El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, advierte que el principal problema del sector es la falta estructural de personal cualificado, una situación que se arrastra desde hace años sin una respuesta eficaz por parte de las administraciones. Denuncia que ni enfermeros ni gerocultores figuran en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, a pesar de la creciente dificultad para cubrir puestos. A esto se suma el impacto negativo que tendría la reducción de jornada laboral: “Una combinación explosiva que pondría en riesgo la viabilidad de muchos centros”.
Por otra parte, Fernández-Cid considera insuficientes los 783 millones anunciados por el Gobierno para Dependencia en 2025 y reclama que se garantice la financiación estatal del 50 %, como marca la ley. Critica además que ese compromiso solo se haya concretado para Cataluña y el País Vasco, lo que califica como “una discriminación flagrante”. Según la FED, los fondos deberían destinarse prioritariamente a mejorar las tarifas públicas, las condiciones laborales y la creación de plazas.
En cuanto a la desinstitucionalización, defiende el principio, pero denuncia la falta de estructura y financiación: “Más un eslogan que una realidad factible”.
En relación con la creación de nuevas residencias, el presidente de la FED señala que la inversión está paralizada por la inseguridad jurídica que generó el Acuerdo de Acreditación estatal de 2022, aún sin aplicación uniforme en las comunidades autónomas. Reclama campañas públicas para dignificar la profesión de cuidador y facilitar la contratación de personal extranjero cualificado.
En cuanto a la innovación, defiende el uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo, pero subraya que “nunca sustituirá a la figura del cuidador” y advierte del riesgo de una brecha tecnológica entre centros. Su petición clara al Gobierno es “más financiación inmediata y sostenida”. Como sea, opina que “necesitamos recursos reales... Si no se actúa ya, estamos abocados a un colapso del sistema”.
1.- ¿Cómo se gestiona una residencia sin manos? Cada vez hay más dificultades para encontrar personal cualificado… o simplemente personal. ¿Estamos ante una crisis de vocaciones o de condiciones?
Actualmente, este es el mayor problema estructural al que nos enfrentamos como sector. La escasez de profesionales no es una cuestión coyuntural, sino estructural y de largo recorrido. Llevamos años alertando sobre la dificultad para encontrar personal cualificado o, en muchos casos, simplemente personal dispuesto a trabajar en el ámbito de los cuidados. Desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) hemos trasladado este problema tanto a las administraciones autonómicas como al Gobierno central, pero hasta la fecha no hemos encontrado una respuesta coordinada y eficaz.
El ejemplo más claro de esta falta de compromiso institucional es que profesiones clave como la enfermería o los gerocultores no están incluidas en los listados de ocupaciones de difícil cobertura, cuando la realidad demuestra lo contrario día a día en nuestros centros. Estamos hablando de un sector esencial que atiende a más de dos millones de personas dependientes en España, en su mayoría personas mayores, y que requiere una actuación urgente a nivel de Estado.
2.- ¿Son suficientes los 783 millones de euros prometidos por el Gobierno para la Dependencia en 2025? ¿En qué se debería invertir ese dinero para que tenga un impacto real en los centros?
La respuesta es clara: no son suficientes. Llevamos años denunciando que el Estado no cumple con su compromiso legal de financiar el 50% del sistema de atención a la dependencia, que hoy recae mayoritariamente en las comunidades autónomas y, en última instancia, en las propias personas usuarias y sus familias. La ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado agrava aún más la situación, cronificando una infrafinanciación estructural que amenaza la sostenibilidad del sistema.
Además, nos preocupa especialmente que el reciente anuncio del Gobierno de alcanzar ese 50% de cofinanciación solo se aplique a Cataluña y el País Vasco, lo que supone una discriminación flagrante hacia el resto de comunidades autónomas. El dinero, además, debería destinarse de forma prioritaria a incrementar las tarifas públicas, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y favorecer la creación de nuevas plazas, tanto residenciales como en atención domiciliaria.
3.- ¿Cuántas residencias faltan y por qué siguen faltando? Llevamos años hablando de la falta de plazas y de la necesidad de construir nuevas residencias. ¿Qué frena esa expansión? ¿La financiación, los trámites, la inseguridad jurídica?
El déficit de plazas residenciales es evidente y conocido por todas las administraciones. Según los estándares europeos, España necesitaría entre 70.000 y 100.000 nuevas plazas residenciales en los próximos años para atender a su población envejecida. Sin embargo, la realidad es que la inversión privada está completamente paralizada por la falta de seguridad jurídica.
Desde la aprobación en 2022 del Acuerdo de Acreditación de centros y servicios (conocido como el Acuerdo Belarra), la incertidumbre normativa ha sido constante. La mayoría de las comunidades autónomas aún no lo han trasladado a su normativa autonómica, a pesar de que tenían la obligación de hacerlo antes de marzo de 2023. Esto, sumado al encarecimiento de los costes de construcción, el aumento del coste financiero y la falta de rentabilidad clara a medio plazo, está desincentivando totalmente la inversión en nuevas residencias.
4.- Desinstitucionalización: ¿avance social o eslogan sin estructura? El Gobierno insiste en esta línea, pero ¿cree que hay una planificación real detrás o es sólo un mensaje de cara a la galería?
La desinstitucionalización, como concepto, es positiva y todos estamos de acuerdo en que las personas mayores deben permanecer en su hogar el mayor tiempo posible. De hecho, ya sucede: el 95,8% de los mayores en España vive en su domicilio. El problema es que la realidad de los cuidados domiciliarios no está ni de lejos a la altura de ese discurso político.
