La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha comunicado que las compañías dedicadas a la atención de personas mayores y dependientes tienen capacidad para emplear a 160.000 de los ciudadanos inmigrantes que formen parte del proceso de regularización. Esta propuesta surge en un escenario condicionado por la carencia de personal cualificado y el desafío demográfico que atraviesa España, factores que comprometen la viabilidad del sistema de cuidados a largo plazo.
Para la organización empresarial, la medida impulsada por el Gobierno se produce en un instante crítico para la sostenibilidad del modelo de atención. FED sostiene que este debate supera la gestión migratoria para convertirse en una cuestión estratégica sobre la capacidad del país para reforzar los servicios de calidad y asegurar la cohesión social en una población envejecida.
Según la patronal, la regularización de aproximadamente 500.000 personas representa una "oportunidad país" al conectar la urgencia laboral del sector con la creación de puestos de trabajo estables.
Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED, destaca el potencial de esta iniciativa pero advierte sobre la necesidad de cualificación: "Podemos ofrecer empleo real a 160.000 personas y contribuir a reforzar un sector esencial, pero regularizar no equivale automáticamente a profesionalizar. Para que esta oportunidad funcione es imprescindible formación, acreditación profesional y seguridad jurídica".
La patronal incide en que un proceso bien gestionado permitiría transformar puestos de trabajo informales o frágiles en empleos con contratos estables y derechos laborales. Esta transición no solo dignificaría el sector y mejoraría la estabilidad de las plantillas, sino que garantizaría una mejor trazabilidad y calidad en la atención prestada a los usuarios y sus familias.
El reto de la profesionalización en el cuidado
El impacto de esta incorporación de trabajadores sería especialmente notable en áreas con vacantes persistentes, como son las residencias, la ayuda a domicilio y los servicios comunitarios. La federación recuerda que el aumento de la cronicidad y la dependencia obliga a expandir la capacidad operativa para evitar que la presión asistencial deteriore el servicio.
En este contexto, la formación se posiciona como el eje fundamental. Según indica Fernández-Cid, "en cuidados, la calidad no es un concepto abstracto, es seguridad asistencial. Hablamos de movilizaciones seguras, prevención de caídas, higiene, alimentación o atención emocional. Incorporar trabajadores sin formación suficiente puede generar riesgos tanto para las personas atendidas como para los propios profesionales".
Riesgos y pilares del plan extraordinario
FED avisa de las posibles consecuencias negativas si el proceso carece de rigor, señalando peligros como la saturación administrativa, la precariedad laboral o el incremento de incidencias por falta de competencias. Del mismo modo, la entidad alerta sobre el riesgo reputacional y la polarización social si el asunto no se trata con planificación y datos objetivos.
Ante esta situación, la patronal reclama la puesta en marcha de un plan extraordinario sustentado en tres ejes: empleo formal, formación específica y la utilización del Procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales (PACP). Esta herramienta permitiría convalidar la experiencia previa de los trabajadores en cualificaciones reconocidas oficialmente.
La organización concluye que el déficit de personal es una realidad inmediata que ya impide la prestación de algunos servicios. Al respecto, el presidente de FED sentencia: "La dependencia no tiene un problema dentro de unos años, lo tiene hoy. Hay servicios que no se están prestando por falta de trabajadores. Esta puede ser una solución estructural si se hace bien: regularizar, formar y emplear para reforzar el sistema y garantizar cuidados de calidad".
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