Pablo Bustinduy, ministro del área, enfatizó la importancia de transformar el sistema de cuidados, destacando que el futuro de la dependencia depende de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras, mayoritariamente mujeres.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha llevado a cabo un acto titulado ‘Las trabajadoras de cuidados del Sistema de Dependencia’, donde se han discutido las condiciones laborales que enfrentan estas profesionales, así como la creciente incidencia de enfermedades laborales en el sector.
El Gobierno coincide con todo el sector de la Dependencia en que mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras es clave para su desarrollo, pero no entra a la valorar las aportaciones realizadas desde las patronales que recuerdan que la aportación económica para llevar a cabo estas mejoras salariales es del todo insuficiente.
Recientemente, el Consejo de Ministros, a instancias de este ministerio, aprobó una reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad. Esta reforma tiene como objetivo primordial garantizar condiciones laborales dignas, estables y profesionalizadas para las trabajadoras del sector.
La nueva normativa incluye avances significativos para la calidad del empleo, tales como el refuerzo de indicadores específicos en la evaluación de los servicios de dependencia. Además, se establece la obligación de realizar un seguimiento periódico para asegurar el cumplimiento de estas medidas.
Asimismo, la reforma contempla la creación de bancos de productos de apoyo destinados a reducir los altos riesgos físicos que enfrentan las trabajadoras del sector. Este conjunto de medidas busca transformar un sistema que históricamente ha estado marcado por la precariedad.
Durante el evento, el ministro Pablo Bustinduy destacó el compromiso del ministerio por transformar el modelo actual de cuidados hacia uno más comunitario y accesible. En este sentido, enfatizó la necesidad urgente de mejorar las condiciones laborales para quienes desempeñan funciones en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Bustinduy recordó que la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros busca actualizar el sistema al siglo XXI, ofreciendo más prestaciones y servicios mientras se reduce la burocracia y se incorpora tecnología. La reforma no solo se centra en mejorar los servicios para las personas dependientes, sino también en elevar la calidad laboral para las mayoritariamente mujeres que trabajan en este ámbito.
Entre las medidas propuestas se encuentra un artículo que estipula que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas desarrollarán indicadores sobre la calidad del empleo en el sector. Estos indicadores estarán desglosados por origen, edad y sexo, asegurando así un seguimiento efectivo para garantizar su implementación.
El sindicato Comisiones Obreras ha celebrado esta inclusión, subrayando su importancia para proporcionar cuidados de calidad. Por otro lado, se establecerá un nuevo servicio destinado a facilitar productos que apoyen la autonomía personal, como grúas o camas articuladas, lo cual disminuirá los riesgos físicos asociados al trabajo.
Bustinduy subrayó que es fundamental considerar no solo a quienes reciben cuidados, sino también a las cientos de miles de trabajadoras que sostienen este sistema. “No podemos olvidar que esta transformación debe incluir mejoras reales en sus condiciones laborales”, afirmó.
A través del estudio encargado por el ministerio sobre los retos del sistema, se evidenció que el empleo en el sector está caracterizado por inestabilidad y salarios inferiores a la media nacional. Esta situación provoca una alta rotación laboral; muchas trabajadoras permanecen menos de un año en sus puestos.
La fuga estructural del personal plantea serios desafíos para la sostenibilidad del sistema justo cuando más se necesita. Las proyecciones demográficas indican un aumento significativo en el número de personas dependientes en los próximos años; se estima que serán necesarias al menos 260.000 nuevas trabajadoras para atender esta demanda.
Bustinduy concluyó afirmando: “Esta situación no es admisible en una sociedad democrática” y reiteró que “el futuro de la Dependencia pasa por mejorar las condiciones laborales” dentro del sector. El evento celebrado forma parte del reto más amplio por mejorar el empleo en los cuidados a largo plazo.
Durante esta jornada también se presentaron datos relevantes sobre el perfil típico de las trabajadoras: más del 85% son mujeres, con una edad promedio superior a los 45 años y una cuarta parte son migrantes. Los salarios son entre un 35% y 38% inferiores al promedio nacional, lo cual representa aproximadamente 10.000 euros anuales menos comparado con otros empleos.
Aproximadamente uno de cada cuatro contratos en residencias es temporal y solo el 60% de los contratos en servicios a domicilio son indefinidos. Estas condiciones generan una percepción generalizada entre las trabajadoras sobre la falta real de oportunidades para avanzar profesionalmente.
Lamentablemente, estas condiciones laborales adversas tienen repercusiones directas sobre la salud física y emocional de quienes trabajan en este sector. En 2023, los accidentes laborales reportados fueron significativamente mayores que el promedio nacional; esto incluye lesiones crónicas y problemas derivados del estrés constante asociado al trabajo.
A medida que aumenta la carga laboral sin recursos adecuados para mitigarlas, también crece la rotación laboral y las bajas médicas. Esto afecta directamente no solo a quienes brindan atención directa sino también a otros profesionales clave dentro del sistema.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 85% | Porcentaje de trabajadoras que son mujeres. |
| 50% | Porcentaje de trabajadoras mayores de 45 años. |
| 35% - 38% | Diferencia salarial en el sector respecto al promedio nacional. |
| 75% | Aumento de accidentes laborales en residencias comparado con el promedio nacional. |