El fundador de EO Abogados, Eduardo Ortega, ha expuesto en un reciente webinario jurídico organizado por Inforesidencias la necesidad de establecer protocolos claros para la denuncia de malas prácticas dentro de las residencias de mayores. "No podemos exigir que se comuniquen los casos de mala praxis si previamente no tenemos un protocolo, si previamente no está exhibido y no está a disposición de los trabajadores", ha afirmado con contundencia.
Ortega, que es experto en derecho de personas mayores y de residencias, ha destacado que en muchas ocasiones los empleados no saben exactamente cómo proceder ante una situación de irregularidad. Esto se debe, en gran parte, a la falta de una normativa interna bien definida y visible dentro de los centros de trabajo.
El experto también ha puesto sobre la mesa la importancia de garantizar la confidencialidad en estos procesos, asegurando que la identidad de quienes reportan las malas praxis esté protegida.
Más allá de la mera existencia de un protocolo, Ortega ha subrayado la importancia de una estrategia de protección jurídica que garantice su cumplimiento y efectividad. Esta herramienta, desarrollada tras noches de preocupación y trabajo con directores de residencia durante la pandemia, busca ser un "escudo de papel" que garantice la seguridad jurídica de los centros y el bienestar de los residentes.
Ortega explicó que la estrategia de protección jurídica está diseñada para tres destinatarios clave: la dirección del centro: al ser la figura con mayor riesgo legal, debe contar con herramientas que la protejan y respalden su gestión: "Eel director, la directora, es la persona que más riesgo tiene, evidentemente, y que hay que proteger y cuidar"; la entidad gestora: la estrategia también debe salvaguardar la reputación y el cumplimiento normativo del centro: "Ese riesgo reputacional que tan en juego está cuando hay una mala praxis"; y los usuarios: el resultado final debe traducirse en un mejor trato y garantía de derechos para las personas mayores atendidas.
Insistió, además, en la necesidad de conseguir una documentación jurídica efectiva, ya que uno de los mayores retos para los juristas es transformar la información de gestión en documentos útiles para la litigación. Ortega enfatizó la importancia de que la documentación generada sea comprensible y efectiva ante un tribunal, facilitando la labor de los jueces y fortaleciendo la posición de los directivos en caso de litigios.
"El problema que tenemos los juristas cuando hablamos con la dirección del centro es ese 'a ver qué documentación me entregas', porque lo que sabemos hay que traducirlo al lenguaje jurídico, hay que traducirlo al lenguaje de litigación en sala. A su señoría, con un montón de asuntos encima de la mesa, en muy poco tiempo hay que llegarle de forma muy efectiva", afirmó.
Formación y control: la clave de la prevención
Para prevenir conflictos y malas prácticas, Ortega propuso la generación de hábitos mediante la formación periódica con sesiones breves de 15 minutos mensuales accesibles desde dispositivos móviles. También Cuestionarios de control que permiten registrar el nivel de diligencia de los trabajadores y asegurar el cumplimiento normativo.
Y finalmente los Canales de denuncia, que son herramientas anónimas y accesibles para reportar cualquier irregularidad.
El trabajador como garante del buen trato
Ortega destacó la importancia de concienciar a los profesionales sobre su papel fundamental en la garantía de derechos de los residentes. Para ello, se refirió a principios extraídos de la guía de buenas prácticas de la Sociedad Española de Gerontología y del decálogo del foro LIDEA. Según el abogado, los trabajadores deben comprender que su labor contribuye al libre desarrollo de la personalidad de los usuarios y que el respeto y la autonomía son esenciales en la atención diaria.
Protocolos contra el maltrato
Junto con la formación, Ortega resaltó la necesidad de contar con un protocolo de detección de malas prácticas, basado en la Declaración de Toronto. Este protocolo debe definir claramente, qué se considera maltrato (físico, psicológico, sexual, económico o negligencia); quiénes tienen la obligación de denunciar cualquier indicio de mala praxis; y cómo y a quién reportar una situación de abuso.
Incidió en que para reforzar la cultura del cumplimiento, Ortega planteó un sistema de autoevaluación, un checklist para garantizar la calidad asistencial, en el que los trabajadores deben responder mensualmente a preguntas relacionadas con el buen trato en aspectos clave como:
Respeto a la autonomía de los residentes en horarios, aseo y alimentación.
Evitar actitudes autoritarias o infantilizadoras.
Cumplimiento de protocolos de emergencias sanitarias.
Atención a la libertad de movimientos y vigilancia adecuada.
Este cuestionario, que inicialmente puede tomar una hora en completarse, se reduce a 10-15 minutos con el tiempo, permitiendo a los trabajadores reflexionar sobre su desempeño y mejorar la calidad del servicio.
A modo de conclusión, la estrategia presentada por Eduardo Ortega supone un avance significativo en la protección jurídica de las residencias de mayores. Con un enfoque basado en la formación, el control y la documentación efectiva, se busca no solo reducir el riesgo legal para directivos y entidades, sino también fomentar un ambiente de buen trato y respeto hacia los residentes. Esta herramienta, concebida como un "escudo de papel", se erige como un modelo de referencia para la gestión responsable y humanizada en el sector residencial.