La presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Natalia Roldán, considera que la situación que viven en la actualidad las entidades prestadoras de servicios "es realmente cercana al bloqueo o colapso". Por ello, ve clave dilucidar lo antes posible la inseguridad jurídica actual y la falta de concreción en cuestiones como el desarrollo autonómico de los criterios de acreditación, las modificaciones en la Ley de Dependencia o la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la entorno comunitario si se quiere avanzar hacia un sistema de atención sostenible y de calidad.
Pero es que además de esto, preocupa que estas cuestiones vengan acompañadas de la dotación presupuestaria necesaria para que puedan ser viables, al margen de otros cambios legislativos como la reducción de la jornada laboral o las subidas del SMI y la ley de desindexación. Es clara: "Sin la financiación adecuada, se pueden generar reglamentaciones que vayan contra la sostenibilidad del sistema".
Roldán también lamenta que "siguen saliendo normativas con una exigencia de ratios que no se ajustan a la realidad del déficit de profesionales que existe en la actualidad y que incrementan más los costes de los servicios".
Sobre la propuesta de desinstitucionalización del Ministerio de Derechos Sociales, desde AESTE, Natalia Roldán opina que "las residencias seguirán siendo necesarias siendo muchas veces, la mejor alternativa de cuidado para las personas, además de una opción más dentro de la libre elección de los ciudadanos".
Pero Roldán lo explica y detalla mucho más en esta entrevista:
- ¿Cuál es su principal preocupación hoy como presidenta de una patronal que representa a empresas dedicadas a la atención y cuidado de las personas mayores y/o dependientes? ¿Qué es lo más urgente?
Mi mayor preocupación es que las distintas entidades podamos prestar nuestros servicios en un contexto normativo, político, económico y social, estable, cierto y respetuoso.
La inseguridad jurídica actual y la falta de concreción en cuestiones tales como el desarrollo autonómico de los criterios comunes de acreditación, las modificaciones previstas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y el efecto de la puesta en marcha de la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la entorno comunitario (2024-2030), son elementos clave que deben dilucidarse lo antes posible para avanzar hacia la creación de un sistema de atención sostenible y de calidad. Además, me preocupa que todas estas cuestiones vengan acompañadas de la dotación presupuestaria necesaria para que puedan ser viables.
Estamos muy pendientes también de los cambios legislativos anunciados por el Gobierno en materia laboral en España y su impacto, concretamente en lo relacionado con la reducción de la jornada laboral. Si añadimos esto a las subidas del SMI, la ley de desindexación que impide la revisión de los precios durante la vigencia de los contratos y la falta de financiación, la situación que vivimos las entidades prestadoras de servicios es realmente cercana al bloqueo o colapso.
- ¿Y a corto-medio plazo, cuáles son los principales desafíos que afronta el sector en la actualidad?
Básicamente son dos las cuestiones que, más que desafíos, son cuestiones que de no abordarse sin fisuras, llevarán el sistema al colapso: la inadecuada financiación y la ausencia de reconocimiento de los costes reales de los servicios por una lado y, por otro, el déficit de profesionales.
En la actualidad, existe un desequilibrio importante entre la necesidad de profesionales y la capacidad que se tiene para cubrir los puestos que quedan vacantes. Los profesionales no llegan al sector. La generación de empleo no deslocalizable que se dinamiza con nuestras actividades, debería ser prioridad en toda agenda política que crea en el crecimiento del país. Si continuamos con la tendencia de los cuidados de hoy, se crearán unos 45.000 puestos de trabajo al año tanto en el ámbito residencial, como el comunitario. ¿Quién puede pasar esto por alto?
Esta preocupación por el déficit de profesionales es compartida por todos los países de la Unión Europea: debemos abordar este asunto de manera prioritaria y conjunta buscando soluciones con una mirada transversal.
Vinculado a ello no podemos obviar el alto índice de absentismo que rodea al sector, extremo que no ayuda a reducir el efecto de este reto global.
