Un total de 32.704 personas fallecieron en 2025 mientras esperaban ser valoradas o atendidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Esto significa que cada 16 minutos muere una persona en las listas de espera de la dependencia en España.
Así lo recoge el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza la evolución del sistema durante el último año y cuyo informe completo —junto con el informe global, la aplicación de la Escala y los informes de cada comunidad autónoma— puede descargarse en la web de directoressociales.com.
El informe señala que solamente seis comunidades autónomas aprueban el dictamen del Observatorio, en un contexto en el que aumenta el número de personas atendidas pero se consolida un sistema que los autores califican como low cost.
La inversión total del Sistema de la Dependencia alcanzó en 2025 13.506,6 millones de euros, la cifra más alta hasta la fecha. Sin embargo, esta cantidad representa el 0,8% del PIB, aproximadamente la mitad de lo que dedican de media los países de la Unión Europea.
Más de 258.000 personas siguen esperando atención
A finales de 2025 258.167 personas estaban a la espera de ser atendidas en alguna de las fases del procedimiento. Con el ritmo de reducción registrado durante el último año, el informe estima que serían necesarios más de diez años para alcanzar la plena atención.
Durante el mismo periodo, 1.784.369 personas tenían reconocida su situación de dependencia, y 158.618 personas más fueron atendidas a lo largo del año.
El dictamen también señala que el tiempo medio de resolución desde la solicitud hasta la resolución del expediente fue de 341 días, siete más que el año anterior.
Desigualdades entre territorios
El análisis mantiene que persisten importantes diferencias entre comunidades autónomas en el desarrollo del sistema.
En la Escala del Observatorio, Castilla-La Mancha y Castilla y León obtienen las mejores puntuaciones, con 8,25 y 7,5 puntos respectivamente.
En el extremo contrario se sitúan Extremadura, con 2,25 puntos, y Ceuta y Melilla, con 2,5 puntos.
Financiación estatal paralizada tras el Plan de Choque
El informe recuerda que en 2024 el Gobierno de España paralizó el incremento de 600 millones de euros ex novo que el Plan de Choque había impulsado durante los tres años anteriores (2021-2023).
Según el Observatorio, esta reducción en el crecimiento de la financiación estatal ha tenido consecuencias en el desarrollo del sistema. Aunque el número de personas beneficiarias ha seguido aumentando, se han limitado las prestaciones y servicios disponibles.
Aumento del gasto en 2025
A pesar de la paralización del incremento presupuestario estatal en el nivel acordado, en 2025 el gasto total aumentó en 159 millones de euros. Este incremento se produjo por la obligación del Ministerio de asumir el nivel mínimo de financiación ante el aumento del número de personas atendidas.
A esta cifra se sumaron 121 millones de euros distribuidos entre las comunidades autónomas mediante el suplemento de crédito para financiar el nivel acordado de la dependencia establecido en el Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre (Ley ELA).
Además, se destinaron 96 millones de euros adicionales para cubrir las cuotas de Seguridad Social de cuidadoras no profesionales.
Con estas partidas, la inversión total del sistema alcanzó los 13.506,6 millones de euros, el máximo registrado hasta ahora, aunque sigue representando solo el 0,8% del PIB, la mitad del promedio de los países de la Unión Europea.
El sistema amplía su cobertura poblacional
Con este presupuesto, el Sistema de Atención a la Dependencia mantuvo en 2025 una tendencia de crecimiento en su alcance poblacional.
Durante el último año se registraron:
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158.618 personas atendidas más
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147.612 personas más con situación de dependencia reconocida
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160.667 solicitudes adicionales
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179.286 resoluciones de grado más
Impacto en el empleo y retornos económicos
El dictamen también analiza el impacto económico del sistema.
Por un lado, la generación de empleo aumentó ligeramente, pasando de 39,3 a 39,8 empleos generados por cada millón de euros de inversión pública.
