La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha instado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a desarrollar un plan integral que aborde el desafío del envejecimiento poblacional. Esta solicitud se realizó en el contexto de una reunión celebrada en la sede del ministerio, donde se discutieron las necesidades específicas de las personas mayores y con discapacidad.
Durante el encuentro, que contó con la participación del ministro Pablo Bustinduy y la directora general del IMSERSO, Mayte Sancho, la PMP propuso que se avance hacia la creación de una Ley de Derechos de las Personas Mayores. Este marco legal tendría como objetivo garantizar la protección y defensa de los derechos de este grupo social, integrándolo plenamente en la Agenda 2030.
Reformas necesarias para un sistema más justo
En relación con la normativa vigente, la PMP respaldó las reformas en curso de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) así como de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Según los representantes de la plataforma, estas modificaciones son pasos cruciales hacia un sistema más inclusivo y centrado en las personas, que reconozca derechos fundamentales y elimine barreras burocráticas.
Tanto Bustinduy como los miembros de la PMP coincidieron en que estas reformas son esenciales para afrontar el creciente número de personas mayores en situación de dependencia y discapacidad. Además, subrayaron la necesidad urgente de modernizar el sistema de cuidados para adaptarlo a las exigencias actuales.
Urgencia en normativas sobre accesibilidad
La PMP también hizo hincapié en la importancia de aprobar el Reglamento de Accesibilidad Cognitiva y finalizar el proceso legislativo relacionado con la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Estas normativas son consideradas vitales para asegurar un trato digno y accesible para las personas mayores y con discapacidad en su interacción con servicios esenciales.
Asimismo, durante el encuentro se reiteró el compromiso por parte de la PMP para colaborar con el Gobierno en los preparativos para una futura Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores. La plataforma solicitó un papel activo por parte de España tanto en Naciones Unidas como en la Unión Europea para promover esta iniciativa.
Atención a necesidades rurales y participación institucional
La reunión también abordó las dificultades que enfrentan las personas mayores que residen en áreas rurales. La PMP destacó cómo estas circunstancias limitan su acceso a servicios públicos y recursos cercanos, lo que incrementa su vulnerabilidad social y afecta su calidad de vida.
Finalmente, se enfatizó la necesidad urgente de fortalecer la representación del movimiento asociativo de personas mayores dentro de los órganos institucionales. Además, se planteó incorporar una perspectiva intergeneracional en todas las políticas públicas, incluidas aquellas relacionadas con emergencias climáticas, dado que este colectivo es especialmente susceptible a fenómenos extremos como olas de calor o desastres naturales.
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