Hace unos días, tras leer que en España se tarda un año de media en acceder a los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia, habiendo muchos casos en los que se supera ampliamente ese plazo, decidí hacer algo que, confieso, no debería haber tardado tanto en hacer: buscar nombres, personas concretas, historias reales que pusieran rostro al drama.
Y lo que encontré no fue solo un puñado de casos aislados. Algunas historias tenían más de diez años, otras eran mucho más recientes. Como la de Antonio, fallecido sin que su ayuda llegara (Cadena SER Córdoba). Como la de Juana, que esperó casi dos años por una resolución para su hermano en estado vegetal (Diario de Sevilla).
Como la de Pedro, que tardó más de cinco años en obtener una atención adecuada para su esposa (El País). O como la de María del Mar, que acabó vendiendo el piso familiar para pagar una plaza en una residencia privada (Civio).
Un mosaico doloroso, una colección de esperas que se eternizan, de silencios administrativos y de muertes que llegaron antes que las ayudas.
El punto de partida para construir un retrato robot del itinerario que recorre, o más bien padece, una persona dependiente en nuestro país es un retrato sin cara que es la suma de muchos. El resultado es un personaje inventado, sí, pero tristemente verosímil. Se llama Dolores de Mohína.
Dolores tiene 83 años. Vive sola desde que falleció su marido, y hace tiempo que no puede salir de casa sin ayuda. Un día, su hija la encuentra en el suelo del baño, tras una caída. No hay fractura, pero sí miedo. Alguien sugiere que podrían pedir la valoración de la dependencia. Su hija pide cita previa con servicios sociales municipales y en tres semanas consigue la primera entrevista. Sale confiada de que en unas pocas semanas empezará a recibir algún servicio.
Primero, al cabo de dos meses de la visita de la valoración de dependencia, una nueva espera y la recepción de la valoración: ¡le conceden el grado II! Eso es bueno ¿no? Quizás lo sea, pero eso no significa que empiece a recibir ayuda. Faltan todavía los trámites del PIA: esperar un tiempo, la asignación del recurso, más espera y su efectividad.
Otros nueve meses. Un año y cinco meses desde la solicitud inicial. Dolores ya no sale de casa. Su hija tiene que reducir su jornada laboral. No hay plaza de centro de día, ni ayuda a domicilio suficiente. Tampoco pueden pagar una residencia.
Durante ese tiempo, Dolores ve morir a su vecina, otra mujer dependiente que también esperaba. La muerte, en este vía crucis, no es la meta: es una curva del camino. A veces llega antes que el socorro. A veces se instala en forma de desesperanza, o de soledad aguda.
Y aunque nadie le haya puesto una cruz a cuestas, Dolores siente que la arrastra: papeleo, esperas, llamadas sin respuesta, funcionarios saturados, promesas incumplidas. El Estado de Bienestar le asegura derechos, pero no prestaciones o servicios.
Este retrato, insisto, es un collage de historias reales. ¿Queremos de verdad dignificar el envejecimiento con dependencia? ¿Valoramos como sociedad el cuidado? Entonces no podemos permitir que Dolores siga esperando. Que mueran 35.000 personas al año sin haber recibido la ayuda que les correspondía no puede ser un error: más bien es una renuncia colectiva.
Por supuesto, la historia tiene otro lado: hay muchas más personas que sí están recibiendo prestaciones y servicios de la Ley que las que mueren esperando; también es cierto que hoy se gasta en dependencia más que nunca. Y, aun así, Dolores de Mohína sigue esperando. Y como ella, decenas de miles de personas reales.
No podemos acostumbrarnos a esto. Viendo como un derecho se convierte en un trámite eterno mientras nos conformamos pensando que las cosas van razonablemente bien y que, en general, tenemos un sistema que funciona.
Todavía no sé cómo termina la historia.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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