Escribo esta tribuna tras leer una noticia que me ha llamado la atención. Resulta que España es el país de la Unión Europea que más verá crecer su población durante 2024. No era consciente de que nos hubiésemos lanzado hacia una fase de alegría reproductiva. Cuando he leído un poco más, he visto que, ciertamente esa alegría no se ha producido.
Lo que sí estamos consiguiendo ser es el horizonte soñado de posible prosperidad hacia al que quieren llegar miles de personas, especialmente de Latinoamérica. Parece que estas personas con las que nos une un idioma y bastante bagaje cultural prefieren emigrar a España antes que hacerlo a otros países europeos, por lo menos eso es lo que los números indican. Así que quizás sean ellos quienes nos salven del choque del tsunami demográfico contra nuestras costas.
Lo cierto es que España lleva años enfrentándose a un dilema demográfico que amenaza con desestabilizar sectores fundamentales de su economía y bienestar social: el envejecimiento de la población, generado en gran parte por una extensión de la expectativa de vida y una natalidad que no levanta cabeza, ha llevado al país a una dependencia creciente de la inmigración.
Esta situación, lejos de ser celebrada como una oportunidad, recibe la suspicacia y rechazo de parte de la población representada por opciones políticas cercanas a la xenofobia y se gobierna desde la inercia y la negligencia política sin que podamos ver un verdadero plan más allá de afrontar como se pueda lo que vaya pasando.
Y en esa situación, entre los sectores más afectados por esta desidia se encuentra el de las residencias de mayores y el sector de la atención a la dependencia en general.
España envejece, las residencias son cada vez más necesarias
Desde 2017, España registra más muertes que nacimientos. Un dato que no sorprende, pero que sí alarma cuando se suma al envejecimiento acelerado de su población y al hecho de que una parte importante de los años añadidos a la expectativa de vida de los españoles venga acompañada de enfermedades crónicas, fragilidad y dependencia.
Así, el aumento de la esperanza de vida, que debería ser una buena noticia, en la práctica ha desnudado las debilidades de un sistema incapaz de sostener el cuidado de las personas mayores que no se valen por sí mismos. Las residencias, que deberían ser un refugio para los mayores más dependientes, se han convertido en un símbolo de esta crisis: resulta muy difícil reclutar y fidelizar personal, sobran problemas y las soluciones no aparecen.
En este panorama, los inmigrantes, que no han dejado de llegar, han asumido un protagonismo forzado. Son ellos quienes, en su mayoría, ocupan los puestos menos valorados y peor remunerados del sistema productivo. Son ellos los que cada vez tienen más presencia en las nóminas del sector geroasistencial
La fuerza laboral inmigrante: solución parcheada a un problema estructural
La realidad de las residencias de mayores es compleja y con diferentes factores entrelazados: los precios que pagan los residentes privados y, especialmente las administraciones al concertar plazas, son bajos en comparación con los países de nuestro entorno; eso lleva a que los sueldos sean bajos y las condiciones laborales que pactan sindicados y patronales en los convenios colectivos, menos atractivas que las que ofrecen otros sectores, especialmente la sanidad.
Esto hace que muchos trabajadores nacionales descarten este sector como opción profesional y que incluso los inmigrantes cualificados que consiguen convalidar sus títulos cambien su trabajo en el sector de la dependencia en otro como el sanitario o el social público.
Sobrecualificados, infravalorados
Según el Banco de España, más del 57% de los inmigrantes que trabajan en España están sobrecualificados para sus puestos. En las residencias, esta cifra se traduce en médicos, enfermeros y otros profesionales que, debido a la lentitud de la homologación de sus títulos, se ven obligados a aceptar trabajos como auxiliares o personal de limpieza.
Este desaprovechamiento del talento no solo es injusto para ellos, sino que además condena al sector a un estancamiento crónico. ¿Cómo puede mejorar la atención si el sistema ignora el potencial de quienes están en primera línea imponiendo laberintos burocráticos?
El problema es que hablar de homologación de títulos en España es hablar de un proceso arcaico y exasperante. Los trámites son lentos, confusos y, en muchos casos, desmoralizantes. Para un enfermero que llega de América Latina con años de experiencia, enfrentarse a meses (o años) de papeleo puede ser devastador. Mientras tanto, el sistema pierde la oportunidad de contar con profesionales que podrían marcar la diferencia en un sector que clama por ayuda.
¿Es realmente tan complicado agilizar este proceso? En lugar de facilitar la integración de trabajadores cualificados, España parece empeñada en ponerles trabas. La falta de voluntad política para reformar este sistema no solo perjudica a los inmigrantes, sino que perpetúa un modelo asistencial basado en la inestabilidad y en la dificultad de captar inversiones a largo plazo.
Pero, en lugar de invertir en la mejora del sector, las políticas públicas han optado por mirar hacia otro lado. Se han inventado que lo necesario no es invertir más en atender a quien lo necesite en residencias sino en alcanzar el espejismo de la desinstitucionalización, algo que ni siquiera tiene una definición clara. El resultado es un círculo vicioso (o quizás círculo de viciosos): los precios de concertación bajos afectan indirectamente los precios privados, éstos producen los salarios bajos y condiciones que desincentivan a los trabajadores nacionales, aumentando la dependencia de los inmigrantes, que a su vez enfrentan barreras para avanzar en sus carreras.
¿Quién pierde? Los mayores, que son las verdaderas víctimas de este desorden.
El lado humano que no podemos seguir ignorando
Hablar de inmigrantes en el sector de las residencias no es solo hablar de cifras. En los últimos meses, hablando con diferentes personas que trabajan en residencias he conocido a gente como Juan (nombre inventado), un médico venezolano que ahora trabaja como auxiliar porque su título sigue "en trámite". "Cuando llegué, pensé que en unos meses podría ejercer, pero ya llevo dos años esperando," cuenta con resignación. O de Ana, una enfermera peruana que lleva dos años en España, trabaja turnos de 12 horas (“semana corta”, “semana larga) lleva también tiempo esperando respuesta a su homologación haciendo de tapadillo algunas funciones de enfermera aunque con categoría de auxiliar.
En Perú había trabajado en un hospital como enfermera durante varios años. Sus habilidades son muy valoradas en la residencia aunque temen que el día que consiga la homologación quizás deje su trabajo actual e intente coger uno en algún hospital. Si se lo preguntas a ella, sonríe tímidamente y no responde fe forma clara: “Ya veremos”, aquí estoy contenta, pero tengo que pensar en la parte de familia que dejé atrás.
¿Són anecdóticas estas historias o se han convertido en una nueva norma?
¿Qué futuro queremos construir?
La inmigración, está aquí y lo va a seguir estando. De momento se ha convertido en parte de la solución a la falta de personal, en una oportunidad. Pero hay que cuidarla.
Viendo la situación actual quizás nuestros gobiernos, el nacional y los autonómicos, deberían determinarse a plantear unas prioridades urgentes entre las que se podrían destacar cuatro
Cada día que pasa sin abordar estos problemas es un día en el que el sistema se deteriora un poco más. La inmigración ha sido, hasta ahora, el salvavidas que ha evitado el colapso de las residencias de mayores en España. Pero los salvavidas no están diseñados para ser permanentes. Es hora de construir un barco sólido, uno que no dependa de parches ni de esfuerzos individuales, sino de un sistema fuerte, justo y sostenible.
¿Alguien puede no estar de acuerdo?
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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