El anuncio del Gobierno de una importante ampliación de la financiación del sistema de Dependencia abre un nuevo escenario para un sector que reclama que los recursos anunciados se traduzcan en financiación efectiva y estable. En este contexto, Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), analiza las prioridades de la patronal ante los retos de sostenibilidad del sistema y la negociación del próximo convenio colectivo.
Mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales aparece como uno de los grandes desafíos, pero también plantea una cuestión esencial: cómo asumir el incremento de costes en un sector cuyos ingresos dependen en buena medida de las administraciones públicas. Fernández-Cid lo resume así: "Cada avance laboral debe ir acompañado de un compromiso equivalente de las administraciones para financiarlo", porque "no podemos negociar como si la financiación del sector fuera ilimitada".
A continuación, el presidente de la FED aborda qué espera la patronal del Gobierno, cómo debería articularse la financiación del sistema y cuáles son los principales puntos de encuentro y desencuentro con los sindicatos ante la negociación colectiva. Fernández-Cid también analiza los problemas de falta de profesionales, absentismo y sostenibilidad de los servicios, así como las decisiones que considera necesario abordar para afrontar los próximos años.
- El Gobierno ha anunciado un incremento importante de la financiación de la Dependencia, pero la FED dice que todavía tiene que materializarse. ¿Qué tiene que ocurrir exactamente para que ese anuncio se convierta en recursos efectivos para el sistema?
Lo primero que hay que decir es que valoramos positivamente el incremento anunciado, porque responde a una reivindicación histórica del sector. Pero hay una diferencia importante entre anunciar recursos y que esos recursos estén realmente disponibles para financiar los servicios.
Todavía tiene que culminar la tramitación parlamentaria y, posteriormente, esa financiación debe materializarse de forma efectiva en el sistema. Para nosotros lo importante no es únicamente la cifra anunciada, sino saber cuándo llega el dinero, cómo se articula y tener la certeza de que termina llegando a los servicios que atienden cada día a las personas dependientes.
La Dependencia funciona los 365 días del año y las empresas y entidades necesitamos estabilidad para poder planificar. No podemos trabajar permanentemente pendientes de anuncios o de negociaciones presupuestarias. Y hay otra cuestión fundamental: el incremento de la aportación del Estado debe ser realmente adicional y no servir para que las comunidades autónomas reduzcan su propio esfuerzo financiero.
- La FED sostiene que la Dependencia no puede depender cada año de la disponibilidad presupuestaria. ¿Qué modelo de financiación estable propone la FED para garantizar un derecho que la ley reconoce como universal?
Lo que planteamos es abrir de verdad ese debate. Tenemos una ley que reconoce la Dependencia como un derecho subjetivo y universal, pero después su financiación sigue estando excesivamente condicionada por la coyuntura presupuestaria de cada ejercicio. Esa contradicción hay que resolverla.
Un derecho universal necesita una financiación suficiente, estable y previsible, que permita planificar no solamente el próximo año, sino los próximos diez o veinte años. Y eso requiere estudiar mecanismos que den mucha más estabilidad al sistema.
Desde FED creemos que no debemos cerrar ninguna vía de análisis: fórmulas vinculadas a cotizaciones o a la Seguridad Social, impuestos, Presupuestos Generales del Estado, sistemas complementarios de aseguramiento, nuevas fórmulas de financiación siempre con una mayor colaboración público-privada.
Todo ello manteniendo siempre una premisa: la responsabilidad pública y el carácter universal del derecho no pueden ponerse en cuestión.
- La FED entiende que subir los salarios no resolverá por sí solo la falta de profesionales. ¿Por qué no basta con mejorar las retribuciones y qué otras medidas debería incluir una estrategia nacional para afrontar la falta de cuidadores?
Mejorar los salarios y las condiciones laborales es necesario y desde FED estamos de acuerdo en seguir avanzando en esa dirección. Pero pensar que únicamente subiendo los salarios vamos a solucionar la falta de profesionales sería simplificar enormemente el problema.
Tenemos ejemplos de territorios donde las condiciones económicas son sensiblemente mejores que las del convenio estatal y, sin embargo, siguen existiendo problemas para encontrar trabajadores y con unos niveles elevados de absentismo. Por tanto, estamos ante un problema mucho más profundo.
España necesita una estrategia nacional de profesionales para los cuidados. Tenemos que trabajar sobre la formación, la acreditación de competencias, el reconocimiento social de estas profesiones, la organización del trabajo, el absentismo, la incorporación de nuevos perfiles profesionales, la inmigración ordenada y cualificada y, sobre todo, nuestra capacidad para atraer y retener trabajadores.
Y hay además un problema demográfico que no podemos ignorar: cada vez tendremos más personas que necesiten cuidados y, proporcionalmente, menos población en edad de trabajar. Si no empezamos a planificar ahora quién va a cuidar a nuestros mayores dentro de diez o veinte años, llegaremos tarde.
- La FED defiende mejorar las condiciones laborales, pero plantea una pregunta incómoda: ¿quién va a pagar esas mejoras? ¿Qué debería ocurrir con las tarifas de las plazas concertadas y los contratos públicos para que ese incremento de costes sea asumible por los centros?
La pregunta es imprescindible, porque no podemos acordar incrementos de costes y después olvidarnos de cómo se financian.
