"Los menús actuales no solo cumplen con los estándares nutricionales establecidos, sino que también se adaptan a las preferencias y necesidades individuales de las personas residentes".
La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha criticado enérgicamente el anuncio hecho desde el Ministerio de Derechos Sociales de establecer una regulación estatal sobre la calidad nutricional y composición de los menús en hospitales y residencias.
La medida, hecha pública por el titular de la cartera, Pablo Bustinduy, sin ningún tipo de consulta previa ni reunión con el sector, supone, explica la FED, "un nuevo ejemplo de la política de imposición que desde hace tiempo viene practicando el Gobierno en materia de dependencia". Y añade: "En un ámbito tan delicado como la alimentación de personas mayores y dependientes —que requiere un enfoque individualizado, técnico y profesional— el Ministerio opta por una solución ideológica, centralizada y alejada de la realidad diaria de nuestros centros".
En una nota a los medios, esta patronal destaca que "resulta profundamente preocupante que desde el Ministerio se pretenda intervenir de forma tan directa en la elaboración de los menús sin tener en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas en esta área, ni las características propias de cada centro ni las necesidades específicas de las personas atendidas".
"Como siempre hemos defendido desde la FED, la atención debe estar centrada en la persona: eso significa respetar sus gustos, creencias, cultura alimentaria, condiciones médicas y, por supuesto, sus derechos", insisten.
Alarma no justificada
Además, la Federación Empresarial de la Dependencia expresó su preocupación por lo que consideran una "alarma ficticia e injustificada en torno a los menús de las residencias", que, según indican, no refleja la realidad del trabajo que se realiza a diario en los centros. Señala que "los menús actuales no solo cumplen con los estándares nutricionales establecidos, sino que también se adaptan a las preferencias y necesidades individuales de las personas residentes".
Asimismo, desde la FED criticaron decisiones como la restricción del uso de determinados productos, como los congelados, y afirmaron que estas medidas evidencian un gran desconocimiento técnico. Argumentaron que los productos congelados mantienen sus propiedades nutricionales y, además, permiten una gestión más eficiente de los recursos, favorecen un consumo más racional y seguro, y reducen de forma significativa el desperdicio alimentario. A su juicio, se trata de una opción profesional y responsable, y no de una merma en la calidad del servicio.
Por último, lamentaron que se pretenda legislar desde un despacho en Madrid sobre cómo deben alimentarse decenas de miles de personas en miles de centros distintos, sin haber consultado previamente a los profesionales, nutricionistas y responsables de cocina que llevan años trabajando para ofrecer una alimentación equilibrada, variada y personalizada a las personas mayores.
Falta de diálogo estructural
Desde la FED advierten que esta medida no constituye un hecho aislado, sino que "forma parte de una estrategia más amplia de reforma del sistema de atención a la dependencia". Según denunciaron, se trata de una estrategia de carácter unilateral que ignora los problemas estructurales que afectan gravemente al sector.
Entre esos problemas, la FED señaló la falta de una financiación adecuada, el alarmante déficit de profesionales —que estiman en más de 130.000 trabajadores—, la obsolescencia de muchas infraestructuras y la necesidad urgente de establecer un modelo de concertación estable y sostenible. A todo ello, añadieron, se suma la persistente ausencia de una verdadera coordinación sociosanitaria.
A pesar de haber solicitado en reiteradas ocasiones abrir vías de diálogo, lamentaron que el Gobierno continúe adoptando decisiones de gran calado sin contar con los profesionales que, día a día, garantizan la atención y el bienestar de más de 400.000 personas dependientes que actualmente viven en residencias en toda España.
En riesgo la sostenibilidad
En este contexto, alertaron de que la imposición de menús estandarizados no solo representa una medida injusta y discutible desde el punto de vista técnico, sino que puede comprometer seriamente la viabilidad económica de muchos centros. Recordaron que cada residencia cuenta con estructuras de gestión, presupuestos y recursos diferentes, por lo que cualquier obligación normativa que no venga acompañada de financiación adicional contribuye únicamente a agravar la ya frágil sostenibilidad del sistema.
Desde la FED insistieron en que no se puede seguir imponiendo nuevas obligaciones al sector sin haber resuelto previamente los problemas estructurales que arrastra desde hace años. A su juicio, lo que el sistema necesita no son más normas, sino más recursos, más profesionales y una mayor colaboración.
"Exigimos respeto, diálogo y realismo"
Por todo ello, la Federación Empresarial de la Dependencia reclama al Ministerio de Derechos Sociales:
- Retirada de inmediato cualquier intento de regulación unilateral sobre los menús en centros residenciales.
- Apertura de un proceso de diálogo real y vinculante con las organizaciones representativas del sector.
- Un enfoque de sus políticas desde el conocimiento técnico, el respeto institucional y el compromiso con la viabilidad del sistema.
- Una apuesta por un modelo de atención centrado en la persona, que respete su dignidad, sus preferencias y su libertad.
"La alimentación en las residencias no puede convertirse en un campo de batalla ideológico. Es una cuestión profesional, técnica y humana. Y solo podrá abordarse con rigor si se cuenta con quienes conocen el terreno y lo trabajan cada día", concluye.
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