José Luis Pareja (Lares): "¿Son necesarias las residencias? Por supuesto. Si no lo fueran, no existiría lista de espera"

El presidente nacional del Grupo Social Lares, José Luis Pareja, ha destacado nuevamente la escasez de personal, especialmente enfermeras, atribuyéndola a una "crisis de condiciones" más que de vocaciones, donde los bajos salarios y la exigencia del trabajo son factores clave. Asimismo, subraya la insuficiencia de los 783 millones de euros destinados a la Dependencia en 2025 porque, aunque necesaria, no cubre las necesidades reales y debería invertirse directamente en ampliar la cobertura de plazas para las personas mayores, no en los centros.

La verdadera solución, reitera el responsable de la entidad sin ánimo de lucro referente en el Tercer Sector de Acción Social en España, pasa por un Pacto Nacional por la Dependencia que garantice la atención a largo plazo y que "no se deje a nadie fuera".

Pareja también aborda la paradójica falta de unas 30.000 plazas residenciales a nivel nacional, mientras que existen centros vacíos debido a la desigualdad en la distribución geográfica. Además, critica el concepto de "desinstitucionalización" por considerarlo irrealizable. "¿Son necesarias las residencias? Por supuesto. Si no lo fueran, no existiría lista de espera", argumenta.

Expone el grave problema del absentismo laboral, el más alto en España, que considera un síntoma del desgaste físico del personal y la falta de consideración de sus necesidades, como la jubilación anticipada, exigiendo un mayor reconocimiento para un sector que califica como el "cuarto pilar del Estado del Bienestar".

Pareja insiste en que, si bien se valora positivamente la idea de la reducción de jornada, su implementación sin un coste asumido por el Estado sería insostenible para los centros, que ya afrontan la atención de personas sin recursos. La tecnología, aunque bienvenida como complemento para mejorar la calidad de vida y el trabajo, no debe sustituir el contacto humano y debe ser accesible para todos los centros, sin importar su naturaleza.

Pero el presidente de Lares lo explica todo con detalle en esta entrevista:

1.- ¿Cómo se gestiona una residencia sin manos?

Te refieres a la ausencia de personal. Es un problema que empieza a ser endémico, especialmente en ciertas categorías profesionales, y hablo, en primer lugar, del personal de enfermería. Todo el mundo asume que las enfermeras son fundamentales para cuidar a las personas mayores. El sistema sanitario lo tiene muy claro, tanto que cuando nos intervinieron en la pandemia, se insistió en que eran imprescindibles. Pero ese mismo sistema se las lleva en verano, o por otros motivos.

Evidentemente, los salarios tienen mucho que ver. Pero también estamos empezando a notar la falta de otras figuras, como los gerocultores. También hay dificultades para encontrar fisioterapeutas. De momento, no estamos ante una alerta roja generalizada, pero sí en alerta amarilla. Y dependiendo de la zona —hablo desde la presidencia nacional, no de mi centro ni de Granada— empieza a haber dificultades para contratar profesionales.

Me pregunto: ¿Estamos ante una crisis de vocaciones? Yo diría que estamos ante una crisis de condiciones. Vocaciones, al menos de momento, hay. Esas carreras siguen estando muy demandadas. Pero es verdad que cuidar implica mucho, y no todo el mundo está dispuesto a asumirlo, no solo por el salario, sino porque no les atrae la opción. Así que sí, hay una crisis de condiciones… y también empieza a notarse en las vocaciones.

2.- ¿Son suficientes los 783 millones de euros prometidos por el Gobierno para la Dependencia en 2025?

Es una pregunta interesante. Te diría que son tan insuficientes como necesarios. O tan necesarios como insuficientes. No olvidemos que esta cantidad se viene arrastrando desde hace años. No es una cifra nueva. Ha ido aumentando poco a poco, pero no deja de ser insuficiente si lo que queremos es una atención mínima e igualitaria en todo el territorio español.

Además, esos 783 millones no se reparten simplemente entre comunidades autónomas. Hay unos criterios establecidos, y según ellos, a unas les toca más y a otras menos. Pero en cualquier caso, la aportación del Estado sigue siendo insuficiente para lo que realmente necesita la dependencia.

¿Dónde debería invertirse ese dinero para que tenga un impacto real? El dinero no debe invertirse en los centros, porque no son del Estado. No es como un hospital público al que dotas de recursos directamente. Los centros, en nuestro caso, se equipan muchas veces con proyectos subvencionados vía IRPF, mucha voluntad y mucho cariño.

