“Los datos sitúan a Catalunya en una de las últimas CCAA en atención a la dependencia”

La Asociación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (ASCAD) informa en su web de que la Ley de la Dependencia es una ley estatal de gestión descentralizada, BOE 15/12/2006, correspondiendo a los diferentes gobiernos de los territorios su aplicación. Esta situación hace que esté sometida a criterios politicos diferentes en cada uno de ellos.

Datos Catalunya acumulados al cuatrienio 2013 a junio-2017:

Hay un incremento de 141.820 dependientes en el conjunto de España.

En relación a Catalunya:

1.- Disminución de 4.360 dependientes atendidos.

2.- Incremento de 1.713 plazas de residencia.

3.- Disminución de 27.330 prestaciones a cuidador no profesional.

4.- Disminución de 1.425 plazas de PEV residencia.

Lista de espera en Catalunya:

28.743 dependientes de Gr. II y III

55.566 dependientes de Gr. I

Total: 84.299 dependientes en la lista de espera con prestación reconocida pero sin la prestación efectiva.

De todas las CC.AA solo Canarias (41,84%) tiene un porcentaje peor y más abultado que Catalunya (38,41%) en la lista de espera pendientes de recibir la prestación, estamos a un 12,20% de la media nacional (26,21%). La comunidad con mejor ratio de lista de espera es Castilla y León con un 1,36%. Sin comentarios.

Datos nacionales:

A 30 de junio de 2017 en España hay 1.217.355 personas en situación de dependencia reconocida de los cuales 898.243 están atendidas con prestación y 319.112 están en espera pendientes de prestación. (26,21%)

En cuanto al análisis de los datos nacionales nos remitimos al detallado análisis del observatorio de la AEDYGSS presentado recientemente, solo constatar que existe una notable desigualdad en la aplicación de la Ley por las diferentes CC.AA. En cuanto a la atención a dependientes con prestación reconocida hay una diferencia de 40.48% en la prestación de los derechos a las personas entre Canarias –la última- y Castilla y León –la primera-. Catalunya estamos situados en el puesto 18 sobre 19 en el grado de cobertura del Sistema de Autonomia y Atención a la Dependencia (SAAD). Penúltimos. También sin comentarios.

El “procés” de la dependencia en Catalunya:

A 31 de marzo de 2013 la situación de la dependencia (datos IMSERSO) era de:

- 166.139 dependientes con dependencia reconocida, de los cuales:

- 139.531 eran dependientes CON prestación.

- 26.608 personas Gr. II y III estaban PENDIENTES de la prestación. (lista de espera)

A 30 de junio de 2017 los grandes datos son:

- 219.480 personas en situación de dependencia reconocida, de los cuales:

- 135.171 están atendidos CON prestación.

- 28.743 personas Gr. II y III están PENDIENTES de la prestación, 2.135 más que hace 4 años, a los que hay que añadir los 55.566 de Gr. I. Total una lista de espera de 84.309 personas.

Proyección de la aplicación de la Ley a medio y largo plazo:

“La proyección a medio plazo es de colapso total del sistema”

Vista la evolución de estos años, veamos una proyección de la situación actual a 10, 20 y 30 años en paralelo a la demografía prevista según los datos sobre población del I.N.E. como ejemplo real para evaluar con sensatez sobre la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia contemplando el impacto del cambio demográfico:

Porcentaje de población mayor de 65 años:

En 2017 es un 18.2%

Para 2026 pasará al 22.7%.

En 2036 será el 28.6%

Y en 2046 alcanzará el 34.3%

Si el número plazas residenciales totales (públicas-públicas, concierto, colaboradoras, PEV, privadas-privadas) hoy en Catalunya está sobre 59.471, manteniendo las mismas necesidades y atenciones en este ámbito proporcionalmente necesitariamos:

En 2026, 72.580 plazas, o sea 13.109 más que hoy.

En 2036, 91.444 plazas, o sea 31.973 más que hoy.

Y en 2046, de 109.669, lo que significa 50.198 plazas más que hoy.

Es decir, que en el supuesto “10 años” (hasta el 2026) necesitariamos incrementar 13.109 plazas de residencia lo que da una media de crear 109 plazas cada més durante los siguientes 120 meses para un “crecimiento real 0” y mantener así la proporción asistencial actual.

Pero si ese “crecimiento 0” lo proyectamos al supuesto “20 años” –ésta proyección también condenaria a casi 53.000 personas dependientes de grado II y III a la lista de espera… y a un montón de muertos desatendidos en las cunetas-, se deberian crear 209 plazas residenciales cada mes durante los siguientes 240 meses. Un reto titánico.

Desde hace 4-5 años lo venimos anunciando, ya hemos subido el primer escalón de la generaciones baby-boom y esto se une a la mayor espectativa de longevidad. La tormenta demográfica perfecta empieza a afectarnos.

El envejecimiento de la población ya lo tenemos encima y empezamos a ver su efecto implacable en lo mas inmediato: las pensiones. Pero también nos trae un efecto colateral sobre la dependencia y su sostenibilidad,… que posiblemente sea devastador respecto a la asistencia que hasta hoy hemos conocido.