Hacer atractivo el ámbito de los cuidados de manera que se convierta en una opción de elección en los itinerarios formativos, pasa por lograr el reconocimiento social y económico que merece. En ese sentido, recursos esenciales como los nuestros, intensivos en personas, sin duda alguna, deberían estar exceptuados en la aplicación de la Ley de Desindexación que impide la revisión de precios de los servicios. En este sentido, los cambios legislativos previstos en materia laboral en España y su impacto en los costes, son obviados a nivel gubernamental.
Estos desafíos no son cuestiones sólo sectoriales; son cuestiones de sociedad civil y de los agentes sociales; son cuestiones de agendas políticas responsables; en definitiva: son cuestiones de todos los que entendemos que el el foco sólo debe estar en la calidad de las prestaciones y del empleo generado.
- ¿Sería ingenuo/estéril hablar del largo plazo?
Si queremos hablar de sostenibilidad tenemos que tener visión a largo plazo. Estamos ya inmersos en los efectos del reto demográfico que implica la necesidad de dar respuesta a todas las personas mayores que en su momento van a necesitar cuidados. El perfil de persona mayor va cambiando, también su preferencias, inquietudes e intereses, y como sociedad debemos ser capaces de responder a las nuevas demandas de manera responsable.
Para abordar estos retos en las mejores condiciones, es necesario un cambio de mirada hacia el sector. Construir una imagen del sector más real, ver todo el trabajo que tenemos por delante como una gran oportunidad, poner en valor su aportación a la sociedad, y su reconocimiento social, son imprescindibles. Unido a todo esto, es un elemento necesario dotar al sistema de dependencia y de los cuidados de una financiación acorde a los compromisos que se adquieren con cada iniciativa legislativa, una más amplia y flexible cartera de servicios que se adapte en cada momento a los intereses y necesidades de las personas, y hacer del sector un sector atractivo para trabajar de tal forma que podamos disponer de los profesionales necesarios.
Debemos mirar a largo plazo, a la vez que promovemos un crecimiento del sector con criterios basados en la sostenibilidad; se deben generar los recursos que sean necesarios para cada momento, pero con responsabilidad.
- Ya no es solo un reto en verano, ahora lo es todo el año... ¿Cómo consiguen trabajadores, personal cualificado, concretamente enfermeras, en sus centros?
Efectivamente es un reto que está presente todo el año pero que en verano se agudiza aún más, si cabe, y no sólo en los recursos residenciales sino también en otros servicios esenciales como puede ser el servicio de ayuda a domicilio.
Las entidades realizan grandes esfuerzos cada día para cubrir la necesidad de enfermería en los centros, y en este sentido, se hace todo lo posible por generar propuestas, no sólo económicas, que resulten atractivas para la atracción y la retención de talento, de manera que este sector sea una alternativa laboral de interés.
- Sobre las propuestas para nuevas titulaciones intermedias o la de agilizar los trámites de homologación para profesionales extranjeras... ¿se ha avanzado algo?
Poco. Estamos incidiendo en esta línea con los distintos agentes implicados, pero existen muchas dificultades para avanzar. Sobre todo, en lo relacionado con la creación de nuevas titulaciones. Se trata de una medida con impacto a medio-largo plazo que hay que seguir explorando a pesar de su complejidad.
En el caso de la agilización de los trámites para la homologación de los títulos de profesionales extrajeras entendemos que la situación debería ser bien distinta. Consideramos que, habida cuenta de la situación de déficit actual que estamos atravesando, no se justifica el que no se promuevan medidas urgentes por parte de la administración competente para agilizar esta medida, que sí tendría beneficios en el corto plazo.
- No hace tanto se decía que era muy importante que se considerara a las gerocultoras y enfermeras como puestos de difícil cobertura... ¿Qué se está haciendo? ¿Qué pasa si una inspección detecta falta de personal necesario, qué puede hacer el director si no puede cubrirlos?
