La Federación Empresarial de la Dependencia advierte sobre la necesidad de incorporar entre 240.000 y 270.000 profesionales y cuestiona la reducción del financiamiento estatal.
La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha valorado, a través de su presidente Ignacio Fernández-Cid, la reciente reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, calificándola como “una declaración de intenciones bienintencionada pero completamente alejada de la realidad del sector”.
Desde la FED se reconoce el componente simbólico de cualquier avance que tenga como objetivo promover el envejecimiento en el domicilio y ampliar los derechos de las personas en situación de dependencia y discapacidad. No obstante, Fernández-Cid advierte: “Estamos ante una carta a los Reyes Magos. Es un planteamiento ideal, pero no es realista. No se acompaña de los recursos económicos ni humanos necesarios para convertir estas intenciones en políticas efectivas”.
En este sentido, y según un estudio elaborado por el IMSERSO, será necesario incorporar entre 240.000 y 270.000 nuevos profesionales durante la próxima década para responder a la creciente demanda en el ámbito asistencial. Sin embargo, la FED denuncia que no se ha definido un plan claro para formar ni para integrar a este personal, ni se han establecido mecanismos para incorporar profesionales formados fuera de España.
Sobre estos aspectos, añade el presidente de la Federación, no se ha comunicado hasta el momento ninguna medida concreta.
La organización patronal advierte además del riesgo de generar expectativas entre la ciudadanía que difícilmente podrán cumplirse. “Es muy positivo hablar de nuevos servicios para facilitar que las personas permanezcan en su hogar, pero si no se garantiza su financiación, estamos creando falsas esperanzas”, ha afirmado Fernández-Cid.
Desde la FED también se pone el foco en el reparto de la financiación del sistema, que continúa dependiendo mayoritariamente de las comunidades autónomas. “Lejos de incrementarse, la aportación del Estado se ha reducido, pasando del 29 % al 27 % en 2024, lo que compromete seriamente la sostenibilidad del sistema”, ha advertido.
Por todo ello, la entidad insta al Gobierno a que toda reforma normativa venga acompañada de una dotación presupuestaria suficiente y de una estrategia realista para la incorporación de profesionales: “Sin recursos económicos ni planificación laboral, esta reforma es un mero brindis al sol, una promesa vacía que pone en riesgo la estabilidad del sistema y la confianza de las familias”.
Asimismo, Fernández-Cid cuestiona la estructura general de la reforma: “Se trata de una ley que engloba tres colectivos muy distintos: personas con discapacidad, personas en situación de dependencia y menores. Consideramos que no resulta coherente ni adecuado abordar, dentro de una misma reforma legislativa, realidades tan diversas, con características, necesidades y problemáticas específicas que requieren un tratamiento normativo diferenciado y adaptado a cada colectivo”.
Finalmente, la FED reitera su disposición a colaborar con las administraciones públicas para el desarrollo de soluciones reales, sostenibles y eficaces que garanticen un modelo de atención digno y de calidad.
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