependiente, en el mejor de los casos se podrían atender a unos 6.900 de la lista de espera, lo que condena al 98% restante de la lista de espera a no recibir prestación o servicio de la ley de dependencia durante este año”.
Por todo ello califican la medida de “indignante y cruel”, suponiendo además “que las administraciones seguirán incumpliendo la Ley y violando derechos subjetivos. En lo que resta de año fallecerán más de 30.000 personas que tenían un derecho reconocido sin recibir servicios o prestaciones. Eso sí, bajará la “lista de espera”.
Esto supone añaden, el cumplimiento del abandono anunciado por el presidente del Gobierno de la Dependencia, “lo que no procede es engañar con pactos de subidas presupuestarias que, incluso siendo ínfimas dadas las necesidades del sistema, han sigo un auténtico engaño por parte de quienes suscribieron los mismos y se hicieron, eso sí, una buena foto”.
Para argumentar su acusación, la Asociación aporta los datos oficiales de inversión en Dependencia, que suponen desde la publicación del Real Decreto-Ley 20/2012, hasta diciembre del 2017, un recorte acumulado de 4.600 millones de euros.
El Presupuesto para dependencia de la AGE para 2010 fue de 1.582 millones para 479.888 atendidos de 737.958 con derecho (258.070 en lista de espera) a 1 de enero de 2010.
El Presupuesto para dependencia de la AGE para 2018 es de 1.401 millones para 954.831 atendidos de 1,264.951 con derecho (310.120 en lista de espera) a 1 de enero de 2018.
Del gasto público directo en dependencia en 2017, la Administración General del Estado soportó el 20 % y las comunidades autónomas el 80% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50%, el reparto de la carga debería ser similar para ambos niveles de la administración según las previsiones iniciales.
La supresión del Nivel Acordado y la minoración del Nivel Mínimo (13% inicial; ahora mayor para los Grado I) han supuesto un quebranto acumulado para las arcas autonómicas cercano a los 2.703 millones de euros. A esta cifra, habría que agregar el ahorro para el Estado de la supresión de las cotizaciones a la seguridad social de cuidadoras no profesionales de cinco ejercicios completos (2013 a 2017) equivalente a 1.900 millones de euros acumulados para el supuesto de que no se hubieran incorporado nuevos cotizantes.
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