El reciente informe presentado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, revela que más del 90% de las defunciones atribuidas a la temperatura en los últimos cinco años corresponden a personas mayores de 65 años. Este estudio, expuesto en la Universidad de Barcelona, aborda la vulnerabilidad social frente al cambio climático y su impacto en colectivos particularmente afectados, como los ancianos, las personas con discapacidad y los menores.
Bustinduy ha destacado que el documento titulado ‘Vulnerabilidad Social ante el Cambio Climático’ pone de manifiesto los riesgos que enfrentan estos grupos vulnerables. El análisis concluye que las mujeres mayores son el segmento más perjudicado en términos de mortalidad asociada a altas temperaturas.
Desigualdad y vulnerabilidad
Durante su intervención, Bustinduy enfatizó que “más del 90% de las defunciones por calor correspondió a mayores de 65 años”. Subrayó que la desigualdad social es un factor determinante en la vulnerabilidad ante el cambio climático, ya que no todos los sectores de la sociedad sufren sus efectos de manera equitativa. Elementos como la renta, la pobreza energética y la precariedad habitacional incrementan este riesgo. “Ninguna sociedad democrática puede permitirse que los grupos más vulnerables paguen injustamente los efectos de esta crisis climática”, afirmó el ministro.
Bustinduy también se refirió a eventos recientes como la catástrofe provocada por la DANA para evidenciar la urgencia de abordar esta problemática. En su opinión, “los efectos de la crisis climática son ya indiscutibles” y destacó la necesidad de establecer un estado del bienestar capaz de adaptarse con eficacia a desastres abruptos. Para ello, su ministerio está implementando medidas como mejorar el acceso al teléfono de emergencias 112 y desarrollar un protocolo para gestionar el voluntariado durante desastres.
Aumento de riesgos y propuestas legislativas
El estudio también revela que aproximadamente 3 millones de personas mayores presentan algún tipo de discapacidad que dificulta su adaptación ante episodios climáticos extremos. Además, se ha observado un incremento en el número de ancianos viviendo en condiciones precarias en áreas urbanas, lo cual eleva su exposición a los impactos del cambio climático. Bustinduy señaló que “en España el 1% más rico contamina tanto como la cuarta parte del país en conjunto”, exigiendo así una mayor responsabilidad fiscal para aquellos con más recursos: “No podemos permitir que algunos pretendan que sus excesos sean pagados por las mayorías trabajadoras”.
Finalmente, Bustinduy anunció que presentará al Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley sobre Consumo Sostenible en las próximas semanas. Según él, “Cualquier ciudadano debe poder consumir de forma justa y medioambientalmente responsable, sin ser explotado por empresas debido a su situación vulnerable”. Esta legislación incluirá medidas contra el greenwashing y promoverá prácticas comerciales sostenibles.
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