En la fiscalización se ha analizado el cumplimiento de la Ley de transparencia y buen gobierno.
La existencia de contratos menores cuyo importe supera los límites máximos que están previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público-TRLCSP, y que deberían haber sido adjudicados a través de otro tipo de procedimiento, y el posible fraccionamiento de contratos de servicios y de suministro con el mismo objeto o vinculados entre sí por una misma finalidad -adjudicados en la mayor parte de los casos a la misma empresa- y cuyo importe conjunto supera el límite máximo cuantitativo previsto en el TRLCSP, son algunas de las irregularidades que el Tribunal de Cuentas ha incluido en el Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicios 2014 y 2015.
El informe, aprobado por el Pleno, tiene por objeto la fiscalización de los contratos menores, incluyendo todas las fases de la contratación (preparación, adjudicación, ejecución y extinción), celebrados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), durante esos años.
En la fiscalización se ha analizado, también, el cumplimiento de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
En relación con el contenido de los expedientes de contratación, el informe indica que si bien con carácter general estos se ajustan a la norma, habría que añadir para cumplir el principio de transparencia documentación relativa a aspectos como la justificación de la necesidad de contratar, la adecuación de la oferta al precio general del mercado y la comprobación de los requisitos de capacidad y solvencia del adjudicatario.
Además, en una decena de contratos, las fechas de la facturación que constan en los expedientes son anteriores a las de la expedición del documento de aprobación del gasto; y en otros 14 contratos la fecha del documento de aprobación del gasto es anterior a la de la retención del crédito presupuestario, lo que no resulta muy acorde con el procedimiento de ejecución del gasto, según la Ley General Presupuestaria.
En cuanto a la ejecución, el cumplimiento y el pago de los contratos menores, en el análisis realizado sobre 151 pagos, la fiscalización ha detectado retrasos en 16 supuestos, correspondientes a siete expedientes. En relación con ello, cabe destacar que en los expedientes no se acredita que la empresa contratista presentara una reclamación previa a la Administración para el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora, una posibilidad que está prevista en el TRLCSP.
Para corregir estas irregularidades, el Tribunal recomienda a la Dirección General del IMSERSO, adoptar las medidas necesarias para incrementar los controles informáticos internos en aras de garantizar el adecuado tratamiento de la información que contienen las bases de datos de la contratación menor celebrada; Promover la concurrencia y solicitar ofertas a varias empresas, cuando las circunstancias de un contrato –y especialmente su cuantía- así lo aconseje, dejando además constancia formal de estas actuaciones; e Incrementar el control de los expedientes para garantizar el adecuado cumplimiento del procedimiento establecido para la ejecución del gasto público.
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