Facilitaría mucho las cosas que se consideran algunos perfiles de manera oficial como de difícil cobertura. Es la realidad que estamos viviendo. Esta consideración es justamente un mecanismo que busca equilibrar las necesidades del mercado laboral español, facilitando a las entidades cubrir vacantes críticas.
En cuanto a las inspecciones y las consecuencias de no cumplir la ratio estipulada de personal por el motivo al que hacemos referencia, es muy importante que los centros puedan justificar en todo momento que, pese a todos los esfuerzos realizados, no ha sido posible cubrir la vacante. Sin embargo, lo más importante en este caso, es destacar que siguen saliendo normativas con una exigencia de ratios que no se ajustan a la realidad del déficit de profesionales que existe en la actualidad y que incrementan más los costes de los servicios.
Y esto es lo que realmente compromete a las entidades, que se ven obligadas a cumplir unas ratios que han sido fijadas sin tener en cuenta la realidad. Aun así, el esfuerzo por cubrir todas las necesidades no cesa y lo que se prioriza siempre por parte de las entidades prestadoras de servicios es que las necesidades de las personas usuarias estén en todo momento cubiertas.
- En esta línea, también se ha pedido reiteradas veces que Atención Primaria asuma toda la atención sanitaria... ¿Podemos decir algo, existirá realmente una coordinación social y sanitaria pronto?
No debemos olvidar que las personas que viven en residencias tienen los mismos derechos en cuanto a ser atendidas por el Sistema Nacional de Salud que las personas que viven en sus domicilios. En este caso, la residencia es el domicilio de la persona.
Partiendo de ahí, la coordinación sociosanitaria se convierte en imprescindible, como vemos, por derecho. Sin embargo, esta realidad no siempre es así.
El modelo adecuado sería poder garantizar una asistencia sanitaria excelente a las personas que viven en residencias a través del Sistema Nacional de Salud en atención primaria y hospitalaria, y a su vez, poder complementar esta atención a través de una buena coordinación con la asistencia sanitaria que se les preste a través de los centros.
Una buena coordinación sociosanitaria recibida por las personas mayores en las residencias puede reducir además muchísimo la presión tanto hospitalaria como en atención primaria, algo que va en beneficio de toda la sociedad.
- Inevitablemente, hay que hablar siempre de política... ¿ve alguna diferencia entre el nuevo modelo de cuidados para evitar el ingreso en residencias del ministro Bustinduy y el Acuerdo Belarra? ¿Qué recorrido le ve a la nueva propuesta de Derechos Sociales?
Son dos asuntos distintos. Por una parte, se pretenden establecer políticas que favorezcan la permanencia de las personas en su domicilio el mayor tiempo posible, y por otra, se regula el modelo de residencias que debe establecerse para los casos en que la atención en el ámbito residencial sea la mejor opción de cuidado.
El recorrido que tendrá la nueva estrategia propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales es pronto para valorarlo, y habrá que ir viendo cómo avanza. Sin duda, esta estrategia requiere de una gran dotación presupuestaria que deberá ir confirmándose.
Por otra parte, nuestra mayor preocupación como patronal se centra en que se garantice en todo momento que los cuidados que se presten en los domicilios de las personas sean siempre de carácter profesional ofreciéndose estos a través de servicios; que los cuidados del entorno familiar sean un complemento a los cuidados profesionales y que, en todos los casos, estén sujetos a seguimiento y evaluación con objeto de garantizar la protección de las personas.
Las residencias seguirán siendo necesarias siendo muchas veces la mejor alternativa de cuidado para las personas, además de una opción más dentro de la libre elección de los ciudadanos, y en este sentido, no debe en ningún caso, esta estrategia, dejar de reconocer la necesidad y el buen trabajo que se realiza en el ámbito residencial.
- ¿Se va a seguir invirtiendo en residencias de personas mayores?
