Recuerdo una frase que me dijo una vez un director de residencia: “Aquí lo urgente nunca deja tiempo para lo importante”. Entonces hablábamos del día a día en un centro con dificultad para cubrir vacantes de personal. Hoy, al leer el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, he vuelto a pensar en esa frase. Porque en España, lo urgente debería ser atender a quienes más lo necesitan. Y sin embargo, lo importante parece haberse quedado atrapado entre trámites, informes y presupuestos congelados.
Los datos oficiales a 30 de junio de 2025 son, sencillamente, demoledores: 286.861 personas están en lista de espera. O sea, están esperando que se les valore, que se les reconozca lo que ya les debería corresponder por derecho, o que se les proporcione el servicio que se les ha concedido. Algunas han fallecido en la espera. Muchas más lo harán. Desde 2008, casi 900.000 personas han muerto en el limbo de la dependencia sin llegar a recibir la atención a la que tenían derecho.
Y aún así, el Ministerio insiste en su relato triunfalista. Más personas atendidas. Más prestaciones. Más cobertura. Sí, claro. También más teleasistencia y cuidados en el entorno familiar, prestaciones de bajo coste, mientras descienden en proporción las plazas residenciales y los centros de día. A eso le llaman crecimiento. Yo, sinceramente, lo llamaría otra cosa.
Un sistema que se ralentiza… otra vez
Este año, 2025, está mostrando señales claras de retroceso. La lista de espera ha crecido en 16.536 personas en apenas seis meses. El tiempo medio de espera ya alcanza los 342 días. El plazo legal, por si alguien lo ha olvidado, es de 180.
Y sí, se sigue atendiendo a más personas, 44.532 más que al acabar 2024, pero el crecimiento va a un ritmo menor que en años anteriores. Todo ello sin el oxígeno que supuso el Plan de Choque de 2021-2023, paralizado en 2024 y ausente de los presupuestos de este año. En vez de reforzar el sistema, el Estado ha limitado su incremento de gasto a lo estrictamente obligatorio. No ha habido un euro extra por voluntad política. Solo una respuesta automática al aumento de personas atendidas.
Y eso, cuando el Estado sigue aportando apenas el 28,6% del gasto total en dependencia. Muy lejos de ese 50% que debería haber sido el punto de partida.
Cifras, comunidades y realidades desiguales
Canarias, Cataluña y Andalucía lideran el “limbo de la dependencia”. Allí, miles de personas han sido reconocidas como dependientes, pero siguen esperando que se materialice lo que les prometieron. Y mientras tanto, Aragón, Navarra o Cantabria, sin alardes, consiguen mantener niveles mucho más bajos de desatención. ¿Por qué no se analizan estas diferencias para corregir lo que no funciona?
En cuanto al tiempo de espera, Andalucía supera los 570 días, Murcia los 560 y Canarias los 520. ¿Cómo se justifica eso después de casi dos décadas de ley de dependencia? ¿Cuánto más hay que esperar para que lo excepcional deje de ser la norma?
La trampa burocrática
Lo decía el informe y lo repito yo: demasiadas administraciones han convertido el proceso en una trampa. Dos procedimientos administrativos encadenados, formularios, informes, valoraciones, propuestas, audiencias, resoluciones, revisiones, cálculos, copagos, más resoluciones… Y, al final, la vida sigue. Pero a menudo, sin que siga vivo el dependiente.
No es solo una cuestión de medios. Es una cuestión de modelo. Según el informe, País Vasco, Madrid o Castilla y León han simplificado el proceso. ¿Por qué no lo han hecho las demás?
Morir esperando
Cada vez que digo esta frase en una conferencia o en una entrevista, alguien me mira como si exagerara. Pero los datos están ahí según los recoge la Asociación de Directoras: cerca de 900.000 personas han muerto sin recibir la ayuda a que tenían detecho. Algunas llevaban meses esperando. Otras, años. Algunas murieron cuando ya se les había aprobado una prestación. Solo faltaba que llegara. Pero no llegó.
¿Queremos de verdad arreglar esto?
Si la financiación estatal no aumenta, si la burocracia no se simplifica, si el relato político sigue más centrado en decir que se hace que en hacer… entonces sí, seguiremos aumentando beneficiarios, porque el país envejece. Pero lo haremos en modo “low cost”. Con personas que se sienten una carga. Con familias agotadas. Y con profesionales mal pagados.
Me siento un privilegiado al haber podido visitar bastante más de mil residencias entre mis años de inspector, los que he pasado promocionando Inforesidencias y las visitadas en los viajes geroasistenciales por Japón, Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos o Alemania. He visto modelos distintos. Algunos mejores, otros no tanto. Pero lo que marca la diferencia es que exista o no una mentalidad clara: la atención a mayores dependientes es un sector estratégico que genera riqueza y debe ser cuidado presupuestariamente.
La forma de comprobar si existe o no esa mentalidad clara es ver qué proporción del PIB gasta un país en atención a la dependencia.
Los números son importantes, pero elijamos cuáles lo son más. Dejemos a un lado el total de personas atendidas y centrémonos en el presupuesto y en una cifra especialmente dolorosa: las 286.861 que siguen esperando.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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