Hace unos días leí en un periódico extremeño una noticia según la cual Trabajadores de centros de mayores denunciaban que la valoración de los dependientes no era real.
En el texto destacaban la queja de una cuidadora de una residencia de mayores extremeña: "Debemos atender a residentes con una valoración de dependencia moderada, cuando la realidad, el día a día, nos muestra una dependencia severa o gran dependencia". Por ello, asegura el personal de las residencias que la escasez de personal para atender las necesidades reales es "sangrante".
Supongo que en las residencias extremeñas se planifican las necesidades de personal según el grado de dependencia de los usuarios. Así, si los grandes dependientes se disfrazan estadísticamente de moderados, la falta de personal será manifiesta.
La pregunta que cabe hacerse es: ¿puede aplicarse tan mal el baremo de la dependencia como para que dé un resultado tan erróneo?
La respuesta es sencilla: sí.
En principio, cuando se redactó la Ley de Dependencia se pensó en una herramienta de valoración que fuese igual para toda España y que diese como resultado seis “escalones” (tres grados, cada uno con dos niveles) que, tras concretarse se convertía en una tabla numérica de entre 0 y 100 puntos. Con el tiempo desaparecieron los niveles con lo que ahora hay sólo tres grados.
El Libro Blanco de la Dependencia que sirvió de base para la Ley preveía que en tres años de aplicación de la Ley unos tres millones de personas habrían pedido ser valoradas como dependientes y que, como resultado, el 60% serían considerados como “no dependientes” y de entre los dependientes habría un 18% de “muy dependientes” (grandes dependientes) , un 34% de “medio dependientes” (dependencia severa) y un 48% de “poco dependientes” (dependencia moderada).
La realidad fue tan diferente a la prevista que sólo hay que ver el cuadro que difundieron en la revista Actas de la Dependencia de la Fundación Caser relativos a tal previsión y la realidad en 2010 para sentir algo entre asombro y sonrojo.
A pesar de que se habían presentado menos de la mitad de solicitudes de las previstas aparecieron más del doble de “grandes dependientes” de los pensados y presupuestados.
Esto no debe sorprendernos ya que, como ha quedado demostrado, algunos datos del Libro Blanco carecían de cualquier base o quizás, simplemente se inventaron. Quien quiera saber más sobre esto puede leer este post de 2011 o intentar encontrar explicaciones a las coincidencias entre estas tres tablas de las páginas 88, 89 y 733 del Libro.
Viendo el desaguisado en que se estaba convirtiendo el Sistema de Atención a la Dependencia, en 2011 el gobierno (todavía Zapatero) intentó arreglar las cosas aprobando un nuevo baremo de valoración de la dependencia que fuese más realista, o sea más duro.
Después, la llegada de Rajoy al Gobierno con su promesa de recortarlo todo menos las pensiones y con la famosa entrevista en “El Pais” que llevaba por título “La Dependencia no es viable”, marcó los siguientes años de vida del sistema.
Hemos visto retirada de cotizaciones a los familiares, desaparición de niveles de financiación, eliminación de compatibilidad de prestaciones, reducción del monto, aumento del copago y, en algunas comunidades autónomas, reducción del precio de concertación, eliminación del pago de plazas concertadas desocupadas y otros detalles más que han hecho que los dependientes y los prestadores de servicios hayan visto reducir sus ingresos considerablemente.
Y encima de todos los recortes visibles, ahora vemos también el recorte de la “nueva valoración” pasado además por la actuación interesada de cada comunidad autónoma.
Si en Extremadura se quejan los profesionales de la deficiente valoración, en Cataluña lo hacen los centros concertados: la Generalitat evalúa la dependencia de los usuarios y, haciendo un mix, considerando cuántos son grandes dependientes y cuántos tienen dependencia severa (no cuenta a los que tienen dependencia moderada) comunica a las residencias lo que les pagará al año siguiente.
Algunas residencias concertadas ven que los residentes que, según su situación real se valoraban hasta ahora como Grado III (grandes dependientes), cada vez más son valorados como Grado II por lo que lo que cobran de la administración por su cuidado se reduce de año en año en entre 20 y 30 Euros al mes por residente. Cuando la Generalitat comunica la rebaja a las residencias les explica: "Somos conscientes de que esto puede haber ocasionado una aminoración respecto al año anterior debido a que el baremo de valoración de la dependencia regulado por normativa estatal sufrió un endurecimiento respecto a la versión anterior".
Lo que se olvida de decir la Generalitat es que, a pesar de que el baremo ha cambiado para todos, cada comunidad parece aplicarlo “a su manera” y Cataluña resulta ser la más ferviente endurecedora. Si vemos los datos estadísticos de la Dependencia del mes de Diciembre de 2016, vemos que, cuando se valora la dependencia resulta que el 11,8% del total, a nivel estatal, son grandes dependientes. En Cataluña, el 8,3%. De hecho, Cataluña es el lugar de España donde se valora un porcentaje inferior de grandes dependientes. En Galicia alcanza el 17,1% y en Castilla y León casi el 15%.
Si miramos el otro lado de la escala, Cataluña es la tercera comunidad que valora más dependencias moderadas.
O sea que, todas las comunidades aplican una misma escala “regulada por normativa estatal” pero a cada una le salen resultados estadísticamente diferentes y, por casualidad Cataluña es a la que le salen más perjudiciales para los dependientes. Curioso.
Es cierto que los datos hay que tomarlos con cautela ya que en la misma tabla aparecen dependientes valorados antes de 2011 y que mantienen grados y niveles. Aún así, tomando los que se corresponden a las últimas valoraciones, la imagen es clara.
Para una residencia que ve menguar sus ingresos y que escucha como quien se los aminora le pone como excusa una norma sobre la que no tiene control pero que aplica de forma intensiva, casi apasionada, la situación resulta frustrante.
Encima esto coincide con un momento económico en el que el Producto Interior Bruto vuelve a crecer y al hacerlo pone en marcha cláusulas del convenio colectivo que conllevan subidas salariales.
Hace poco un empresario del sector me decía: “Me bajan los ingresos porque dicen que se ven obligados a valorar a los residentes como menos dependientes de lo que son por culpa de una norma estatal y que debo estar contento porque podrían bajármelos más si considerasen la dependencia moderada, o sea que no me enfade con ellos; y encima tengo que subir salarios porque la economía va mejor, algo bueno por lo que no puedo enfadarme con nadie. O sea que voy a seguir trabajando con menos ingresos y más gastos. Al final, como siga esta tendencia unos años más tendré que cerrar. Eso sí, sin enfadarme”.
Calculadora de la dependencia
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