Esta inversión refuerza los servicios de ayuda a domicilio y programas de inserción social.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una significativa inversión destinada a la protección de las familias más vulnerables en España. En una reunión celebrada el pasado martes, se aprobó una propuesta del ministro Pablo Bustinduy para transferir 198,7 millones de euros a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Este fondo tiene como objetivo principal cubrir necesidades básicas en alimentación e higiene, así como reforzar los servicios de ayuda a domicilio y programas de inserción social.
Con esta inyección económica, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo busca no solo mitigar situaciones de exclusión social, sino también facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar para aquellas familias con rentas bajas. Además, se pretende garantizar que los niños y niñas accedan a actividades lúdicas y educativas durante los periodos vacacionales.
Los programas financiados por estas partidas están diseñados para atender a diversos grupos familiares, incluyendo familias monomarentales, numerosas y aquellas que residen en zonas rurales. Esta estrategia busca abordar las particularidades que enfrentan estas unidades familiares en su día a día.
La propuesta incluye un apartado específico de 65 millones de euros destinados a intervenciones sociales y prestaciones para familias en riesgo de pobreza. Estas ayudas pueden ser utilizadas para satisfacer necesidades esenciales como la compra de alimentos, ropa y productos de higiene, así como para financiar gastos educativos como material escolar o comedores.
Otro aspecto relevante de esta inversión es el apoyo a la conciliación familiar. Se financiarán proyectos que cubran gastos relacionados con escuelas infantiles y otras necesidades específicas que requieran atención por parte de los niños y adolescentes. Un ejemplo destacado es el Programa VECA, que permite a los menores participar en actividades educativas y recreativas durante las vacaciones escolares.
A su vez, se destinarán recursos para asegurar que estos niños tengan acceso a una alimentación equilibrada durante los períodos sin clases. Esta medida es crucial para combatir la inseguridad alimentaria entre las familias más desfavorecidas.
Dentro del paquete de ayudas también se reservan 25 millones de euros para fortalecer los equipos encargados de prevenir y detectar riesgos asociados a la violencia infantil. Esta iniciativa está alineada con la implementación de la Ley Orgánica 8/2021, conocida como LOPIVI, que busca proteger integralmente a la infancia frente a cualquier forma de violencia.
Aparte, se contempla una transferencia superior a 100 millones de euros, concretamente 108,7 millones, destinada al financiamiento de la red local de servicios sociales. Esto incluye prestaciones como ayuda a domicilio y apoyo a unidades familiares en situación precaria.
La distribución propuesta ya ha sido analizada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Se espera que sea aprobada definitivamente por este mismo consejo en un futuro cercano tras recibir el primer visto bueno durante la sesión del martes.
| Descripción | Cifra (euros) |
|---|---|
| Monto total de la inversión | 200,000,000 |
| Monto transferido a gobiernos autonómicos | 198,700,000 |
| Destinado a proyectos de intervención social | 65,000,000 |
| Reservado para reforzar equipos de servicios sociales | 25,000,000 |
| Transferido para financiar servicios sociales de atención primaria | 108,700,000 |