La parálisis política entierra cualquier esperanza de una financiación justa y real del Sistema de Atención a la Dependencia

La XXVIII Conferencia de Presidentes ha vuelto a demostrar que, cuando se trata de cooperación territorial, las formas pueden mantenerse, pero el fondo sigue completamente bloqueado. Ni siquiera el hecho de que todos los presidentes autonómicos hayan acudido a la cita ha servido para avanzar en cuestiones tan urgentes como la financiación autonómica o, dentro de ella, el insuficiente apoyo a la Dependencia.

La escena, repetida hasta la saciedad, ha sido la de presidentes hablando para sí mismos, lanzando mensajes a sus votantes y utilizando la reunión como escaparate político, más que como un espacio de pacto.

En este contexto de sucesión de monólogos y ausencia de voluntad real de acuerdo, pensar que se vaya a alcanzar algún día una solución justa y estable para financiar adecuadamente la atención a las personas mayores y dependientes parece más un acto de fe que una expectativa razonable. La desconfianza, las agendas enfrentadas y el uso partidista de cada foro común hacen que el sistema de atención a la dependencia siga atrapado en la provisionalidad, dependiendo del color político y de las prioridades de cada comunidad autónoma.

Mientras se discute si Cataluña debe tener una financiación singular o si se debe abrir una negociación multilateral, la realidad es que el sistema sigue infrafinanciado y con los profesionales del sector soportando el peso de la inacción política. Ni siquiera una cuestión tan sensible como el cuidado de quienes más lo necesitan ha logrado escapar del barro partidista.

Si en el marco más institucional no se logra hablar de Dependencia con seriedad y altura de miras, ¿cuándo y dónde se hará?

El panorama que deja esta cumbre solo permite mirar al futuro con escepticismo. Si en lo más básico —reunirse, escucharse, buscar puntos en común— ya hay grietas insalvables, resulta casi ingenuo esperar que llegue el día en que todas las comunidades y el Gobierno acuerden cómo garantizar un sistema de atención digno, estable y suficiente para las personas dependientes.

Esperanzas frustradas

Había alguna esperanza cuando se incluyó este último punto fruto de la presión ejercida por organizaciones del sector como la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) y el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), que durante los últimos días habían denunciado públicamente la ausencia de este tema en la agenda inicial.

Desde AESTE insistían en que la sostenibilidad del SAAD debe ocupar un lugar prioritario en el debate político nacional, no solo por su relevancia directa para 1,6 millones de personas mayores y dependientes, sino también por el impacto en los más de 2,1 millones de solicitantes en lista de espera y en los miles de profesionales que trabajan en el sector. La organización advierte de la desigualdad estructural en la financiación, ya que según datos del IMSERSO, en 2023 las comunidades autónomas asumieron entre el 69 % y el 84 % del coste del sistema, muy por encima de la aportación estatal.

La secretaria general de AESTE, Josune Méndez, subrayaba que “la Conferencia de Presidentes es un organismo fundamental para la coordinación de competencias autonómicas como la gestión de la Dependencia” y ha lamentado que “el cuidado de las personas mayores y dependientes debería ser una cuestión de prioridad nacional y autonómica absoluta”.

Además, Méndez llamaba la atención sobre el reto demográfico que afronta España: “No estamos preparados y no hay tiempo”. En 2050, se prevé que España sea el cuarto país de la UE con mayor proporción de personas dependientes, pero la inversión pública en cuidados sigue estancada en el 0,8 % del PIB, la mitad de la media europea.

Por su parte, CEAPs era especialmente crítico con la ausencia inicial del tema de la Dependencia en la agenda. Su presidente, Rafael Sánchez-Ostiz, advertía: “Blindar nuestras fronteras está en el centro del debate político, pero ¿quién protege a quienes ya viven dentro de ellas y envejecen atrapados en la dependencia y el abandono institucional?”. Además, ha recordado que “cada 15 minutos fallece una persona en situación de dependencia esperando una ayuda, una plaza o un servicio que, por derecho, le corresponde”.

CEAPs planteaba que esta Conferencia era el momento idóneo para “abrir un debate de Estado sobre el modelo de cuidados que un país que presume de Estado del Bienestar debe tener”. Y añadía: “Lo que pedimos no son privilegios, sino justicia social”.

Entre sus demandas, CEAPs insiste en elevar la inversión pública en dependencia al 2 % del PIB, declarar el sector como servicio esencial, reforzar la infraestructura crítica —como la instalación de generadores en residencias— y abordar con urgencia el grave déficit de profesionales mediante medidas para atraer talento, mejorar condiciones laborales y facilitar la contratación en origen.

Sánchez-Ostiz concluía: “No se trata solo de más recursos, sino de voluntad política. Cuidar no es un gasto: es una inversión que genera empleo estable, dinamiza el entorno rural, promueve la igualdad y refuerza la cohesión social”.

Se ha comprobado que no existe esta voluntad política por parte de algunos de los actores principales. Con la inclusión del sistema de cuidados en la agenda de la Conferencia, las organizaciones del sector esperaban que no se quedara solo en un debate simbólico, sino que se traduzca en compromisos reales que refuercen la atención a las personas mayores y dependientes.

Se ha visto que no.

Trato discriminatorio

Hay que recordar que el acuerdo entre el Gobierno central y el País Vasco para financiar al 50% los servicios de dependencia ha provocado recientemente una ola de críticas por parte de patronales del sector, pero también de varias comunidades autónomas que se sienten agraviadas. La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) lo considera "inaceptable y discriminatorio", ya que ese nivel de financiación se les niega sistemáticamente al resto de territorios.

Esta patronal entiende que esta decisión acentúa una brecha financiera que compromete la sostenibilidad del sistema de cuidados en muchas autonomías, donde los servicios se están prestando “a pérdidas”.

Por su parte, Lares advertía igualmente de que la medida puede resultar injusta si no se extiende a todas las comunidades, recordando que la ley siempre ha establecido ese reparto, pero nunca se ha cumplido. La patronal exige garantizar el 50% en todo el país, reforzar el nivel mínimo de protección estatal y abrir un proceso de diálogo estructural para evitar que los servicios se sigan prestando “a pérdidas”.

Del mismo modo, comunidades como Andalucía, Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana y Aragón han alzado también la voz contra lo que califican de trato desigual y contrario al principio constitucional de igualdad. Todas denuncian que el Estado aporta porcentajes muy por debajo del 50%, lo que obliga a los gobiernos autonómicos a cubrir el sistema con fondos propios en condiciones precarias.

Consejeras como Loles López (Andalucía), Begoña Gómez del Río (Cantabria) o Fabiola García (Galicia) exigen que se les conceda el mismo acuerdo que al País Vasco, reclamando reciprocidad, transparencia y una financiación justa. El acuerdo se percibe como una cesión política que agrava la brecha entre territorios y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Han acusado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de beneficiar a sus socios políticos y crear “comunidades de primera y de segunda”.