En 2024, la inversión pública en Atención a la Dependencia alcanzó 12.843 millones de euros, con un incremento del 13,8% por parte de las comunidades autónomas.
Durante el año 2024, la inversión pública destinada a la Atención a la Dependencia alcanzó los 12.843 millones de euros. De esa cantidad, las comunidades autónomas aportaron una media del 72,9%, lo que supone un total de 9.365 millones de euros, cifra que representa un incremento del 13,8% respecto a 2023. La contribución del Estado fue del 27,1%, con 3.478 millones de euros, un 5,6% más que el ejercicio anterior.
En el reparto del Nivel Acordado correspondiente al ejercicio 2025, nueve comunidades autónomas verán reducida la financiación que reciben del Estado, en el marco de los 783 millones de euros asignados a este nivel, explica la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
En cuanto al esfuerzo relativo de financiación en dependencia por parte de los gobiernos autonómicos, las comunidades que menor porcentaje aportaron fueron La Rioja (61,4%), Castilla y León (63,2%) y, con un 65,1%, tanto Andalucía como Galicia. En el extremo opuesto, las que asumieron un mayor porcentaje fueron País Vasco (84%), Navarra (81%) y Baleares (80,6%).
Durante el periodo comprendido entre 2012 y 2020, la financiación autonómica respecto al total mostraba una tendencia al alza. Esta evolución se vio alterada en 2021 debido al aumento de la inversión por parte de la Administración General del Estado, que impulsó un plan de choque extraordinario. Entre 2020 y 2023, el peso de las comunidades en la financiación del sistema descendió un 13%, precisamente por este refuerzo estatal. Sin embargo, en 2024, se invierte nuevamente la tendencia, con un incremento del esfuerzo autonómico.
El Gobierno central destinó 185 millones de euros adicionales a la financiación del sistema, en cumplimiento de su obligación legal de sostener el nivel mínimo de financiación vinculado al número de personas beneficiarias. Dado que el sistema se basa en un modelo de financiación capitativo, el incremento de personas atendidas obliga al Estado a elevar su aportación. No obstante, este aumento responde a un mandato normativo y no a una decisión de incremento presupuestario por parte del Ejecutivo, lo que provocó que su porcentaje de participación en el total de la financiación disminuyera.
Si se analiza la inversión por persona potencialmente dependiente, los mayores niveles de gasto se dieron en el País Vasco (2.845€), Extremadura (2.779€) y Navarra (2.474€). En el lado contrario, las comunidades con menor inversión fueron Galicia (1.317€), Canarias (1.339€) y Murcia (1.667€).
En términos de gasto medio por persona beneficiaria, la cifra anual se situó en 8.592 euros. De esta cantidad, la Administración General del Estado aportó 2.327 euros mediante el nivel mínimo de protección, mientras que las comunidades autónomas financiaron los 6.267 euros restantes. Destaca el País Vasco como la comunidad con mayor inversión por beneficiario, alcanzando los 13.554 euros anuales. Esta cifra duplica prácticamente la de la comunidad con menor inversión, que fue Andalucía, con 7.173 euros al año.
Para el ejercicio 2025, el Marco de Cooperación Interadministrativa incorpora una estructura de financiación compuesta por cuatro fondos diferenciados: el fondo de estructura, el fondo de gestión, el fondo de cumplimiento de objetivos y el fondo destinado a apoyar la implementación del Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de centros y servicios del SAAD, aprobado el 28 de junio de 2022.
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