Una parte muy importante de los ingresos del sector está directa o indirectamente condicionada por las administraciones públicas. Por tanto, si aumentamos de manera relevante los costes laborales, las tarifas de las plazas concertadas y los contratos públicos tienen que actualizarse proporcionalmente.
No podemos exigir a los operadores que mejoren las condiciones laborales y después mantener unas tarifas públicas que no reflejan el coste real del servicio y ni tan siquiera se actualizan los precios durante la vigencia del concierto. Eso termina poniendo en riesgo la sostenibilidad de las empresas y, en último término, del propio sistema.
Por eso defendemos algo bastante sencillo: cada avance laboral debe ir acompañado de un compromiso equivalente de las administraciones para financiarlo. Si se aprueba el coste, tiene que explicarse también quién y cómo lo paga.
- Aproximadamente la mitad de las plazas residenciales son privadas. Si aumentan los costes laborales pero no existen mecanismos de financiación adicionales, ¿existe el riesgo de que esas mejoras terminen repercutiendo en el precio que pagan las familias?
Sí, ese riesgo existe y creemos que hay que hablar de ello con claridad. Aproximadamente la mitad de las plazas residenciales son privadas y, en esas plazas, si los costes aumentan significativamente y no existe ningún mecanismo alternativo de financiación, solamente hay dos posibilidades: que se deteriore la viabilidad económica de los centros o que una parte de esos costes termine repercutiendo en el precio que pagan las familias.
Y eso nos preocupa especialmente. Tenemos que ser capaces de conseguir dos cosas a la vez: seguir dignificando el trabajo de los profesionales y garantizar que una familia pueda continuar pagando los cuidados que necesita.
No tendría sentido solucionar un problema generando otro. No podemos mejorar las condiciones de los trabajadores a costa de hacer económicamente inaccesible una plaza residencial para una parte creciente de las familias. Por eso creemos que las plazas privadas también deben formar parte del debate sobre la sostenibilidad futura del sistema.
- ¿Cuál es el gran reto que España debería resolver ahora para que dentro de diez años el sistema de dependencia siga siendo sostenible, y qué decisiones habría que empezar a tomar ya?
El gran reto es anticiparnos al cambio demográfico. España va a tener más personas mayores, más personas en situación de dependencia y una demanda de cuidados profesionales muchísimo mayor. Y, al mismo tiempo, tendremos proporcionalmente menos población en edad de trabajar.
Por eso tenemos que dejar de discutir únicamente cuánto dinero ponemos en Dependencia el próximo año y empezar a preguntarnos qué sistema de cuidados queremos y cómo vamos a financiarlo durante las próximas décadas.
Eso obliga a tomar decisiones ya: establecer un modelo estable de financiación, planificar los servicios que se van a demandar, estimar cuántos profesionales vamos a necesitar y cómo vamos a formarlos y atraerlos, garantizar la sostenibilidad económica de los servicios, reducir las enormes diferencias territoriales y agilizar el acceso a las prestaciones.
Actualmente estamos tardando de media 331 días en resolver un expediente de dependencia. Ese dato demuestra que no basta con reconocer un derecho por ley: tenemos que ser capaces de hacerlo efectivo cuando la persona lo necesita.
Creo que España necesita terminar la revisión integral del modelo de Dependencia. Después de dos décadas sabemos mucho mejor qué funciona, qué problemas tenemos y, sobre todo, qué desafíos vienen. No podemos esperar a tener millones de personas necesitando cuidados para preguntarnos entonces dónde están los profesionales, las plazas o los recursos. Esa planificación tiene que empezar ahora.
- ¿En qué cree la FED que coincide con los sindicatos y qué será más difícil de negociar?
Creo que hay más puntos de encuentro de los que a veces parece. Tanto sindicatos como patronales compartimos que hay que mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales, dignificar y hacer más atractivo el sector y conseguir que podamos atraer y retener a más trabajadores. También compartimos la importancia de mantener un marco estatal que de estabilidad y unas condiciones mínimas comunes al sector. De hecho, FED siempre ha defendido una actitud constructiva y de diálogo en la negociación colectiva.
La dificultad aparece cuando hablamos de hasta dónde podemos llegar y, sobre todo, cómo se financian esas mejoras. Nuestro sector tiene una particularidad: una parte fundamental de sus ingresos depende de tarifas y precios fijados por las administraciones públicas. Por eso, cualquier incremento significativo de salarios, reducción de jornada u otra mejora que aumente los costes debe ir acompañado de una actualización equivalente en los precios de las plazas concertadas y de los contratos públicos y al mismo tiempo hacerlo viable para el bolsillo de las familias en cuanto a las plazas privadas al 100%. No podemos negociar como si la financiación del sector fuera ilimitada o como si las empresas pudieran fijar libremente sus ingresos.
Probablemente ahí estará la negociación más compleja: compatibilizar unas mejoras laborales que consideramos necesarias con la sostenibilidad económica de los servicios. Y también habrá que abordar cuestiones como la jornada, el absentismo o la organización del trabajo, porque en un sector que ya tiene un déficit muy importante de profesionales cualquier decisión que reduzca todavía más la disponibilidad efectiva de trabajadores tiene consecuencias sobre la atención.
En definitiva, creo que podemos coincidir perfectamente en el objetivo. La discusión estará en cómo llegar hasta él y quién asume su coste. Nuestro planteamiento es que mejorar las condiciones de los profesionales y garantizar la sostenibilidad de los centros no pueden ser objetivos enfrentados: tenemos que conseguir ambas cosas.