Responde a una demanda histórica del movimiento social de personas mayores, buscando mejorar el acceso a cuidados dignos y eliminar incompatibilidades entre prestaciones.
Aunque el gasto público ha aumentado, su proporción respecto al PIB disminuye. La cobertura de servicios esenciales, como ayuda a domicilio y teleasistencia, sigue siendo insuficiente y desigual en todo el país.
CECUA y ASADE critican el Real Decreto 893/2024 por generar inseguridad jurídica en los Servicios de Ayuda a Domicilio. Aseguran que la normativa confunde roles laborales y no resuelve problemas de salud y seguridad, afectando a empresas, profesionales y usuarios. Piden diálogo y consenso antes de implementar cambios.