Ese dinero debe invertirse en las personas mayores. ¿Cómo? Ampliando la cobertura de plazas para que puedan acceder a centros residenciales. Pero la solución no pasa solo por esa aportación económica. La solución real es un Pacto Nacional por la Dependencia. Un acuerdo que defina cuánto se debe aportar, cómo hacerlo y que lo garantice a lo largo de los años. Así no estaríamos cada vez preguntándonos si lo que se ha puesto es suficiente o no.

3.- ¿Cuántas residencias faltan y por qué siguen faltando?

Sabemos que, aproximadamente, faltan unas 30.000 plazas. Pero curiosamente, también hay centros vacíos. Aquí hay un despropósito: por un lado, centros con capacidad sin cubrir; por otro, zonas donde no hay plazas suficientes. Todo depende de la ubicación y de la comunidad autónoma. Pero lo que no podemos permitir es que haya personas mayores sin acceso a una plaza residencial. Eso debería ser un derecho.

Mira, te voy a poner un ejemplo: ¿Te planteas que tu hija no tenga plaza en el colegio, estando preparada para entrar? No, claro. ¿Por qué no te lo planteas? Porque tiene derecho a la educación. Entonces, ¿qué pasa con las personas mayores? ¿Por qué no tienen derecho a acceder a un recurso imprescindible para su cuidado? Deberían tenerlo. Esa es la clave.

Hablamos mucho de personas mayores, pero hemos relativizado su situación. El problema no es solo que falten residencias, sino que no se reconozca el acceso como un derecho, como sí ocurre con otros grupos de población. Eso es lo que duele. Esa es la pena.

4.- Desinstitucionalización: ¿avance social o eslogan sin estructura?

Cuando hablé en su momento con la secretaria de Estado, me dijo que era una forma de generar conciencia, de crear una corriente de opinión. Creo que son conscientes de que el plan de desinstitucionalización es irrealizable.

Es un plan absurdo, que mezcla colectivos muy diferentes: personas sin hogar, jóvenes y personas mayores. Lo que busca el grupo político que está detrás de la reforma de la ley —que es el mismo que impulsa este concepto— es generar opinión pública favorable para mantener su cuota de participación, su nicho de votos.

El problema está en haber utilizado un concepto que es un despropósito. Todos estamos de acuerdo en que quien quiera permanecer en su casa debe poder hacerlo. Pero partimos de una premisa equivocada si pensamos que el domicilio de una persona mayor es, por defecto, el mejor lugar para vivir.

No olvidemos lo que ocurrió, por ejemplo, con la DANA. Hubo personas mayores que vivían en viviendas con ascensor, pero cuando se fue la luz se quedaron completamente aisladas, sin poder subir ni bajar. No todo el mundo quiere vivir donde está. Si de verdad hablamos de que la persona mayor elija, deberíamos ser coherentes: hay mayores que viven en ciudades y desearían pasar sus últimos días junto al mar. Y eso no se garantiza, ¿verdad?

Este concepto, en mi opinión, se utilizó mal desde el principio.

¿Son necesarias las residencias? Por supuesto. Si no lo fueran, no existiría lista de espera. Es muy simple: hay demanda, por tanto, hay necesidad. El problema no es que falten residencias, sino que avanzamos hacia otras formas de atención sin haber resuelto las necesidades actuales.

De hecho, la directora general del IMSERSO me confesó que saben que es un concepto que no quieren dejar de usar, porque tiene tirón. Es un mensaje para la galería que, además, debemos reconocer que tiene cierto impacto.

Yo he debatido mucho con el anterior presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro, que fue muy firme en su defensa del modelo. Él mismo reconocía que había errores graves de cálculo, ejecución y concepción en lo que se estaba planteando como alternativa.

5.- Convenio colectivo: ¿se avanza, se estanca o se repite curso?

En principio, la voluntad de todas las partes es que, a partir de diciembre, podamos comenzar la negociación del nuevo convenio colectivo. Pero no se trata solo de sentarse y decidir. Antes hay que pasar por una serie de prolegómenos importantes. Ahora mismo no te puedo decir cómo va a transcurrir.

Este convenio finaliza el próximo 31 de diciembre. A partir de ahí, se iniciará el proceso de configuración de la mesa de negociación, tanto con la parte empresarial como con la sindical. Va a ser un tema importante.

Además, ya hay organizaciones que están planteando si tendría sentido negociar por separado para residencias, centros de día o servicios de ayuda a domicilio. Son cuestiones que no puedo concretar aún, pero que sin duda marcarán las bases de la negociación. Me imagino también que, como suele ocurrir, serán los sindicatos los que presenten su plataforma reivindicativa con los puntos que quieran negociar.

Hay que reconocer, además, que en algunas comunidades autónomas ya existen convenios colectivos aplicables a nivel autonómico que mejoran lo que establece el convenio marco estatal. Supongo que esas mejoras también se intentarán incorporar, en la medida de lo posible, a los nuevos convenios.

6.- ¿Cree que se consolidará la reducción de jornada? Si fuese así, ¿cómo lo afrontaría la patronal que preside?

Quizás tengo un defecto, y es que me gusta ser pragmático. Ahora mismo, personalmente, no veo fácil que esa medida pueda aprobarse. Y como no lo veo probable, tampoco me pongo a pensar qué puede pasar. Si finalmente se aprueba, es un tema complejo. En nuestro sector, con horarios continuos como los de los centros residenciales, no es lo mismo aplicar una reducción de jornada que en otros ámbitos con horarios partidos o discontinuos.

En nuestro caso, si el Estado no asume los costes derivados de esa reducción, el impacto sería muy fuerte. Aun así, desde Lares valoramos positivamente la idea. Que los trabajadores —que tienen un empleo muy exigente— puedan tener una jornada anual más relajada, no solo les beneficia a ellos, sino que mejora la calidad de la atención a las personas mayores. Y eso es prioritario para nosotros.

El problema vendría si esa carga económica la tuvieran que asumir los centros, cuando ya estamos asumiendo, desde hace tiempo, lo que ni siquiera cubre el Estado: personas con necesidades urgentes y sin recursos. En ese escenario, sería un golpe muy duro.

Y además, ni siquiera está claro cómo se va a calcular esa reducción. Fíjate, la última vez que se hizo una modificación fue en 1983, cuando se pasó de 42 a 40 horas semanales. Y no fue el Gobierno quien lo impuso, sino una negociación entre agentes sociales. Entonces se fijó en 1.825 horas anuales, casi con media hora ajustada.

Por eso digo que el Gobierno lanza propuestas que suenan bien, como reducir la jornada, pero detrás hay una complejidad enorme que requiere reflexión seria y rigurosa. Reducir la jornada en este sector no es como en una oficina o un concesionario, donde puedes cerrar antes o abrir más tarde. Aquí damos servicio las 24 horas, y cualquier cambio tiene un impacto directo en todo el personal.

7.- Absentismo laboral: ¿problema estructural o síntoma de un sistema que no cuida al que cuida?

Esa es una pregunta muy interesante porque va más allá de lo evidente. Estamos en un sector duramente castigado por el absentismo. De hecho, somos el que presenta mayor índice de absentismo en comparación con todos los sectores productivos del país. Incluso por encima del sector comercial o industrial.

Este elevado absentismo es síntoma de dos cosas. La primera: el sector residencial hace veinte años era incipiente, pero ya ha pasado tiempo y muchas trabajadoras que empezaron entonces hoy tienen 40, 50 o 60 años. Se acumulan los efectos físicos de un trabajo exigente, con lesiones musculoesqueléticas y desgaste.

Segundo: no entendemos por qué se ha concedido la jubilación anticipada a camareras de piso, lo cual es excelente, pero no se ha planteado para las cuidadoras del sector residencial. No solo lo defendemos, es que lo exigimos. No tiene sentido que no se aplique también aquí.

Y claro, si a eso le sumas que cada vez cuesta más encontrar personas que quieran incorporarse al sector, se rompe la cadena. Antes, cuando alguien se daba de baja, era más fácil sustituirla. Hoy no. Y esa dificultad agrava aún más el problema.

Este absentismo empieza a ser estructural. Por eso, desde la patronal, lo que pedimos es que se facilite el acceso a los profesionales y que haya una mayor inversión. Este sector es el cuarto pilar del Estado del Bienestar, y debe ser tomado en serio por el Gobierno y por todos los gobiernos autonómicos.

8.- ¿Faltan manos o faltan alicientes?

Faltan manos, sí. Pero no es solo una cuestión de motivación o de incentivos. Tiene que ver también con la estructura de la población. Yo soy del baby boom, y mi generación es la que está ahora en el centro del tema de los cuidados. La generación anterior, la que estaba por encima de la mía, cuidaba en casa, en su domicilio, y ahora ya no puede. Y la generación posterior, en parte, no está dispuesta a cuidar como antes, porque ya no existe ese modelo de cuidados vecinales o familiares que cubrían muchas necesidades.

La pandemia también ha acelerado esta situación. Hoy, no hay suficientes personas disponibles para hacerse cargo de esa tarea. Por eso faltan manos, pero también es verdad que los alicientes no ayudan: los salarios son bajos, la carga emocional es muy alta, y el reconocimiento es escaso.

Nuestras trabajadoras hacen un trabajo durísimo, con un nivel de exigencia tremendo. No solo desde lo laboral, sino desde lo moral. Cuidan a diario, con una responsabilidad constante: que si a mi madre no la han duchado, que si tiene un arañazo, que si la han movido mal… Es una presión enorme.

Y no es lo mismo que trabajar en un supermercado, donde un error puede ser cobrar mal o etiquetar mal un producto. Aquí, un pequeño error al movilizar a una persona puede tener consecuencias graves: una herida, una úlcera… Eso marca la diferencia.

9.- ¿La IA puede cuidar?

Yo prefiero que sea la inteligencia natural, y no solo la artificial, la que cuide. La inteligencia artificial tiene sentido si está al servicio de las personas. ¿Puede ser un sustitutivo? En casos muy excepcionales, sí. Pero no puede ser la norma.

A veces lo explico con un ejemplo muy gráfico: imagina un bebé de tres meses, alimentado por un robot con un pecho mecánico. En una situación extrema, pero quizá sea necesario. ¿Vamos a convertir eso en algo habitual? No, claro. Pues con las personas mayores pasa lo mismo. No podemos dejar que un robot sustituya al contacto humano, al vínculo.

La diferencia entre nuestros hijos y las personas mayores a las que cuidamos nos obliga a diseñar planes diferentes. Y sí, la IA puede tener un papel importante. Ojalá llegue el día en que la inteligencia artificial sea capaz de erradicar el Alzheimer. Ahí sí tiene todo el sentido. Ya se está utilizando en sanidad, y si sirve para dar pasos de gigante contra el deterioro cognitivo, bienvenida sea. Pero insisto: como instrumento al servicio de las personas.

Sustituir al cuidador… eso me cuesta. Se me parte el alma cuando veo que un robot le dice “buenos días” a una persona y esta responde: “me siento muy contento porque me está ayudando mucho”. Me cuesta. Y no porque me oponga a la tecnología: la tecnología puede y debe complementar, facilitar.

10.- ¿Hay miedo a que la tecnología sustituya o esperanza de que complemente?

Con conocimiento y con cabeza, la tecnología debe facilitar la vida de los residentes y los trabajadores. Por ejemplo, los sensores de presión que detectan si una persona se levanta, o los que alertan de una arritmia mientras duerme, eso me parece maravilloso. O las luces inteligentes que ayudan a los profesionales a ver bien sin molestar a la persona usuaria. Todo eso es útil, bienvenido.

Pero no todos los centros tienen acceso a esa tecnología. Depende de los recursos, y ahí se marca una gran diferencia entre centros mercantiles y centros del tercer sector. En el tercer sector hemos cuidado siempre, pero cada vez nos están desplazando más. No por culpa de las mercantiles, sino por un gobierno que no entiende el papel fundamental que tenemos.

En este país entendemos muy bien la diferencia entre centros educativos públicos, privados y concertados. Pero eso no se traslada al ámbito residencial. En educación, el centro concertado tiene un rendimiento ajustado y está gestionado muchas veces por entidades sociales. El centro privado de élite, en cambio, funciona con otra lógica. Pues en residencias pasa lo mismo.

Un centro de 55 plazas en un pueblo, gestionado por una congregación religiosa o una fundación, no tiene los mismos recursos que una residencia de un gran grupo en una capital. Los sillones no son los mismos. Las camas articuladas tampoco. Ni los mecanismos de detección de caídas. Porque el acceso a la tecnología es desigual. Y en el tercer sector dependemos de fondos públicos que muchas veces llegan tarde o no llegan.

11.- Si mañana tuvieran línea directa con el presidente del Gobierno, ¿qué le pedirían en nombre del sector?

Depende de si la conversación fuera pública o privada, porque no es lo mismo. Pero, en cualquier caso, lo primero que le pediría es algo muy claro: que no deje a nadie fuera. Que no pongamos en la calle a una víctima, que no abandonemos a una persona mayor por no tener plaza o recursos. Y que reconozca el valor del sector de cuidados como lo que es: un pilar imprescindible del Estado del bienestar.

En realidad, lo que le pediría es algo que ya hemos planteado en muchas ocasiones: un Pacto Nacional por los Cuidados. Esa es la gran reivindicación. Un acuerdo transversal, a nivel político y territorial, que blinde la atención a las personas, no solo mayores, también dependientes, con discapacidad, en situación de vulnerabilidad. Lo pedimos desde hace tiempo, y los propios políticos reconocen que es necesario. Pero no llega.

Nota: por error, en el título del boletín enviado este jueves a los suscriptores se anuncia que faltan 30.000 residencias cuando, como se puede leer en esta información, lo que faltan son 30.000 plazas residenciales. Perdón.