El pasado 9 de julio, Inforesidencias organizó un seminario sobre gestión de recursos humanos en residencias. Una sesión que nacía del cansancio de repetir siempre los mismos problemas y la necesidad de imaginar caminos distintos. Reunimos a representantes del sector, proveedores de servicios y expertos jurídicos para hablar, con claridad y sin rodeos, de lo que nos está desbordando: la escasez estructural de personal, la complejidad creciente de la normativa laboral y la posible reducción de la jornada máxima anual.
Contamos con intervenciones tan relevantes como la de Lourdes Rivera, presidenta de AESTE, y la de Antonio Molina Schmid, secretario general de Lares, quien, con acierto, planteó la urgencia de impulsar un pacto nacional para los cuidados de larga duración. La necesidad de ese pacto flotó sobre las diferentes intervenciones convenciéndonos a todos, aún más de que, más que ajustes legales o cálculos de horas anuales, la cuestión clave es poder garantizar la sostenibilidad misma del sistema de atención a la dependencia, algo que requiere el concierto de gobernantes, prestadores de servicios y trabajadores, como mínimo.
Se habló de incertidumbre ante el nuevo marco normativo, de la falta de consenso sobre cómo computar las 37,5 horas semanales que propone el proyecto de reducción de jornada anual, de plantillas envejecidas, jornadas inviables, rotación creciente, convenios que se fragmentan por comunidades autónomas y una realidad incómoda: sin más financiación pública, mejorar las condiciones laborales será, sencillamente, imposible.
En medio de estas reflexiones, no citamos expresamente el informe que hoy quiero poner sobre la mesa. Pero lo que allí se dijo encaja como una pieza en el puzzle que nos falta: Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030, publicado por el Ministerio de Derechos Sociales, con cálculos técnicos de AFI. Un informe riguroso que no se anda con adornos: si no cambiamos nada, necesitaremos 261.400 profesionales adicionales en el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) de aquí a 2030. Si aspiramos a cubrir a todas las personas que lo necesiten con servicios profesionales y de base comunitaria, necesitaremos 639.400 más.
Casi nada.
Y, sin embargo, la reacción institucional no consigue estar a la altura de las cifras. Ponerle números al problema no parece espolear la imaginación ni la audacia de nuestros gobernantes. Ellos siguen con sus ensoñaciones de la desinstitucionalización. Lo que necesitaríamos es un despertador, pero no uno cualquiera, sino de esos que suenan con tanta fuerza que te hacen levantar de un salto. Porque el reloj demográfico sigue su curso, implacable. Y lo que no tenemos es tiempo para seguir durmiendo.
Hoy trabajan en el SAAD unas 489.900 personas, la mayoría mujeres, muchas con contratos parciales y condiciones que están lejos de lo que se merecen. En 2030, si seguimos como hasta ahora, necesitaremos que ese número aumente en más de la mitad. Si queremos hacer las cosas bien, casi duplicarlo. El informe no lo dice con palabras grandes, pero lo deja claro: sin personal suficiente y cualificado, cualquier cambio de modelo será humo.
No hay atención centrada en la persona en condiciones precarias. No quiero ser agorero, pero lo que no contempla el informe es que, si quisiéramos alinear nuestro sistema de atención a la dependencia a modelos norte-europeos, el incremento necesario sería muy superior (sólo como punto de referencia, la ratio global media de personal en las residencias españolas, contando personal de atención directa e indirecta, ronda el 0,5, mientras más al norte es casi el doble, llegándolo a superar en países como Noruega).
Cuando hablamos de dificultad para contratar personal, no pensemos que esto es algo exclusivo de España o del sector de la dependencia. En Europa están tan preocupados como nosotros. Aquí, la hostelería, el transporte, la construcción… también buscan trabajadores que no encuentran. Pero mientras ellos se juegan eficiencia y beneficios, nosotros nos jugamos vidas que dependen del cuidado ajeno. Y no hay robots que valgan, de momento, para complementar o sustituir el trabajo humano.
Lo peor es que nos estamos acostumbrando. Al igual que los residentes de una residencia se pueden acabar adaptando a que cada día les atienda una persona distinta debido a la involuntaria rotación de plantillas, nosotros como sociedad nos estamos resignando a que cuidar sea cada vez más difícil, más caro y más incierto. Y en lugar de cambiar el marco, nos limitamos a buscar apaños, sin darnos cuenta de que cada vez aumenta más el riesgo de que un número importante de personas dependientes se queden fuera del sistema.
Por eso, cuando alguien como Antonio Molina pide un pacto nacional por los cuidados, deberíamos escucharlo. No porque sea una frase bonita, que lo es, sino porque es una necesidad estratégica. Porque sin pacto, no habrá solución. Y sin solución, el colapso llegará antes de lo que nos gustaría imaginar.
Y mientras tanto: tic, tac.. el reloj demográfico con un despertador que no acaba de sonar.
Si (
No(