España continúa ampliando la brecha entre la oferta de plazas residenciales y las necesidades reales de la población mayor. A comienzos de 2025, el país contaba con 412.109 plazas residenciales para personas mayores, una cifra que supone 17.044 plazas más que el año anterior (+4,3%).
Sin embargo, este incremento resulta claramente insuficiente frente al crecimiento demográfico: en los cuatro años posteriores a la pandemia (2021-2025), la población mayor de 65 años ha aumentado en más de 800.000 personas, mientras que las plazas residenciales solo lo han hecho en 23.075.
El resultado es un sistema cada vez más tensionado, con 339.655 personas viviendo en residencias, 62.634 más que el año anterior (+15,9%), lo que sitúa la ocupación media en el 82,4 % de las plazas disponibles.
Un déficit estructural que no deja de crecer
La elevada ocupación evidencia que las residencias siguen siendo un recurso imprescindible ante el aumento de la longevidad y de las situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración. Sin embargo, el déficit de plazas no solo persiste, sino que se agrava.
Si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, en el último año ese déficit casi se ha duplicado, hasta situarse en 96.916 plazas.
Al menos 50.000 plazas necesarias para atender la dependencia severa
Más allá de la ratio global, los datos de la dependencia reflejan una necesidad inmediata aún más urgente. Atendiendo exclusivamente a la demanda actual no cubierta, serían necesarias no menos de 50.000 plazas residenciales para personas con Dependencia Severa (Grado II) o Gran Dependencia (Grado III).
Según los últimos datos oficiales del IMSERSO (Estadísticas SAAD, noviembre de 2025), hay 32.842 personas en lista de espera con Grado II, 15.686 con Grado III, y 57.091 pendientes de valoración, que previsiblemente obtendrán alguno de estos grados. Aplicando los porcentajes actuales de atención residencial (34 % en Grado III y 21 % en Grado II), la demanda efectiva de una plaza residencial —ya sea concertada o mediante prestación vinculada— se sitúa en 32.241 personas.
A esta cifra se suman 6.652 PIA no efectivos de residencias y 12.070 PIA no efectivos para prestaciones vinculadas a residencias, sin contar las solicitudes de revisión de grado por empeoramiento, que previsiblemente incrementarán la presión sobre el sistema. De ahí la estimación de que serían necesarias al menos 50.000 plazas residenciales adicionales solo para atender la lista de espera de la dependencia.
Ante esta situación, se ha solicitado al Ministerio de Derechos Sociales y a las consejerías competentes de las comunidades autónomas información detallada sobre cuántas personas en situación de dependencia esperan una plaza residencial o una prestación vinculada al servicio, así como sobre los tiempos de espera. Hasta el momento, no se ha recibido respuesta.
Andalucía y Valencia concentran la mayor falta de plazas
El déficit de plazas residenciales presenta un fuerte desequilibrio territorial. Andalucía y la Comunidad Valenciana siguen siendo las comunidades con mayor carencia, con 36.327 y 26.929 plazas, respectivamente. Entre ambas concentran el 65,3 % del déficit total.
En el extremo opuesto, siete comunidades autónomas presentan un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 16.712 plazas por encima de la ratio.
Cinco comunidades registran una ocupación prácticamente total de sus plazas residenciales, con porcentajes superiores al 95 %: Extremadura (con un porcentaje del 100 % considerado poco creíble), Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid.
Por el contrario, otras comunidades muestran niveles de ocupación muy bajos, lo que apunta a una distribución inadecuada de las plazas o a precios inaccesibles para buena parte de la población que las necesita. Entre ellas se encuentran Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana.
Siete de cada diez plazas son de financiación pública
El 71,1 % de las plazas residenciales para personas mayores son de financiación pública, lo que equivale a 292.986 plazas, frente a 119.123 exclusivamente privadas. En este cómputo se incluyen las plazas en centros públicos, las plazas concertadas en centros privados y las financiadas mediante prestación vinculada al servicio.
Desde 2015, tanto el número como el porcentaje de plazas públicas han crecido de forma continuada, hasta alcanzar 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Las comunidades con mayor cobertura pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón, mientras que Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana presentan las menores tasas.
Desinstitucionalización: una estrategia estancada
En 2023, el Ministerio de Derechos Sociales planteó junto a las comunidades autónomas una estrategia de desinstitucionalización orientada a favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su domicilio. De avanzar, esta estrategia reduciría la necesidad de nuevas plazas residenciales y se complementaría con la humanización de los centros mediante un nuevo modelo residencial, en línea con la propuesta formulada por la asociación promotora del informe
https://directoressociales.com/wp-content/uploads/2021/06/Modelo-residencias2021.pdf
Sin embargo, no se han producido avances significativos. Los servicios de atención domiciliaria, especialmente la ayuda a domicilio, continúan mostrando una cobertura limitada: en 2023 alcanzaba solo el 5,8 %, apenas ocho décimas más que antes de la pandemia. Además, la media de horas de atención se sitúa en 23,8 horas mensuales, apenas tres horas más que en 2012.
Estos datos, considerados claramente insuficientes, dificultan el avance real de la desinstitucionalización sin que el coste recaiga sobre las propias personas dependientes o sus familias, con un impacto especialmente negativo en la conciliación y en la vida personal de quienes asumen mayoritariamente los cuidados: las mujeres.
Datos fiables, clave para una planificación racional
La planificación del sistema se ve además condicionada por la falta de referencias estadísticas sólidas. En abril de 2024, el Ministerio de Derechos Sociales publicó el primer Censo de Centros Residenciales en España, dentro del Plan Estadístico Nacional. De forma llamativa, sus datos diferían de manera significativa de los del tradicional Informe Mayores del IMSERSO: frente a las 398.575 plazas del informe, el Censo registraba 323.272 plazas censadas (o 381.514 según estimación).
Pese al compromiso de actualizar el Censo en 2025, dicha actualización no se ha producido. La expectativa es que, cuando se realice, las cifras se acerquen y permitan conocer con mayor precisión la realidad de un sector clave para la protección social.
Repensar la ratio: residencias para personas cada vez más mayores
Desde el sector se insiste en que el índice de cobertura basado en la población mayor de 65 años resulta obsoleto. La edad media de las personas que viven en residencias se sitúa en torno a los 85 años, y el propio Informe Mayores indica que el 75,5 % supera los 80 años. Esta tendencia responde tanto al aumento de la esperanza de vida como al deseo creciente de permanecer en el hogar el mayor tiempo posible.
Por ello, se solicita al IMSERSO que eleve al Consejo Territorial una propuesta para fijar una ratio más acorde con la realidad demográfica y social actual.
Planificar frente a la improvisación
La falta de datos y de criterios actualizados tiene consecuencias directas. A día de hoy, se siguen promoviendo centros residenciales al calor de promesas electorales, una práctica que contrasta con la necesidad de una planificación racional. La construcción de nuevos centros debería responder a criterios de proximidad, ubicándose allí donde viven las personas que los necesitan y sus familias.
El informe se completa con anexos gráficos que detallan la evolución de la cobertura residencial en el conjunto de España y en cada comunidad autónoma durante los últimos once años.
Si (
No(