Por otro, la tasa de retornos al Estado a través de impuestos y cotizaciones —impuesto de sociedades, cuotas a la Seguridad Social o IRPF— descendió del 40,1% al 39,2%, el nivel más bajo de los últimos cinco años.
El informe atribuye ambos fenómenos al aumento de casi un 16% en las prestaciones económicas para cuidadoras familiares frente a los servicios profesionales.
Más de diez años para acabar con las listas de espera
Según el Observatorio, la burocracia y el escaso desarrollo del sistema en tres comunidades autónomas han impedido cumplir el objetivo del Plan de Choque del Ministerio de Derechos Sociales.
Como consecuencia, hay 6.461 personas más en el llamado limbo de la dependencia.
El año 2025 finalizó con 258.167 personas esperando algún trámite del procedimiento, lo que supone 12.158 menos que al inicio del año.
De ellas:
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148.907 personas tenían el derecho reconocido pero estaban pendientes de recibir atención, 6.441 más que el año anterior.
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109.260 personas seguían pendientes de valoración, 18.619 menos que un año antes.
Fallecimientos en las listas de espera
Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 fallecieron 32.704 personas que se encontraban en las listas de espera del sistema de dependencia.
De ese total:
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17.994 personas estaban pendientes de la resolución de su grado de dependencia.
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14.710 habían obtenido el reconocimiento de la dependencia pero no habían podido ejercer sus derechos ni recibir atención.
El informe señala que estas personas no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron sin haber podido ejercer los derechos reconocidos por la ley.
El Observatorio recuerda que cada 16 minutos fallece una persona en España dentro del laberinto burocrático de la Ley de Dependencia.
En los 19 años de funcionamiento del sistema, más de 4 millones de personas han recibido atenciones, mientras que alrededor de 900.000 personas han fallecido en las listas de espera.
Un sistema de bajo coste
El dictamen concluye que los procedimientos burocráticos, las cuantías reducidas de las prestaciones, la baja intensidad de los servicios y las limitaciones en las compatibilidades configuran un sistema de atención a la dependencia que los autores califican como low cost.
A estos factores se suman la financiación insuficiente y las desigualdades territoriales en el desarrollo del sistema.
Según el informe, ni siquiera el incremento de financiación registrado entre 2021 y 2023 con el Plan de Choque ha impedido que el sistema se desarrolle bajo este modelo, caracterizado por prestaciones económicas y servicios de baja intensidad que no responden plenamente a las necesidades de las personas en situación de dependencia.
El ejemplo de la teleasistencia
El Observatorio destaca como ejemplo el caso del servicio de teleasistencia.
En España 66.246 personas beneficiarias del Sistema de la Dependencia reciben como única prestación la teleasistencia, 273 más que en 2024.
De estos casos, cuatro de cada diez (41%) se concentran en la Comunidad de Madrid, con 27.137 personas.
El peso de las prestaciones para cuidados familiares
Otro dato destacado del informe es que el 44,6% de las personas beneficiarias del sistema reciben la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
Actualmente 735.889 personas perciben esta prestación, cuya cuantía media mensual es de 264,55 euros.
Por grados de dependencia, las cuantías medias son:
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172,6 euros al mes para Grado I
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277,7 euros al mes para Grado II
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385,1 euros al mes para Grado III
Reforma de la ley sin aumento presupuestario
El dictamen también señala que recientemente se ha aprobado un proyecto de reforma de la Ley de Dependencia, pero sin incremento presupuestario y cuando todavía no se han cumplido plenamente los contenidos de la normativa vigente.
El Observatorio reconoce que el proyecto incorpora aspectos positivos, aunque considera necesario incrementar en 1.000 millones de euros la financiación de la dependencia en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Según el informe, este aumento permitiría convertir en realidad esas "buenas intenciones", al tiempo que se exigiría a las comunidades autónomas agilizar los procedimientos para reducir las listas de espera, incrementar las cuantías de las prestaciones y la intensidad de los servicios, y permitir compatibilidades entre recursos.
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