La valoración ha sido prácticamente unánime. La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha celebrado que el Congreso rechazara la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, al considerar que su aplicación habría comprometido gravemente la sostenibilidad del sistema de cuidados. El presidente de la patronal, Ignacio Fernández-Cid, ha advertido que “insistir en una medida así, en un sector ya afectado por la angustiosa falta de profesionales, sería una temeridad que pondría en riesgo a las personas dependientes y a los profesionales que las cuidan”.
La FED subraya que el sector ya convive con un acusado déficit de personal y que una reducción de jornada sin planificación ni recursos adicionales dispararía los costes, agravaría la crisis de personal y afectaría a la calidad de la atención, por lo que reclama que cualquier cambio se aborde con diálogo, medidas compensatorias y consenso político y social.
En la misma línea, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) también ha mostrado su satisfacción por el rechazo a la jornada de 37,5 horas, al considerar que habría supuesto un grave problema de organización y un aumento inasumible de costes. Su presidente, Rafael Sánchez Ostiz, ha subrayado que “era una medida que no provenía del diálogo social ni de la negociación colectiva, percibida por los empresarios como una injerencia unilateral del Gobierno central”.
Además, ha recordado que imponer la reducción sin ajustar los costes implicaría 12.000 millones de euros adicionales para las empresas, cifra que, sumada a los 37.000 millones del absentismo, elevaría la factura a unos 49.000 millones, un 4,1% del PIB. “Para las pymes y los autónomos esta situación es sencillamente insoportable, y pone en riesgo su viabilidad”, ha advertido.
Igualmente, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha expresado su alivio por la decisión del Congreso, a la que califica como una resolución responsable que evita un grave perjuicio al sistema de atención y a las entidades que lo sostienen. La patronal advierte de que el sector atraviesa serias dificultades para cubrir puestos de trabajo y que una reducción de jornada sin recursos adicionales habría puesto en riesgo la continuidad de la atención.
Desde AESTE insisten en que el debate debe abordarse en el marco del diálogo social y la negociación colectiva, recordando que “una reducción de jornada en las condiciones planteadas hubiera provocado tensiones en la gestión y un aumento de costes difícil de asumir”. Al mismo tiempo, la asociación subraya la necesidad de abrir un proceso para mejorar las condiciones laborales de los profesionales, acompañado de financiación adecuada, formación y flexibilidad organizativa, con el fin de avanzar de forma gradual y sostenible.
Del mismo modo, la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) ha celebrado que el Congreso rechazara la reducción de jornada, al entender que habría supuesto un duro golpe para la productividad y la competitividad de las organizaciones del sector. Su presidenta, Cinta Pascual, ha advertido que “esta medida era impracticable en nuestro sector, que sufre un grave problema de falta de profesionales y debe atender a personas en situación de vulnerabilidad todos los días del año y todas las horas del día”.
La entidad recuerda que en Cataluña existen ya 101 convenios colectivos que fijan jornadas inferiores a las 37 horas fruto de la negociación, lo que demuestra que el diálogo social funciona y es la vía adecuada para adaptar las condiciones laborales. ACRA alerta de que imponer una jornada reducida por ley pondría en riesgo la continuidad de servicios esenciales, la viabilidad de muchas entidades y, en última instancia, una pieza clave del estado del bienestar.
Para terminar, la Asociación de Centros de Atención a la Dependencia (ACAD) ha valorado positivamente el rechazo a la jornada de 37,5 horas, subrayando que “una medida así, sin recursos adicionales ni planificación, habría agravado la grave carencia de profesionales, incrementado costes y puesto en riesgo la calidad y continuidad de la atención”.
Recuerda que la dependencia es un sector intensivo en personal y altamente especializado, donde reducir horas sin compensación podría derivar en más precariedad laboral y en una presión inasumible para entidades y familias. ACAD insiste en que “cualquier cambio de estas características debe realizarse con consenso, medidas realistas y financiación suficiente”, reafirmando su compromiso con un modelo estable y sostenible que garantice tanto la calidad del servicio como la estabilidad del empleo.