La situación de incertidumbre que vivimos hace que la inversión en el sector sufra una ralentización. Es evidente que la iniciativa privada es fundamental en nuestro país para poder dar respuesta a la demanda de plazas existente, de eso trata la colaboración público-privada. Por ello, esperamos que todas las cuestiones que han generado este contexto incierto y de inseguridad, se esclarezcan para seguir generando las plazas residenciales necesarias para dar respuesta a la demanda actual y futura.
- ¿Cambian mucho los proyectos arquitectónicos con las nuevas reglamentaciones o es algo que estaba en los planes del sector desde antes?
Todo proyecto nuevo se diseña con intención de adaptar los centros a diferentes requerimientos, a distintos modelos de cuidados que han evolucionado año a año, y a los perfiles de las personas usuarias, tan cambiantes a lo largo de décadas. La atención al cambio que se ha producido en el sistema de cuidados de manera natural. Esa no es la cuestión.
El matiz se encuentra en que el acuerdo de acreditación lleva parejo un incremento de los costes que generan mayor presión de gasto, tanto para las administraciones como para las familias y personas usuarias. Sin la financiación adecuada, se pueden generar reglamentaciones que vayan contra la sostenibilidad del sistema.
- Seguimos con la política... Reforma de la Ley de Dependencia... Al margen de lo que propone el Gobierno, ¿qué necesita la Ley de Dependencia, además de financiación?
Necesita que queden garantizados los cuidados profesionales para todas las personas que lo precisen en el momento en el que lo requieran, A su vez, es necesaria una mayor flexibilidad para poder transitar por el ecosistema de cuidados en función de las necesidades y preferencias de las personas en cada momento de su etapa vital de cuidados.
Agilizar y mejorar la capacidad de respuesta a las personas que solicitan los recursos, tanto a la hora de atender su solicitud para el reconocimiento de la dependencia como a la hora de poder acceder a los servicios solicitados, es otra de las cuestiones fundamentales.
En cualquier caso, es necesario que podamos disponer del texto de la ley para poder hacer una mejor valoración de la propuesta, algo que no se ha producido hasta el momento.
- ¿Cree que se está haciendo algo realmente eficaz para enfrentarse al envejecimiento y el correspondiente aumento de la demanda de servicios de atención y cuidado?
Creo que no debemos de hablar de enfrentarnos al envejecimiento, sino de afrontar el reto demográfico como una oportunidad. Este cambio de mirada es fundamental para poder avanzar. A partir de ahí y de un trabajo conjunto entre todos los agentes implicados, podremos construir estrategias y servicios que se ajusten a lo que las personas realmente necesitan hoy, y necesitaremos mañana.
- ¿Qué le parece que hayamos pasado de preocuparnos por la pandemia a ver que se utiliza como arma política los fallecidos en las residencias?
Nuestra tarea y responsabilidad es el aprendizaje adquirido tras la situación de crisis sanitaria tan dura y extrema como la que se vivió en el mundo entero, desde la más absoluta convicción de que con los medios y el conocimiento de los que en ese momento se disponían, se cuidó y acompañó a todas las personas de manera profesional y vocacional.
En mi opinión, no deberíamos dejar que los intereses políticos dejen a un lado las necesidades de la ciudadanía. Como sociedad civil, esperamos la suficiente madurez de quienes nos gobiernan como para entender que deben ocuparse de resolver los problemas reales, como la falta de financiación, o el déficit de profesionales, en lugar de preocuparse por utilizar una etapa tan dolorosa para destruirse entre ellos, olvidando el servicio que la política debe dar al conjunto de los ciudadanos de un país.
- Al respecto, la imagen de las residencias siempre en tela de juicio... ¿quién tiene que hacer algo para solucionar este problema de percepción en la sociedad y los medios de comunicación generalistas?
