La ACRA y la Unión de Entidades presentan un estudio que revela que España invierte solo el 0,96% de su PIB en atención a la dependencia, muy por debajo de la media europea, que es del 1,55%. Se advierte sobre la necesidad de aumentar la financiación y los profesionales para atender el envejecimiento poblacional.
La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) y la Unión de Entidades han presentado este jueves con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, el 'Estudio socioeconómico de la atención para personas en situación de dependencia en España', del que se destaca que nuestro país "se sitúa como uno de los países con menor porcentaje de financiación de servicios de cuidados de larga estancia sobre el PIB del país, comparado con los países de la OCDE".
De esta forma, mientras la media europea es de una inversión del 1,55% del PIB y en el caso concreto de los Países Bajos se llega hasta el 3,11%, en España sólo llegamos al 0,96% de nuestro Producto Interior Bruto. Mirando hacia arriba, Noruega llega al 2,9% y Suecia presenta un 2,83%.
La presidenta de ACRA, Cinta Pascual, ha opinado sobre el análisis comparativo internacional en el que se ha evaluado la inversión en cuidados a largo plazo para la dependencia en los principales países de nuestro entorno. "Debemos llegar al 2% como mínimo", solicita y señala que esto es necesario "para ampliar la cobertura de las necesidades de las personas con dependencia y acabar con la lista de espera".
Por su parte, el presidente de Unión de Entidades, Ramon Ramells. ha incidido en que un contexto de envejecimiento acelerado está generando una notable escasez de profesionales y una falta de financiación, lo que provocará una gran tensión en el sector social y sanitario con la llegada de la generación del baby boom: "El crecimiento anual de personas mayores se duplicará en los próximos años. En Cataluña, las personas de 80 años o más pasarán de las 465.000 actuales a superar el millón, y muchas de estas necesitarán recursos asistenciales como residencias, centros de día, ayuda domiciliaria, teleasistencia y pisos con apoyo".
Por esta misma razón, "el déficit de financiación sitúa a España entre los países con menor cobertura en residencias y atención a domicilio muy por debajo del promedio internacional", señala el estudio. En esta línea, sólo 275.000 personas consiguieron un servicio de residencia de las casi dos millones de prestaciones que el SAAD otorgó en 2023".
Además, la falta de financiación provoca directamente que "el tiempo medio de espera desde la solicitud de dependencia hasta la resolución se eleva a 324 días en 2023". La lista de espera para ser beneficiario de un Plan Individual de Atención (PIA) es de 155.241 personas dependientes.
Precisamente, hablando de la desigualdad en el reparto de inversión, el mismo informe subraya en su Resumen Ejecutivo, "el gasto público del SAAD en 2022 alcanzó los 10.253.831 euros financiados en un 74% por las comunidades autónomas, mientras que el Estado contribuyó en un 26%".
Faltan y faltarán más profesionales
Pero uno de los aspectos en el que más incide el 'Estudio socioeconómico de la atención para personas en situación de dependencia en España', que pone especial énfasis en el envejecimiento de la población, así como en la oferta y demanda de servicios dentro del sector, es el que apunta que "el crecimiento de la oferta de plazas residenciales y los requerimientos de ratios de personal necesitarán más de 100.000 profesionales adicionales en los próximos 8 años".
Y este incremento de necesidades de trabajadores se producirá en un contexto de escasez de profesionales de Enfermería, que a pesar de su importancia, falta un análisis de necesidades detallado para el sector de las residencias en España. Los pocos estudios que se han hecho se han centrado sobre todo en el campo sanitario preferentemente en lugar de la dependencia.
Según ACRA, el análisis indica que, en un futuro cercano, podría faltar personal capacitado para brindar atención a las personas mayores si no se realiza una mejora significativa en la financiación proporcionada por las administraciones. Cinta Pascual advierte: "En los próximos diez años necesitaremos 100.000 nuevos profesionales en las residencias, 20.000 de los cuales en Cataluña, o no podremos atender a las personas mayores. Sería el gran fracaso del estado del bienestar".
ACRA explica que entre los factores que contribuyen a este déficit se encuentran los salarios bajos, las cargas de trabajo excesivas, así como las consecuencias físicas y mentales derivadas de la etapa de la COVID-19. Además, el sector ha sufrido un desprestigio considerable. Esta situación ha llevado a que tanto empresas como sindicatos soliciten la armonización salarial en el ámbito residencial público y concertado.
Aunque esta medida cuenta con el respaldo de las principales formaciones políticas, hasta el momento no se ha concretado ni siquiera se ha elaborado un plan al respecto.
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