Este verano he recibido una llamada de Astrid Lindstrom, una destacada trabajadora social con la que hemos organizado más de quince viajes a Suecia, Noruega o Dinamarca durante los últimos años. Astrid es una gran conocedora y defensora del modelo escandinavo de atención a personas mayores, sobre todo del “modelo original”, aquel apoyado fuertemente en la iniciativa y prestación pública.
Astrid ha seguido durante años la entrada de prestadores privados en el campo de la atención y, sobre todo la de empresas dependientes de fondos y otras herramientas de inversión. Durante años me ha hablado de lo que eran sus percepciones y ahora, me ha enviado un artículo científico: Provider Ownership and Service Quality: Evidence from Swedish Residential Care Homes (Tipo de Propiedad del proveedor y calidad del servicio: evidencia de residencias de personas mayores en Suecia), de Broms, Dahlström y Nistotskaya (septiembre de 2021).
Este trabajo analiza los modelos de gestión privada en residencias de personas mayores en Suecia y concluye que no todos los operadores privados son iguales. Lo hace comparando durante siete años la calidad de las residencias dividiéndolas según el tipo de entidad que las gestiona.
El estudio no se conforma con la clásica división “público” contra “privado”. Se centra en “lo privado” distinguiendo cuatro modelos: las entidades sin ánimo de lucro, las sociedades limitadas (empresas privadas de tamaño pequeño o mediano, muchas veces con un dueño local), las empresas cotizadas y las que son propiedad de fondos de capital riesgo.
Mide su desempeño con indicadores concretos: ratios de personal, cualificación, satisfacción de residentes, e incluso algo tan prosaico como si el plan de atención está actualizado. También resulta interesante ver cómo el estudio entra en valorar los cambios que se producen en la calidad de una residencia cuando cambia la tipología del titular.
¿El resultado? Las entidades sin ánimo de lucro encabezan la clasificación en casi todo. Les siguen, a poca distancia, las sociedades limitadas. En la parte baja se sitúan las empresas cotizadas y las controladas por fondos de inversión, sobre todo cuando se trata de ratios de personal y formación. Eso sí, en la variable “tener el plan actualizado” ganan las grandes empresas.
Me gustaría que en España hiciéramos algo parecido. Y no solo entre modelos privados, sino incorporando la prestación pública directa para ver dónde encaja en ese mapa. Sería un buen antídoto contra el debate simplista en el que nos movemos, que reduce todo a público o privado, como si dentro de cada categoría no hubiera mundos distintos.
Un breve paréntesis: en el último trimestre de 2025 desde Inforesidencias.com vamos a viajar a Londres y al País Vasco para visitar más residencias, viviendas para mayores y otros tipos de servicios.
Mi posición es conocida: creo que los poderes públicos deben garantizar que toda persona con derecho a la dependencia reciba la atención que necesita. Pero eso no significa que tengan que prestarla directamente. Defiendo que la ejecución sea privada, con una condición irrenunciable: el usuario debe poder elegir y participar en el coste en la medida de su capacidad económica. Y, sobre todo, que haya reglas claras que se mantengan en el largo plazo, financiación suficiente y un control exigente y transparente.
En el caso sueco, las sociedades limitadas locales salen bien paradas. El mensaje que parece trasladar el estudio es que el propietario conoce a la plantilla, trata a las familias, ve de cerca las consecuencias de sus decisiones y eso se traduce en una mejor calidad. Esa proximidad es un incentivo poderoso para mantener la calidad.
Por el contrario, las empresas cotizadas y los fondos responden a inversores lejanos, interesados en rendimientos trimestrales o en revalorizar el activo para venderlo. Esa presión se traduciría en Suecia en contar con menos personal, menos formación y menos atención. Eso sucede, si el estudio es fiable al 100% en un país como Suecia en el que la dependencia recibe una financiación mucho más elevada que en España.
Aquí, la cosa tiene una dificultad añadida: la dependencia está infrafinanciada. Si a eso le sumamos que no contamos con un sistema nacional de indicadores de calidad comparables y públicos, el riesgo es evidente: elegimos a ciegas. Por eso me gustaría ver aquí un estudio serio que, como el sueco, mida la calidad real, no solo la teórica, en función del tipo de operador y que calcule algo tan obvio como el “coste por unidad de bienestar”.
A falta del estudio y habiendo visitado muchas residencias, me arriesgo a decir que no creo que en España las residencias pertenecientes a los grandes grupos ofrezcan menos calidad de forma general en comparación con las que pertenecen a empresas medianas.
Sobre las entidades sin ánimo de lucro, creo que sí es posible que éstas puedan tener una calidad percibida superior, para empezar por el mero hecho de tener esta naturaleza jurídica. Me parece que alguien que elije una residencia perteneciente a una orden religiosa o a una fundación parte de una predisposición que le hará valorará en principio positivamente.
El resultado de Suecia, por el que agradezco mucho a Astrid Lindstrom no dice nada de España, pero.
¿Alguien querría financiar un estudio como ese aquí? Por favor.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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