El último informe de la Fundación IDIS, elaborado por Antares Consulting, nos pinta un retrato preciso del residente medio en España: 85 años, mujer en siete de cada diez casos, viuda en más de la mitad, con un 74% en dependencia severa o gran dependencia y un 58% con deterioro cognitivo moderado o grave.
Añadamos que tres de cada cuatro toman más de siete fármacos de manera crónica, que dos de cada tres tienen al menos una enfermedad grave diagnosticada y que casi la mitad acaba hospitalizada al menos una vez al año .
Con estos números delante, conviene dejar claro algo que en el sector geroasistencial se repite hasta la saciedad: una residencia no es un hotel para mayores. Es un lugar donde conviven personas con altísimas necesidades de cuidados y una carga sanitaria que no se puede disimular bajo la alfombra de lo “social”. El informe lo deja clarísimo: reforzar la atención sanitaria en residencias mejora los resultados en salud, reduce hospitalizaciones y aumenta la satisfacción de los propios residentes.
Ahora bien, llegamos a la gran pregunta: ¿estamos otra vez hablando de “medicalizar las residencias”, como se clamaba en los días más duros de la pandemia?
Si la respuesta es sí, entonces hay que entrar a fondo. Porque medicalizar no es poner un par de médicos en plantilla y dar la foto por buena. Medicalizar significa reconocer que parte de la dependencia que atienden las residencias es consecuencia directa de problemas de salud, y que, por tanto, es la sanidad pública quien debería cubrir ese coste. Y si es sanidad, debe tener la misma consideración fiscal que un hospital: exento de IVA.
El informe aporta además un dato incómodo: España es el único país de los seis analizados donde la sanidad pública no pone un euro en la financiación sanitaria de las residencias. En Francia, Alemania, Países Bajos o Reino Unido, el sistema sanitario asume lo que es suyo: la atención médica. El residente paga alojamiento y manutención, los servicios sociales apoyan la dependencia. En Suecia o Suiza, directamente se integra todo bajo un único financiador.
¿Y aquí? Aquí lo dejamos todo en manos de los residentes, sus familias y las comunidades autónomas a través del SAAD, como si el hecho de que alguien viva en una residencia lo sacara automáticamente del radar del sistema nacional de salud.
La cuestión no es solo económica. También está el recurso más escaso: el personal. ¿De dónde van a salir las enfermeras y médicos que este informe da por necesarios? Hoy faltan en hospitales, en primaria y, por supuesto, en residencias. Hablamos de reforzar plantillas cuando la realidad es que ni siquiera cubrimos las bajas que tenemos.
¿Queremos de verdad medicalizar residencias o simplemente dejarlo en un titular atractivo?
Y aquí es donde me permito usar una palabra que inventó mi amigo y consultor Aitor Pérez Artetxe: “pandemiada”. Una pandemiada es esa idea precipitada, que surgió en tiempos de la covid, muchas veces reflejada en algún titular, con la fuerza del miedo, pero que, una vez pasó la tormenta, se esfumó sin dejar huella.
La “medicalización de residencias” ya fue una de esas pandemiadas. Hoy vuelve emboscada en este riguroso informe, un documento lleno de datos sólidos y comparaciones internacionales muy valiosas.
Lo triste es que, sin decisiones políticas claras, financiación sanitaria real y disponibilidad de personal, lo más probable es que acabe en el mismo cajón que tantas otras recomendaciones bienintencionadas.
¿Quiero decir con esto que reforzar la atención sanitaria en residencias no es necesario? No, al contrario. Es urgente, imprescindible y de sentido común. Pero si no aclaramos qué parte corresponde a Sanidad, quién paga la factura y cómo vamos a encontrar profesionales para hacerlo realidad, lo que tendremos será otro buen informe para citar en congresos, mientras los residentes y las residencias siguen viviendo la misma realidad.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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