Estoy leyendo una noticia sobre inversión inmobiliaria. Habla del creciente peso de la construcción de centros de datos y… residencias de personas mayores. Me froto los ojos. Sí, he leído bien: ¡Residencias en una noticia junto a centros de datos!
Reconozco que yo vivía preocupado por otra cosa. Por los informes que apuntan que hoy faltan no menos de 75.000 plazas residenciales para alcanzar ese 5 % de cobertura que recomiendan los expertos. Un porcentaje que, si afinamos un poco más y miramos a los mayores de 85 años, sube aproximadamente al 12 %, que es donde de verdad se concentran las personas que viven en residencias.
Así que, por un momento, pienso: si la inversión inmobiliaria se ha fijado en el sector, estamos salvados. Ya era hora. El mercado ha visto la oportunidad. El problema parece acercarse a la solución.
Sigo leyendo la noticia con más calma. Y entonces saco la calculadora.
Recuerdo un dato que circula desde hace tiempo y que nadie discute seriamente: construir y equipar una residencia nueva, cumpliendo todos los requisitos actuales, cuesta en torno a 100.000 euros por plaza. No hablo de lujo. Hablo de metros, instalaciones, distribución en unidades de convivencia, accesibilidad, sistemas de seguridad, equipamiento… todo lo que hoy se exige, y lo que los operadores consideran necesario.
La noticia dice que en 2024 se invirtieron 404 millones de euros en residencias y proyectos de senior living. Así, todo junto, bien mezclado. La cifra impresiona. Hasta que uno divide.
No me hace falta la calculadora para hacerlo, pero la saco igual. 404 millones entre 100.000 euros por plaza. El resultado son unas 4.000 plazas. O algunas menos, si parte de ese dinero no ha ido a residencias “clásicas” sino a senior living, que juega en otra liga y responde a otras necesidades.
Mi gozo en un pozo.
Porque hay otro dato que conviene no perder de vista: en España, cada año se incorporan netamente en torno a 60.000 personas al grupo de mayores de 85 años, una vez sumados quienes alcanzan esa edad y restados quienes fallecen. Y, como ya he dicho, es precisamente en ese tramo donde se concentran las necesidades residenciales.
Dicho de otra forma: con una inversión de 404 millones de euros no solo no reducimos el déficit acumulado de plazas, sino que ni siquiera alcanzamos a cubrir el aumento anual de la necesidad. Las cuentas no salen. Nunca han salido.
Por eso esas 4.000 plazas nuevas casi no cambian el panorama. No corrigen el déficit. No alivian las listas de espera. No frenan la subida del precio de las plazas privadas, empujada por un desequilibrio cada vez mayor entre oferta y demanda, o mejor dicho, entre oferta y necesidad.
Seguimos, básicamente, como estábamos. O un poco peor.
Mientras tanto, nuestros gobernantes parecen instalados en el sueño de la desinstitucionalización. Un sueño cómodo, barato en el discurso y muy caro en las consecuencias. Porque la realidad es tozuda: hay personas que necesitan cuidados intensivos, continuados, las 24 horas. Y esos cuidados, hoy por hoy, se prestan en residencias. Nos gusten más o menos. Nos incomoden más o menos.
De fondo suena la misma letanía de siempre, la música “anti prestación privada”, como si el problema fuera quién construye o gestiona, y no cuántas plazas existen y quién puede acceder a ellas. Y en el horizonte se dibuja un nubarrón inquietante: miles de personas que necesitarán una residencia y no podrán acceder a ella porque, sencillamente, no existirá.
No porque no tengan derecho.
No porque no la quieran.
No porque no puedan pagarla.
Sino porque no habrá cama.
En los tres primeros trimestres de 2025, según la propia noticia, en España se han invertido 12.900 millones de euros en construcción. Así que, ya que he sacado la calculadora, decido seguir usándola.
Si construir y equipar una plaza residencial cuesta en torno a 100.000 euros, levantar las 75.000 plazas que, como mínimo, necesitamos supondría una inversión de 7.500 millones de euros. Mucho dinero, sí. Pero claramente menos del que ya se está moviendo en el sector de la construcción.
O sea que el dinero está. Lo que falta es atraerlo hacia donde hace falta. Con reglas claras y un sistema de colaboración público-privada que se mantengan en el tiempo, con seguridad jurídica, con discursos menos hostiles y con una mínima coherencia entre lo que decimos que nos preocupa como sociedad y lo que realmente facilitamos.
Dejo para otro día otro escenario, algo más distópico: aquel en el que conseguimos construir todas las residencias que necesitamos… y no podemos abrirlas porque no encontramos personal cualificado y dispuesto a trabajar en ellas. Un paisaje distinto, pero con el mismo telón de fondo. Siempre hay nubarrones en el horizonte.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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