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El SAAD carece de ritmo suficiente para incorporar en un plazo razonable las personas que están en espera

El SAAD carece de ritmo suficiente para incorporar en un plazo razonable las personas que están en espera
miércoles 21 de marzo de 2018, 11:19h

Según señala el Informe Anual 2017 del Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo Francisco Fernández Marugán entregó el pasado lunes a la presidenta del Congreso, Ana Pastor y al presidente del Senado el Informe Anual 2017.

En 2017, la Institución tramitó 25.776 expedientes, entre quejas (24.976), investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).

Además, dirigió a las Administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y 2 advertencias. En total se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32% con respecto al año anterior.

En 2017 los ciudadanos trasladaron al Defensor del Pueblo su preocupación por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en derechos sociales y prestacionales. Según ha explicado Fernández Marugán, el año pasado “vigilamos con atención, y seguiremos haciéndolo en 2018, el funcionamiento de los servicios públicos”.

En materia de Dependencia el Informe recoge considerable aumento de quejas que han provocado los recortes en el SAAD, y en las que manifestaban su disconformidad con la restricción de derechos y prestaciones.

Desde 2012 son temas recurrentes en las quejas: la demora en el reconocimiento de la situación de dependencia y en la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA); la falta de resolución expresa de los procedimientos; la reducción de la cuantía de las prestaciones y el incremento de las aportaciones de los beneficiarios al coste de los servicios; el endurecimiento de las valoraciones conforme al nuevo baremo, aprobado en 2011; el retraso en las revisiones de grados; las consecuencias del nuevo régimen de incompatibilidades entre prestaciones; la paralización de la efectividad de las resoluciones de PIA ante la falta de fondos para pagar las prestaciones o prestar los servicios reconocidos; y las significativas diferencias entre comunidades autónomas en cuanto al nivel de protección.

También son recurrentes las quejas sobre la modificación del calendario de aplicación progresiva de la Ley para las personas reconocidas en grado I dependencia y, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, la suspensión por un plazo máximo de hasta dos años en el derecho de acceso a las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales; el aplazamiento y fraccionamiento de los atrasos generados por estas y la supresión de efectos retroactivos.

Según pone de manifiesto el Informe, entre 2011 y 2015, el número de personas dependientes con prestación casi no aumentó, tendencia que se modifica en la segunda mitad 2015 y que se mantiene en 2016 “mostrando en la actualidad una evolución positiva”.

Descenso que se viene mostrando tambien en las lista de espera, a pesar de lo cual alcanza a 319.553 personas a 31 de octubre de 2017, lista que según el Defensor del Pueblo sigue siendo excesiva y lejos de solucionarse ya que según la Institución “la razón estriba en que el SAAD carece de ritmo suficiente para incorporar en un plazo razonable las personas que están en espera”.

“El reto de llegar a la plena atención y mantener únicamente la espera para las personas en proceso de valoración y PIA (que está limitado legalmente a 6 meses) parece imposible sin una mejora en la financiación del SAAD, algo que supondrá incrementar el gasto de forma notable”

Aunque, añade el Defensor del Pueblo “no debe olvidarse que la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, reconoce un derecho subjetivo a sus titulares. Las administraciones públicas están obligadas a consignar crédito suficiente en sus presupuestos para atender las obligaciones derivadas del texto legal. Es necesaria la mejora del sistema de financiación actual, manteniendo su naturaleza finalista, con el fin de garantizar la incorporación de las personas en espera, la recuperación y sostenibilidad del SAAD, y la equivalencia de los esfuerzos financieros de la Administración General del Estado (AGE) y de las comunidades autónomas”.

En cuanto al copago de la Dependencia, señala que “debería realizarse un análisis más riguroso de la magnitud de la aportación de las personas beneficiarias en la financiación del SAAD, ya que esta podría llegar a suponer el 100 % del coste de los servicios, si tienen capacidad económica para ello o suscriben un reconocimiento de deuda, y así lo regula la comunidad autónoma.

En cualquier caso, tal y como recoge el Informe de la Comisión para el análisis de la situación del sistema de la dependencia, el actual sistema de copago puede tener un impacto regresivo, ya que aquellas rentas más bajas estarían aportando una proporción mayor de su renta que aquellas que poseen rentas medias-altas, excepto en los tramos de renta inferiores que se encuentran exentos de copago. Este factor regresivo se incrementa sustancialmente cuando la capacidad económica se calcula incluyendo el patrimonio de la persona, llegándose, en los tramos de rentas más bajas, a calcular cuotas de copago que superan los ingresos líquidos de la persona, por lo que difícilmente pueden llegar a hacerse efectivo”.

Finalmente, concluye el Informe en materia de Dependencia, “debe aprobarse la reforma procesal para que los litigios referidos a las prestaciones del SAAD pasen a la jurisdicción social, tal y como prevé la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, cuya disposición final séptima otorgaba al gobierno un plazo de tres años para remitir a las Cortes Generales el correspondiente proyecto de ley”.

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