"Si hay un sector en el cual el empleo crecerá mucho es el relacionado con los cuidados personales"

Una de las consecuencias más inmediatas de la mayor longevidad de la población es la creciente demanda de servicios de cuidados de larga duración a los que pierden la autonomía física, mental o sensorial. Por este motivo, cobran especial relevancia los cuidadores domésticos y las residencias.

Sobre esto último, la oferta de plazas es muy variada (públicas, privadas y concertadas; en centros grandes y pequeños; en núcleos urbanos y en poblaciones rurales), pero un elemento preocupante es, según explica Elisa Chuliá, profesora de Sociología de la UNED e investigadora de Funcas, que existan "diferencias interterritoriales importantes, de manera que las familias españolas que confían el cuidado de sus mayores a una residencia afrontan a menudo situaciones muy diferentes en función de dónde vivan".

NGD habla con Elisa Chuliá de la realidad del sector residencial en nuestro país:

¿Cuál es el perfil actualmente de un usuario de residencia geriátrica? ¿Ha cambiado mucho con respecto a otros años?

Los datos más precisos de que disponemos provienen del Censo de Población y Viviendas de 2011 (es decir, de hace seis años). Según esta fuente, el perfil dominante es el de una mujer mayor de 79 años. De hecho, el 55% del total de quienes viven en residencias son mujeres en ese tramo de edad, la mayor parte de ellas, viudas.

No creo que en los últimos años haya cambiado significativamente este perfil, pero es indudable que este grupo está creciendo de tamaño; cada vez son más las personas que llegan a edades avanzadas y las mujeres, de momento, mantienen una ventaja en esperanza de vida respecto a los hombres.

Habla usted de la desigual oferta territorial en residencias, ¿qué repercusiones tiene esto entre los usuarios?

Las familias que precisan los servicios de estas residencias tienen distintas oportunidades de acceso a ellos en función de la provincia y la Comunidad Autónoma en la que residan. Lamentablemente, hoy día no está garantizada la igualdad de acceso de todos los ciudadanos españoles a estos servicios, de los que en muchos casos depende el bienestar de los mayores y sus familias.

Las diferencias interterritoriales no solo afectan al número de plazas por habitante, sino también a su distribución según titularidad (públicas, privadas concertadas y privadas no concertadas). Evidentemente, las posibilidades de acceso son mayores cuando hay una oferta amplia de plazas públicas o concertadas con entidades privadas, en las que los usuarios pagan precios públicos o tasados, o perciben ayudas para financiar los servicios.

¿Por qué cree usted que las residencias deberían ser elementos esenciales de la cohesión social y entre los diferentes territorios del estado?

Las residencias proveen unos servicios fundamentales que a menudo no pueden ofrecer las familias (ni siquiera deseándolo) por falta de capacidad. Una sociedad cohesionada tiene que hacerse cargo del cuidado de los miembros que no pueden valerse por sí mismos; desde luego, del de aquellos que tienen una vida por delante (es decir, los niños), pero también del de aquellos que se encuentran en otras fases de sus vidas, y, en particular, al final de ellas.

Entre territorios de una misma comunidad política –en nuestro caso, la nación española– no deberían existir diferencias importantes en la oferta de servicios fundamentales para la provisión del bienestar, más allá de las justificadas por las características de la demanda local; de otro modo se genera una discriminación ilegítima.

Como hay diferentes normativas y modelos de atención. Entre los existentes, ¿hay alguno que pudiera servir de modelo a los demás?

No me atrevería a elegir un modelo ni una normativa. De hecho, no se trata tanto de diseñar modelos o esquemas ideales, cuanto de tener claros determinados criterios fundamentales y principios de actuación, y de encontrar las fórmulas organizativas más adecuadas para hacerlos realidad.

Lo verdaderamente importante en la atención a los mayores es su bienestar; este solo se puede alcanzar mediante cuidados eficaces, lo que, a mi juicio, también incluye un trato amable, respetuoso y considerado con los usuarios y sus familiares. Naturalmente no se pueden descuidar la racionalidad económica y la eficiencia, pero anteponer estos criterios al buen trato material y humano sería un grave error, además de una injusticia hacia quienes han contribuido a construir la sociedad que hoy somos.

¿Cree que deberíamos caminar hacia una normativa común de requisitos arquitectónicos y de personal que permitiese una cierta armonización o la disparidad de normativas es correcta porque se adapta a las diferentes realidades?

Las normativas que imponen requisitos de obligado cumplimiento son cruciales cuando de lo que se trata es de asegurar objetivos o fines definidos socialmente como deseables, pero a menudo traen consigo muchas complicaciones difíciles de prever, y a veces innecesarias, cuando establecen medios únicos o procedimientos exclusivos para alcanzar esos objetivos o fines.

Soy más partidaria de conceder márgenes de actuación a los proveedores de los servicios, pero controlando periódicamente y con rigor el cumplimiento de los objetivos y fines establecidos.

¿Qué cree que debería hacer el Ministerio correspondiente para equilibrar esta desigualdad en cuanto a la oferta territorial en las residencias de España?

En primer lugar, habría que estudiar en profundidad el alcance y las características de esa desigualdad, poniéndola en relación con los rasgos de la población residente en las provincias, ya que obviamente la composición demográfica de las poblaciones puede ser muy distinta (por ejemplo, una provincia en la que los porcentajes de población mayor de 80 años sean más altos o en la que las distancias entre los hogares de los diferentes miembros de la familia sean mayores, precisará, en principio, más plazas residenciales).

Una vez completado ese estudio y estimada con la mayor precisión posible la demanda insatisfecha, se deberían estudiar las fórmulas más eficaces y eficientes para satisfacer esta última.

¿Son los cuidadores profesionales domésticos y los profesionales para las residencias para mayores profesiones con futuro?

Creo que el mundo del trabajo va a cambiar extraordinariamente en las próximas décadas, en gran medida como consecuencia de los avances en la automatización y la inteligencia artificial, pero también de las nuevas formas de organización empresarial y, en general, económica. Muchos de los empleos actuales desaparecerán o verán reducida su importancia en el mercado de trabajo.

Desde luego, se crearán otros nuevos; pero si hay un sector en el cual el empleo crecerá probablemente mucho es el relacionado con los cuidados personales. En la sociedad del futuro debería haber (y creo que habrá) más tiempo para cuidar a quienes precisen ser cuidados por falta de autonomía, y también a nosotros mismos (entendiendo por cuidado no solo la cobertura de necesidades físicas básicas, sino también el disfrute de actividades y actos sociales y culturales).

¿Cómo ve el sector de las residencias dentro de diez años? ¿Estamos preparados para afrontar el envejecimiento progresivo de la población?

Es, a mi juicio, un sector en expansión. Pero para que esa expansión suponga un verdadero beneficio social, las residencias han de seguir cuidando la calidad de los servicios que prestan y demostrando que las familias pueden confiar plenamente en ellas como complemento valioso a la hora de asegurar el bienestar a los mayores que ya no se valen por sí mismos.

Y no deberíamos olvidar que ese bienestar de los mayores en situación de dependencia no es solo una responsabilidad de las familias, sino de cualquier sociedad justa y digna; en definitiva, de una sociedad en la que merece la pena vivir.