El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una significativa propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, que contempla la distribución de los fondos recaudados a través de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. Este plan permitirá que un total de 375.746.226,25 euros sean repartidos entre los gobiernos de las Comunidades Autónomas, excluyendo a País Vasco y Navarra, así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La cifra asignada representa un incremento superior a 40 millones de euros en comparación con el año anterior, lo que refleja un compromiso renovado hacia el financiamiento de programas sociales en diversas regiones del país.
Distribución basada en criterios objetivos
Para garantizar una distribución equitativa de estos recursos, se han establecido 13 criterios objetivos. Entre ellos se incluyen factores como la población dependiente, el riesgo de pobreza y exclusión social, así como la dispersión poblacional y las tasas de envejecimiento y discapacidad. Esta metodología busca atender las necesidades más apremiantes en cada comunidad.
Una vez aprobada esta propuesta por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, serán los gobiernos autonómicos quienes gestionen sus respectivas convocatorias para subvenciones.
Beneficiarios potenciales
Las entidades y asociaciones del Tercer Sector que cumplan con los requisitos establecidos en las convocatorias autonómicas podrán beneficiarse de estas subvenciones. Este enfoque no solo busca fortalecer el tejido social en cada región, sino también asegurar que los fondos lleguen a quienes más lo necesitan.
Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso con la mejora de las condiciones sociales y económicas en España, impulsando proyectos que promuevan el bienestar y la inclusión social.
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