La televisión pública finlandesa YLE ha publicado un revelador reportaje sobre la realidad de los cuidados en España, poniendo el foco en las dramáticas diferencias entre ambos países. La historia de Norma, una boliviana que cuida ancianos en Barcelona, expone las grietas de un sistema que se sostiene sobre la explotación y la invisibilidad.
Cuando la televisión pública finlandesa decide hacer un reportaje sobre el sistema de cuidados español, algo debería hacernos reflexionar. El contraste es demoledor: mientras Finlandia invierte casi un 4% de su PIB en el cuidado de larga duración de personas mayores, España apenas alcanza el 1%. Esta diferencia no es solo una cifra; es el reflejo de dos modelos de sociedad radicalmente opuestos.
El reportaje de YLE cuenta la historia de Norma, una mujer boliviana que llegó a España hace tres años dejando atrás a sus dos hijos pequeños. Su experiencia es la de miles de personas que sostienen un sistema sanitario y de cuidados que, sin ellas, colapsaría por completo.
España enfrenta una realidad demográfica innegable: uno de cada cinco españoles tiene más de 60 años, convirtiéndose en uno de los países que más rápido envejece en Europa. Según datos de la Fundación Mapfre citados en el reportaje, más de un tercio de los trabajadores del sector del cuidado son de origen extranjero. En Cataluña, la situación es aún más precaria: aproximadamente una tercera parte de los cuidadores y trabajadores domésticos operan sin contrato ni seguridad social.
"No tenía experiencia previa cuidando ancianos. Pero era el trabajo más fácil de conseguir", confiesa Norma desde Barcelona. Esta frase encierra una terrible paradoja: cuidar personas con demencia o dependencia severa es catalogado como "el trabajo más fácil de conseguir" no porque sea sencillo, sino porque el sistema lo ha relegado a los márgenes de la economía formal.
La experiencia de Norma revela la cara más oscura de este sistema. Viviendo en casa de sus empleadores, trabajando sin horarios definidos, fue acusada falsamente de robo por una persona con demencia a la que cuidaba. El agotamiento la llevó a desmayarse por anemia, terminando en el hospital y, como consecuencia, perdiendo su empleo.
Este no es un caso aislado. Es el resultado predecible de un sistema que no invierte en formación, que no regula las condiciones laborales y que permite que personas sin experiencia ni preparación específica atiendan a los miembros más vulnerables de la sociedad. Cuidar a personas con demencia requiere conocimientos especializados sobre comunicación, manejo de crisis y técnicas específicas. Cuando alguien con deterioro cognitivo hace acusaciones falsas (algo extremadamente común en estos casos) se necesita formación profesional para gestionarlo adecuadamente.
El contraste con Finlandia es revelador. Allí, la mayoría de los trabajadores extranjeros del sector tienen contratos formales y protección laboral. No es casualidad que países como Finlandia, Alemania o Reino Unido estén ganando la competencia por atraer a los cuidadores más cualificados. Simplemente ofrecen lo que España niega sistemáticamente: dignidad laboral, formación continua y reconocimiento social.
Mientras el gobierno español anuncia planes para legalizar a medio millón de migrantes indocumentados y promete un nuevo "modelo comunitario de cuidados" para 2024-2030, la realidad sobre el terreno sigue siendo devastadora. Las listas de espera para acceder a una plaza pública pueden alcanzar un año, aunque la ley establece un máximo de seis meses.
Lo que el reportaje finlandés expone no es solo un problema laboral o migratorio. Es un círculo vicioso donde todos pierden:
El caso es especialmente sangrante cuando consideramos el contexto de xenofobia creciente. Los mismos discursos que criminalizan la inmigración conviven con la dependencia absoluta del sistema de cuidados hacia estos trabajadores. Es una hipocresía estructural que condena a miles de personas a la invisibilidad y la explotación.
Norma ahora limpia casas, ganando 50 euros por tres horas de trabajo, sin contrato. También trabaja como costurera (su oficio original en Bolivia) y continúa enviando dinero a sus hijos. "A veces sueño con traerlos aquí, pero luego pienso que es mejor así. No quiero que sufran el mismo trato que yo", confiesa.
Esta frase debería ser una llamada de atención para toda la sociedad española. Cuando alguien que ha sacrificado tanto prefiere mantener a sus hijos lejos antes que exponerlos al trato que recibe en España, algo está profundamente roto en el sistema.
El reportaje de YLE no es solo una crítica externa. Es un espejo que muestra lo que España se niega a ver: un modelo de cuidados insostenible, construido sobre la explotación de los más vulnerables, que no solo es injusto sino también ineficiente.
La inversión en el sector del cuidado no es un gasto, es una necesidad urgente. Profesionalizar el sector, ofrecer formación específica, garantizar condiciones laborales dignas y crear vías legales y estables para los trabajadores migrantes no es solo una cuestión de justicia social. Es la única manera de construir un sistema de cuidados que esté a la altura del envejecimiento demográfico que ya está aquí.
Mientras España siga tratando el cuidado de sus mayores como un "problema" que resolver al menor coste posible, seguiremos teniendo historias como la de Norma. Y seguiremos siendo noticia en los medios internacionales, pero no por las razones que nos gustaría.
La pregunta no es si podemos permitirnos invertir en un sistema de cuidados digno. La pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo.
[Este artículo está basado en el reportaje publicado por YLE, la televisión pública finlandesa, sobre la situación de los trabajadores migrantes en el sector del cuidado en España.] https://yle.fi/a/74-20191285
Juan Pablo Correa esantropólogo con máster en gestión de empresas de comunicación. Asesor de la estrategia digital de Inforesidencias.
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