Según un muestreo en el que hemos colaborado, al ingreso en una residencia en estos últimos tres años el índice inicial de espectativas de vida se situa sobre 14 meses, o sea el nivel de deterioro vital es desbordante y hace cuestionarnos sin espera, sin romances y sin brindis al sol el modelo de centros y de profesionales que tenemos… y el que necesitaremos según la evolución y necesidad asistencial. Este dato de relieve debiera manejarse ya es demoledor del concepto del sistema aplicado.

Cuestiones duras como la eutanasia, las últimas voluntades o por ejemplo las muchas veces interesadamente manipuladas “contenciones” nos plantean nuevos escenarios éticos que necesitamos resolver en este ámbito especialmente. Cuestiones del cada día como es que ante la pérdida del tono muscular propio de esta última etapa de la vida es más o menos ético un encamamiento permanente o bien la adopción de ayudas terapeúticas para mantenimiento postural del tronco en sedestación son cuestiones que alejadas de buenismos necesitamos que queden muy claras,… ahí lo dejo para pensar. La asistencia paliativa en residencias, los espacios habitacionales o los espacios comunes, las ubicaciones de los propios centros, sus dimensiones,… todo esto necesita URGENTEMENTE una revisión y elásticidad si queremos tener la cintura necesaria ante el reto asistencial o seguiremos perdiendo el tiempo en secundarismos tan propios de miopias politicas quizá interesadas a cortísimo plazo para apuntarse a modismos de pócimas milagrosas.

Las nuevas condiciones materiales de los centros en Catalunya acaba de nacer, Decret 205/2015 del 15 de septiembre, y tal y como apuntamos en nuestra comparecencia ante la Comisión del Parlament al efecto, YA es es un corsé traumático para las necesidades reales. La normativa sobre ratios y perfiles o el rol y el régimen de inspección con una regulación del reglamento de infracciones y sanciones tan compleja, antigüa y ambigua puede ser también un gran problema para los profesionales del sector que inevitablemente repercutira aún más asistencialmente.

Gráficos evolución de los datos:

“A pesar de una ligera recuperación aún no se han revertido los durísimos recortes a la dependencia entre 2014 a 2016”

Por los datos parece existir una cierta tendencia de recuperación visible en los gráficos en estos últimos meses pero aún no se han revertido los durisimos recortes a la dependencia entre 2014 a 2016.

Esperemos que esa tendencia continue con decidido impulso porque como vemos, nuestra situación y especialmente el escenario de futuro es desolador. Repetimos que no es solo un tema económico, que lo es, también y especialmente és de planificación y prioridades reales hacia las personas a atender.

En cuanto a la generación de empleo si se atendiera nuestra lista de espera hoy la atención profesionalizada a los 28.743 dependientes de grados II y III que tenemos malviviendo fuera del sistema podría crear alrededor de 14.000 empleos directos a los que habría que añadir el impacto económico indirecto y laboral en proveedores, profesionales externos, etc, etc,… Apuntamos y recordamos una vez más que para las arcas del estado por cada M. de €. invertido, la obtención de retornos se estima en un 38-39% siendo una de las tasas más altas de los diferentes sectores económicos y que además podrían crearse sobre 30 puestos de trabajo.

Sigue en Catalunya el escándaloso Limbo estadístico con 16.208 dependientes “perdidos” entre las estadísticas autonomica y nacional. Si los traspasos mensuales de los recursos económicos desde la tesorería nacional para el nivel mínimo se efectúan en base a la estadística del IMSERSO y ésta se nutre de los traspasos de datos mensuales de TBSiF, no acertamos a comprender como es posible que se dejen de percibir esos importes.

Volvemos a repetirnos las preguntas: ¿hay algún motivo oculto detrás del limbo y que desconocemos?, ¿son expedientes fantasmas?, ¿es maquillaje de las estadísticas?, ¿es un simple descuadre administrativo por atraso crónico en el traspaso de datos?, ¿alguien nos miente?, ¿quién?.

Respecto a la financiación de la Ley desde la supresión del nivel acordado y la pretendida compensación (RD 20/2012) a través del incremeto -no finalista- para “asuntos sociales” mediante la LOFCA, se ha perdido la transparencia necesaria e imprescindible para el seguimiento del itinerario de los recursos económicos que aporta el gobierno central así como se permiten “trampas interesadas” precisamente por lo opaco de esta financiación.

Actualmente bajo el punto de vista formal y de estricta técnica presupuestaria el gasto público no cumple las proporciones previstas de entrada en la Ley, por lo que sería necesario recuperar el suprimido “Nivel Acordado” e introducirlo por la via de la financiación del “Nivel Mínimo”. Esto debería resolverlo YA el pacto “PP&C´s”… o unos y otros nos decepcionaran. No obstante con el mismo modelo de financiación para todas las CC.AA hay una gran disparidad en la aplicación de la Ley y en el caso especifico de Catalunya una alarmante dejación durante este cuatrienio.

Hay también un largo y necesario recorrido de mejora en cuanto a la relación coste-eficiencia especialmente en las plazas públicas-públicas, mientras que el esfuerzo económico de los centros concertados y colaboradores es asfixiante con tarifas y salarios congelados desde hace varios años.

Seguiremos reclamando participación, información, transparencia, seguridad jurídica, lealtad con la ciudadanía, una dependencia vivible, viable y equitativa… y no crear espacios asistenciales “top ten” para unos cuantos mientras por delante de nosotros asistimos a un verdadero gerontocidio social encubierto en desatenciones. El principio de equidad de la acción politica de una ley general para la atención de la dependencia debe impedir esta barbaridad.