Mejorar la imagen de las residencias, que sin duda salió más tocada aún después de la pandemia, es una responsabilidad compartida por toda la sociedad. No obstante, diría que tienen una especial responsabilidad los medios de comunicación y los representantes políticos por el altavoz del que disponen. Es necesario que se haga un uso responsable del discurso que acompaña a todo lo que tiene que ver con las personas mayores en general y los servicios de cuidados y las residencias en particular. En este contexto la información es fundamental.
Existe mucho desconocimiento sobre el sector y esto no ayuda; por lo que debemos hacer todos el esfuerzo de darlo a conocer, ponerlo en valor y transmitir una imagen fiel de su aportación. En este momento hay miles de profesionales atendiendo a las personas usuarias de nuestros servicios de manera impecable. Eso pasa cada día. Eso no se cuenta (casi) nunca.
Un discurso recurrente que pone en tela de juicio a los servicios de cuidados no hace más que entorpecer los objetivos que nos planteamos para la sostenibilidad y la calidad del sistema, pues difícilmente atraerá a los profesionales necesarios para poder ofrecer el mejor de los servicios.
- ¿Cómo cree que está afrontando el sector la implementación de nuevas tecnologías?
Creo que el sector se está adaptando perfectamente a las oportunidades que está ofreciendo la tecnología y que está siendo pionero en muchos aspectos relacionados con el uso de la tecnología para el apoyo a la vida diaria de las personas, así como para la prevención de la dependencia y vigilancia de la salud. En este sentido, el servicio de teleasistencia avanzada, se está desarrollando a un ritmo muy importante siendo capaz de cubrir cada vez un número mayor de necesidades.
Por otra parte, la tecnología se convierte en una herramienta fundamental para el buen aprovechamiento del capital humano existente en los distintos servicios y para la agilización de muchos trámites y gestiones, que permite que las personas puedan dedicarse a cuestiones en los que aportan más valor.
- ¿Cree que la Inteligencia Artificial tiene su sitio en la atención geroasistencial?
Por supuesto que sí. La integración de la Inteligencia Artificial en el sector de los cuidados permitirá, por un lado, disponer de información predictiva que permita anticiparnos en la atención de las personas usuarias y, por otro lado, analizar las tendencias que permitan la planificación eficaz y sostenible de los recursos. De la misma manera, toda aplicación de tecnología que permita automatizar y agilizar el análisis de la información y los datos, permitirá que los profesionales aportemos mayor valor en el proceso de toma de decisiones en los planes de cuidados.
- Como se dice en términos radiofónicos: minuto y resultado, ¿cómo va la negociación del Convenio Colectivo?
El VIII convenio estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal está vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. En este sentido, destacar que cada vez toman más protagonismo convenios colectivos autonómicos en los que sí estamos trabajando.
- Como siempre: ¿cómo ve el sector dentro de 5 años? ¿Y de 10?
Es fundamental que avancemos los próximos años en dar pasos firmes en garantizar la sostenibilidad del sistema de los cuidados con una apuesta clara por la colaboración público-privada, y donde se priorice políticamente este sector posicionándolo como un sector estratégico y esencial para el enriquecimiento social y económico del país. Solo de esta manera podremos avanzar y solventar las dificultades que existen hoy día, dificultades que vienen dadas sobre todo por el incremento de los costes de los servicios, la falta de financiación, el déficit de profesionales en el sector y la proyección inadecuada de la imagen del sector, haciendo para las entidades prestadoras, estos servicios inviables.
Si revertimos esta situación desde hoy, eliminando la ley de desindexación de los servicios esenciales como son los nuestros, se reconoce por parte de las administraciones públicas el impacto que tanto el SMI como las reducciones de jornada tienen y van a tener en los próximos años en el sector, se incrementa la financiación, se integran servicios, se deja de demonizar las residencias y se replantea el acuerdo de acreditación haciéndolo sostenible, entre otros, en relación con la ratio de profesionales que exige y dotándolo de financiación, tendremos dentro 10 años un sector mucho más sólido. El mayor reto es sin duda convertirlo así en un sector reconocido socialmente y atractivo al que las nuevas generaciones se quieran acercar.