La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha hecho un llamamiento urgente para implementar medidas que eleven las pensiones más bajas, así como para desarrollar un Plan Estratégico que aborde los desafíos y oportunidades que presenta la nueva longevidad.
Este reclamo se realizó durante un diálogo organizado en colaboración con la agencia de noticias Servimedia, titulado ‘La situación económica de las personas mayores y el reto intergeneracional’.
El evento, moderado por el director general de Servimedia, José Manuel Huesa, contó con la participación del presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández; Joaquín Pérez, representante del Programa Personas Mayores, con Discapacidad y Cuidadoras de Cruz Roja Española; Antonio González, economista y vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis; y Lucía González, vicepresidenta primera del Consejo General del Trabajo Social.
Retos económicos para los mayores
Huesa abrió el debate destacando cómo los cambios demográficos y el envejecimiento poblacional están transformando la sociedad, generando importantes retos económicos para las personas mayores. En respuesta, Fernández subrayó que “la seguridad económica y la capacidad de cubrir todas sus necesidades son temas cruciales que preocupan a los pensionistas”.
El presidente de la PMP también hizo hincapié en la heterogeneidad de la población mayor, que presenta una notable dualidad económica. Mientras una parte significativa contribuye a lo que se denomina economía sénior —representando aproximadamente el 40% del consumo total— otro segmento enfrenta vulnerabilidad económica. Cerca del 50% de los pensionistas recibe menos de 841 euros al mes, cifra que marca el umbral de riesgo de pobreza.
Pensiones mínimas y desigualdades
Dentro de este grupo vulnerable, un 35% percibe ingresos por debajo del umbral mencionado. Además, un alarmante 14% vive en condiciones de pobreza severa con menos de 600 euros mensuales. Esta situación es especialmente crítica para las mujeres, cuya pensión media mensual se sitúa en torno a los 1.100 euros frente a los 1.700 euros que reciben los hombres. A esta desigualdad se suman otras brechas relacionadas con el territorio y el nivel educativo.
Fernández enfatizó que “la prioridad debe ser aumentar las pensiones mínimas”. Recordó que hay planes en marcha hasta 2027 para sacar al mayor número posible de personas del umbral de pobreza mediante revalorizaciones en pensiones no contributivas y viudedad. Se prevé un incremento del 11% en estas últimas para el próximo año.
Reducción de gastos básicos
Aparte del aumento en ingresos, también es fundamental reducir gastos esenciales mediante bonificaciones energéticas y alimentarias. Además, es crucial garantizar acceso a servicios públicos esenciales gratuitos y de calidad.
El diálogo abordó también el tema del ficticio conflicto generacional. Fernández calificó este enfrentamiento entre jóvenes y mayores como “ficticio” e “interesado”, señalando que responde a intereses económicos específicos que buscan desestabilizar los sistemas públicos de protección social.
Solidaridad intergeneracional
<p“Es esencial ofrecer información veraz y no plantear una suma cero donde unos deban sacrificarse por otros”, afirmó Fernández. Para él, asegurar un sistema público sostenible implica fomentar políticas laborales justas y bien remuneradas. La PMP sostiene que la solidaridad intergeneracional es clave para construir un sistema que beneficie a todos.
Antonio González coincidió en esta visión al señalar que si las condiciones laborales deterioran a los jóvenes, esto también impactará negativamente a los pensionistas debido a su dependencia directa del sistema basado en cotizaciones laborales.
Vulnerabilidad extrema entre mayores
Joaquín Pérez centró su intervención en la vulnerabilidad extrema al señalar que la pensión media entre quienes reciben asistencia desde Cruz Roja Española es solo de 575 euros mensuales. Destacó además cómo factores como la soledad no deseada afectan directamente el bienestar y salud mental de las personas mayores.
Lucía González criticó la asociación errónea entre vejez y dependencia. Desde su perspectiva en Trabajo Social, muchas barreras económicas surgen por necesidades prolongadas de cuidados. Lamentó también el escaso desarrollo del servicio para promover la autonomía personal.
Leyes necesarias para proteger derechos
Entre las conclusiones del debate se destacó cómo la inflación y el encarecimiento general están afectando especialmente a hogares con ingresos fijos. Los participantes coincidieron en que es necesario adoptar un enfoque holístico donde todas las políticas vayan alineadas.
Lucía González propuso una Ley Estatal de Servicios Sociales para combatir desigualdades territoriales mientras Fernández insistió en impulsar una Ley Integral sobre Derechos de Personas Mayores enfocada en aspectos como autonomía personal y blindaje de pensiones.
Llamado a responsables políticos
La sesión concluyó con un fuerte llamado hacia responsables políticos para abordar el bienestar económico senior desde una lógica enfocada en derechos humanos y justicia social. Fernández reiteró la disposición activa de la PMP para participar en diálogos sociales destinados a transformar estas reivindicaciones en decisiones políticas concretas que aseguren una vejez digna tanto para generaciones actuales como futuras.
Si (
No(