Un gran dependiente, por ejemplo, tiene reconocido el derecho a 94 horas mensuales de atención, pero apenas recibe una media de 57,3 horas, lo que equivale a menos de dos horas al día. Esto deja sin cubrir más de 22 horas diarias, generando una sobrecarga insostenible para las familias. No hay una estructura de servicios ni de financiación que acompañe ese proceso de desinstitucionalización, por lo que hoy por hoy es más un eslogan que una realidad factible.
5.- Convenio colectivo: ¿se avanza, se estanca o se repite curso? ¿Cómo se presenta la negociación del nuevo convenio? ¿Qué aspectos consideran innegociables?
El actual Convenio colectivo estatal de la Dependencia finaliza el 31 de diciembre de 2025. Desde la FED siempre hemos tenido una actitud constructiva y de diálogo con las organizaciones sindicales. Nuestro objetivo es poder avanzar en la mejora de las condiciones laborales de nuestros profesionales, pero sin perder de vista la sostenibilidad económica de los centros.
Las prioridades pasan por buscar fórmulas que permitan mejorar salarios y condiciones de trabajo, pero siempre teniendo en cuenta la realidad presupuestaria y la financiación pública, que a día de hoy sigue siendo insuficiente.
6.- ¿Cree que se consolidará la reducción de jornada? Si fuese así, ¿cómo lo afrontaría la patronal que preside?
La reducción de la jornada laboral es una medida que, de salir adelante, tendría un impacto muy negativo para el sector. Ya se han presentado varias enmiendas a la totalidad a esta propuesta y esperamos que prospere el sentido común y se frene su aplicación. Una reducción de jornada, en un contexto de falta de personal y de infrafinanciación, es una combinación explosiva que pondría en riesgo la viabilidad de muchos centros.
Además, supondría un incremento de costes que acabaría afectando tanto a las empresas como a los propios usuarios del sistema.
7.- Absentismo laboral: ¿problema estructural o síntoma de un sistema que no cuida al que cuida? ¿Se puede hacer algo desde las patronales?
El absentismo laboral se ha convertido en un problema estructural que afecta no solo a nuestro sector, sino a todo el tejido productivo del país. Las últimas reformas laborales han incrementado las bajas de corta duración de forma alarmante y está provocando una disminución de la productividad muy preocupante. Esto, unido al desgaste físico y emocional que implica el trabajo en el ámbito de la dependencia, está haciendo que el índice de absentismo sea insostenible.
Desde la FED creemos que es necesario abrir un debate serio a nivel nacional y adoptar medidas que frenen esta tendencia, tanto desde la gestión empresarial como desde la política pública.
8.- ¿Faltan manos o faltan alicientes? Más allá de los salarios, ¿qué otros factores están influyendo en que el sector no resulte atractivo para trabajar?
Claramente faltan manos. En los últimos años se han creado más de 3,5 millones de empleos en España, pero seguimos teniendo más de 2,4 millones de personas desempleadas y más de 2 millones cobrando el Ingreso Mínimo Vital. Desde la FED consideramos que es imprescindible facilitar la contratación de profesionales extranjeros con formación certificada en origen.
Además, creemos que las administraciones deberían impulsar campañas institucionales que dignifiquen y pongan en valor la profesión de cuidador. La falta de atractivo no se explica solo por cuestiones salariales, sino también por la percepción social y la falta de reconocimiento institucional del sector.
9.- ¿La IA puede cuidar? Tecnológicamente hablando, ¿ve viable que la inteligencia artificial tenga un papel relevante en los próximos años en la atención a personas mayores? ¿O estamos aún en fase de laboratorio?
La Inteligencia Artificial va a tener un papel relevante, sin duda. Estamos convencidos de que, a medio plazo, la IA contribuirá a mejorar la eficiencia en la gestión de los centros, optimizar procesos y facilitar el seguimiento de la salud de los residentes. Pero estamos aún en una fase inicial. Para que su implementación sea efectiva, harán falta varios años de desarrollo, formación de personal y adaptación de los sistemas.
La IA será una herramienta de apoyo, no un sustituto de las personas que cuidan.
10.- ¿Hay miedo a que la tecnología sustituya o esperanza de que complemente? ¿Creen que la innovación tecnológica va a ayudar a reducir la carga del personal o puede generar una nueva brecha entre centros punteros y centros con escasos recursos?
Lo que vemos con claridad es que la tecnología debe ser un complemento, nunca un sustituto del personal humano. La esencia de nuestro trabajo es el cuidado directo, humano y empático. La tecnología puede y debe ayudar en tareas administrativas, de monitorización o de comunicación, pero nunca sustituirá a la figura del cuidador.
El riesgo, eso sí, es que se abra una brecha tecnológica entre centros mejor financiados y centros que apenas pueden cubrir sus gastos corrientes. Por eso reclamamos una financiación adecuada que permita una digitalización inclusiva para todo el sector.
11.- Si mañana tuvieran línea directa con el presidente del Gobierno, ¿qué le pedirían en nombre del sector?
Le pediríamos más financiación inmediata y sostenida para el sistema de atención a la dependencia. Necesitamos recursos reales para mejorar los salarios, aumentar las plantillas y garantizar la calidad de la atención. Si no se actúa ya, estamos abocados a un colapso del sistema.
12.- ¿Algo más que quiera añadir? Este es el momento de lanzar ese mensaje que no cabe en titulares, pero que debería ser escuchado
Sí. Desde la Federación Empresarial de la Dependencia queremos hacer un llamamiento a los responsables políticos para que escuchen a quienes estamos a pie de obra. Si no se escuchan a las patronales, si no se atienden nuestras advertencias, será imposible resolver los problemas estructurales que tiene el sector. Necesitamos diálogo, consenso y soluciones inmediatas, porque estamos hablando de un derecho fundamental: el cuidado digno de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.