El último grito en atención a personas mayores dependientes es “el reto de la desinstitucionalización”. Para quien no esté familiarizado con el concepto recomiendo empezar a leer sobre el tema. Y nada mejor que hacerlo con la “Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad. Un proceso de desinstitucionalización (2024-2030)”, algo producido por el gobierno de España.
La Estrategia se autodefine como un compromiso y hoja de ruta, liderada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que propone medidas para transformar los sistemas de apoyo y cuidado a las personas que viven situaciones de dependencia, vulnerabilidad o exclusión.
Le he dedicado un fin de semana, ya que se trata de un documento de más de 80 páginas con frases que requieren de total concentración (un ejemplo de la página 68 nos habla de “...aplicación de unos criterios de lógica transversal, generar circuitos integrados de calidad, seguridad y fundamentación ética y humanista, para los usuarios de un sistema de cuidados integrado y longitudinal...”).
De momento no sé si este es un documento que nace con la voluntad real por parte del Gobierno de hacer que las cosas cambien o es más bien un “Documento zombi”, quiero decir algo que haces sabiendo que no se va a cumplir, pero quedará allí con la máxima aspiración de plasmar lo que un día consideraste importante. Un “no muerto” con ideas que parecen muy bonitas cuando las lees, pero sin una verdadera repercusión práctica. Vamos, que no sé si estamos ante un nuevo Acuerdo Belarra (Acuerdo de Criterios Comunes de Acreditación y de Calidad) cuya aplicación es anecdótica más de dos años después de su publicación (Leer “Acuerdo Belarra. Papel mojado en agua de borrajas”); o ante algo como el Plan de Choque, que sí cumplió alguno de sus objetivos, pero falló en otros (como en el control de las listas de espera o en la atención a la discapacidad).
Temo que la estrategia sea un “documento zombi” por las reiteradas referencias (siete veces se menciona) que hace al Acuerdo Belarra como si fuese algo que se estuviese aplicando realmente. Vaya por delante que invito a todo el mundo a leer, subrayar y repasar el documento para, al final, sacar sus propias concusiones.
Como es un documento muy largo, voy a dedicar varias tribunas de opinión a exponer lo que pienso, abierto siempre a leer y considerar opiniones contrarias. Empiezo por algo tan elemental como el ámbito: estamos ante un documento que trata la desinstitucionalización en el campo de las personas mayores, la infancia y la discapacidad. Para mí eso es un error. Si hace falta un documento como éste, estaría bien que se centrase en personas mayores dependientes, haciendo otro para menores y un tercero para personas con discapacidad.
El motivo es que la atención a personas mayores tiene peculiaridades: Sabemos que, entre los grandes dependientes, la gran mayoría tiene más de 75 años y más de un tercio sufre deterioro cognitivo grave por lo que los conceptos de autonomía y voluntad deben ser afrontados de una forma peculiar. También sabemos que los prestadores de servicios son principalmente empresas, algo que es muy diferente en el mundo de la atención a la infancia y discapacidad. Creo que “meter todo en mismo saco”, no resulta práctico, complica la comprensión y complicará aún más la evaluación de los resultados.
El ámbito de la atención a personas mayores dependientes tiene, además una peculiaridad que no vive el de la discapacidad o la atención a la infancia: su forma de 'tsunami demográfico'. Me explico, dentro de 20 años vamos a tener casi el doble de personas de más de 65 años en relación con las que tenemos hoy y la tendencia seguirá yendo hacia arriba; en cambio, nada indica que el número de personas con discapacidad o la infancia en riesgo vaya a aumentar necesariamente en proporciones, siquiera cercanas. Solo esa diferencia justificaría el establecer estrategias diferentes.
Otro aspecto interesante y llamativo es que, leyendo el documento no acaba de quedar claro a qué se refieren cuando se habla de "institución", "institucionalización" o "desinstitucionalización".
El documento incluye definiciones que se basan en documentos internacionales, pero después, cuando traslada a nuestra realidad el concepto hace dos cosas interesantes: primero define las instituciones como lugares en que las personas viven aisladas de la comunidad obligadas a vivir segregadas; no tienen control sobre sus vidas o decisiones cotidianas y viven sometidos a la primacía de los requisitos organizativos de la institución. Eso hace que “la cultura institucional” esté enfrentada con la de los derechos humanos. O sea, deduzco yo, que vivir en una institución presupone sufrir un atentado contra los derechos humanos.
Pero después nos dice que esas circunstancias que hacen que una persona viva en una institución se pueden dar “en diferentes entornos, ya sean grandes residencias, pequeños alojamientos colectivos, hogares familiares e incluso en el propio domicilio” (pág. 7), por lo que la idea que parece planear sobre todo el documento: que la gente está mejor en sus casas que en residencias, queda algo desdibujada.
De nuevo recomiendo la lectura del prolijo documento.
Seguiré otro día escribiendo sobre cuestiones como qué supone sustituir la atención que ofrece una residencia, en términos de atención y personal, por una equivalente en el domicilio; o cómo se puede prestar el cuidado equivalente en el domicilio cuando, según datos oficiales casi la mitad de los domicilios de España no están preparados para que en ellos se pueda ofrecer una atención (barreras, accesibilidad…).
Pero no puedo resistirme a apuntar algo importante y que voy a repetir muchas veces: esto cuesta dinero, mucho dinero. Y como cuesta tanto dinero, hay un párrafo que casi pasa desapercibido entre 80 páginas de documento, pero que contiene el riesgo de convertirse en el vaso de agua que convertirá todo lo demás en papel mojado. Está en la página 69 y dice así: “Procede señalar que todos los compromisos que se deriven de la aprobación de esta Estrategia quedarán condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes en el ejercicio en curso y en los ejercicios siguientes, de acuerdo con la senda de consolidación fiscal fijada por el Gobierno y, en caso de actuaciones para las que resulten competentes las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, lo recogido en la Estrategia tendrá carácter potestativo”.
O sea, que desactivar la estrategia es tan sencillo como que el Estado no ponga dinero o que algunas de las 17 comunidades autónomas decidan ignorarla (eso quiere decir
“potestativo”, o sea que no es obligatorio).
Otro día sigo con el tema.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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