La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales destaca que 47.201 personas han fallecido (29.453 dependientes con derecho y 17.748 pendientes de valorar) estando en las listas de espera de la dependencia en lo que va de año, según el último MoMo elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales en el que se analiza la mortalidad de las personas del Sistema de Atención a la Dependencia y teniendo en cuenta los datos hasta el mes de octubre de este año en el SAAD.
En una nota, asegura también que 160 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley y subraya que después de casi un año del pacto de gobierno, el Ministerio de Derechos Sociales no ha incrementado ni en un solo euro, la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia.
Además, esta asociación apunta "se está abandonando sin atenciones a las 376.707 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento".
De esta información, insisten, se obtienen estos resultados:
Apnta, igualmente, que el impacto del Covid -19 en el Sistema de atención a la Dependencia ha sido catastrófico, retrocediendo en los indicadores importantes y generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y sus familias:
Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, "cuando nos acercamos al primer aniversario del nuevo gobierno y a los 15 años de la Ley de Dependencia, lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, es preciso adoptar medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país".
Señalan que "el vicepresidente segundo del gobierno y ministro de derechos sociales debería convocar urgentemente el Consejo Territorial para proponer un incremento inmediato de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia cumpliendo con lo acordado en el pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de Presidentes Autonómicos (2017)". De la misma manera que se ha invertido en todos los sectores, "es inexplicable que se abandone a las personas más vulnerables (una vez más) y no se incremente la financiación de la atención a la dependencia", insisten.
Entienden que esta financiación debe comprometer a los Gobiernos Autonómicos a acometer las reformas de su normativa necesarias para agilizar los trámites y eliminar las listas de espera. Es necesario simplificar y unificar los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones,…) para agilizarlos y permitir así que puedan dar respuestas inmediatas en esta crisis. Deben, además, aplicarse medidas de suspensión temporal y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resoluciones administrativas.
El comunicado de los responsables de servicios sociales concluye con que "los servicios sociales son una inversión, imprescindibles para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables de nuestro país, y más en estos momentos. El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes".