Al respecto de la reciente publicación de una lista de residencias de mayores sancionadas en los últimos cinco años en la Comunidad de Madrid, la FED considera que su difusión puede provocar innecesariamente una alarma entre las personas mayores y sus familiares.
La Federación Empresarial de la Dependencia aclara en un comunicado que "la transparencia no tiene que estar reñida con la alarma social creada con la publicación de esa noticia, con unos datos tan básicos y escuetos que hacen dudar del buen hacer de los centros. Los motivos tan generales esgrimidos en la noticia, inducen a magnificar unos hechos que en la mayoría de los casos son considerados como Falta Leve".
De esta forma, FED apuesta por la transparencia en el sector, pero incluyendo a todos los operadores, sean públicos o privados y explica: "Las exigencias de la Consejería de Política Social cada vez son mayores y obligan a un trabajo administrativo cada vez mayor, que va en detrimento de la atención directa a los dependientes y todo ello sigue sin estar reconocido en los reducidos precios de concierto". Recuerda que este precio de concierto se sitúa en torno a 52 euros por plaza y día, lo que supone menos de un tercio de los 170 euros que cuesta una plaza residencial de gestión pública.
Así, esta federación empresarial insiste en que "para que sea transparente el proceso, el público debe conocer cuáles son los criterios de inspección y en las Actas deberán quedar reflejadas tanto las deficiencias, si las hubiere, como los puntos fuertes, inversiones, innovación, formación continua del personal y mejoras realizadas". Lamenta la FED que "todo esto último no se refleja nunca en la actas".
"Se deben reflejar también las cosas buenas. Que sea una foto del centro, pero también con las cosas buenas", ha subrayado a Dependencia.info el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, que añadía: "Tendremos que ir a criterios objetivos. No vale que el inspector decida si el mobiliario ya está amotizado y hay que cambiarlo. Ese es un criterio muy subjetivo. Nosotros pedimos algo con luz y taquígrafos".
Por todo ello, la FED ha solicitado una entrevista con el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, para poder explicarle su punto de vista. Entiende esta entidad que "la colaboración público privada es esencial en esta área y la FED se brinda a participar en la definición de los criterios básicos que aporten la necesaria transparencia, la
información objetiva para el conocimiento general de nuestro funcionamiento y sin alarma social alguna".
Por tanto, sobre estos criterios, Fernández-Cid ha explicado que, "sean los que sean, tendrán que ser criterios objetivos y que no induzcan a una alarma social" y tiene claro que "lo que no se puede hacer es meter en el mismo cajón de sastre a peras, limones y manzanas".
El responsable de FED ha insistido en la igualdad, en que se inspeccione a centros públicos y privados: "Si vamos a una norma en laque somos todos iguales, da igual quién es el titular, porque de lo que estamos hablando es del servicio".
Y termina: "Queremos dar un mensaje de confianza a los mayores, sus familias, a las Administraciones Públicas y a la sociedad en general, del compromiso de los más de 245.000 profesionales que trabajamos a diario con los mayores y los dependientes, en más de 5.300 centros residenciales repartidos por toda España. Un sector que está comprometido con la profesionalidad y la transparencia y que representa el cuarto Pilar del Estado de Bienestar".
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