Ante la última campaña de desprestigio emprendida por agentes políticosindicales que han llevado a las Juntas Generales de Bizkaia, donde se ha aprobado, una propuesta para la creación de un incremento del control de las residencias de nuestro territorio, las asociaciones empresariales ELBE, GESCA y LARES queremos manifestar lo siguiente:
1.- El sector de la atención residencial a personas dependientes es una actividad SUPER REGULADA, INSPECCIONADA, Y CONTROLADA, al objeto de salvaguardar los derechos y la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en las residencias.
Los requerimientos arquitectónicos, de servicios, y de personal de las residencias para personas dependientes en Euskadi, están regulados por los departamentos de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, y de Salud del Gobierno Vasco, y por los departamentos de Acción Social de las Diputaciones Forales.
Las condiciones laborales se rigen por un convenio laboral provincial, y por un riguroso control y seguimiento de las correspondientes representaciones legales de los y las trabajadoras y agentes sociales; además, todas las entidades están sometidas a la labor de control e inspección que se llevan a cabo desde los departamentos de Trabajo del
Gobierno Vasco, y de los servicios de prevención de riesgos laborales.
La fiscalía provincial, realiza inspecciones a los centros, e intervenciones de carácter individual hacia personas vulnerables, para preservar sus derechos.
Hay un servicio foral de autorización, control e inspección que funciona correctamente al que, además, anualmente, todas las residencias con plazas concertadas presentan sus
cuentas AUDITADAS y JUSTIFICADAS.
Además, desde el departamento de Salud del Gobierno Vasco se llevan a cabo periódicamente inspecciones sanitarias en materia de legionella, consultas médicas, APPCC, destrucción de residuos peligrosos, etc.
Todas las sociedades mercantiles que gestionan residencias presentan anualmente sus cuentas a la hacienda foral, y abonan el correspondiente impuesto de sociedades.
Por su parte, las Entidades sin ánimo de lucro que gestionan residencias tienen que perseguir fines de interés general a los que deben destinar al menos el 70% de sus rentas, la actividad no debe consistir en explotaciones económicas ajenas a sus fines, sus fundadores no han de ser los destinatarios principales de sus actividades, los cargos de gestor o administrador deben ser gratuitos, y los bienes, resultado de su liquidación, se han de destinar a otras entidades benéficas.
Desde la pandemia, existe una aplicación, BETEBIDE, en la que, a tiempo real, se informa de cada uno de los contratos que se realizan en los centros, altas y bajas, con características de los mismos. Mensualmente se informa de todas las horas trabajadas por todo el personal, y dos veces al mes se informa del número de residentes, y de su tipología, lo que ofrece información en tiempo real de las ratios de todas las residencias.
Las instituciones disponen ya de toda la información necesaria para el control de la actividad que se desarrolla en los centros residenciales para personas mayores dependientes.
Cuestionar el trabajo de control, es cuestionar a las instituciones y a un sistema que entre todos hemos construido, y que en sus cuarenta años de historia nos han permitido contar con una red de servicios sociales, mejorable como todas, pero de una contrastada calidad.
2.- La práctica totalidad de los centros cuentan con SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD auditados por terceros.
La calidad de atención a las personas dependientes es uno de los mantras más utilizado desde planteamientos demagógicos y político-sindicales para denostar la actividad que se realiza en los centros residenciales para personas mayores dependientes.
La práctica totalidad de los centros cuenta con sistemas de gestión de la calidad auditados por terceros. En los centros se manejan indicadores asistenciales, indicadores de gestión, y se realizan cuestionarios de calidad y satisfacción entre las personas usuarias y sus familias, y entre el personal.
Periódicamente se realizan asambleas de personas usuarias, comisiones de familias, y unidades de atención al usuario para el tratamiento de quejas y reclamaciones.
Ante cualquier queja de un familiar, usuario, trabajador, o cualquier persona ajena, se ponen en funcionamiento los mecanismos de control del Servicio de Inspección de la DFB existiendo precedentes de cierre de centros.
La mayor regulación del sector proviene de las personas usuarias y sus familias.
3.- La actual Red Foral de residencias de atención a personas dependientes NO EXISTIRÍA DE NO SER POR LA INICIATIVA PRIVADA, titular de más del 75% de las plazas.
En Bizkaia contamos con una red compuesta por más de 150 residencias con capacidad para atender a 10.700 personas, lo que supone 10,35 camas por cada 100 personas mayores de 80 años, una ratio similar a la de Araba que llega a las 10,95, y ligeramente superior a las de Gipuzkoa, 8,93, y que ha sido posible gracias a la colaboración públicoprivado, de la que somos firmes defensores.
Lo hemos demostrado apostando e invirtiendo en el sector más de 750 millones de euros. Debemos de sentirnos orgullosos ya que, mediante diversas fórmulas colaborativas, disponemos de una RED que posibilita que las familias y las administraciones pueden elegir residencia, o cambiar si no se encuentran a gusto ya que hay una oferta superior a la demanda.
Esta red, de responsabilidad foral, con una gran capilaridad, aglutina a residencias de titularidad publica y de titularidad privada, pequeñas residencias y grandes centros asistenciales, en entornos urbanos y de entornos más abiertos, en las grandes ciudades y en los pequeños pueblos, con modelos asistenciales más hogareños o modelos más
sanitarizados. Hay que insistir en que esta RED no hubiera sido posible sin la apuesta de inversores privados y entidades solidarias que han decidido apostar por este sector.
4.- LA FINANCIACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA corre mayoritariamente a cargo de las personas dependientes y/o de sus familias.
Por aclarar a los Junteros y a la sociedad vizcaína, de las 10.700 plazas que hay autorizadas en nuestro territorio y que confirman la RED foral:
- 340 son de gestión directa del IFAS, y su coste, sin contar inversión ni gestión, es un 250% superior al actual precio de concertación.
- 1.300 son de titularidad foral, Azpiegiturak, y de gestión privada. En la mayoría de ellas la inversión ha sido PRIVADA
- 600 plazas están convenidas con corporaciones locales
- 3.000 plazas están concertadas con las entidades privadas que tienen centros en Bizkaia
Más de la mitad de las plazas de esta RED son privadas, y su coste es financiado por la persona dependiente y/o su familia, existiendo para un tercio de estas plazas una ayuda, prestación económica vinculada al servicio, para el copago del coste de la plaza. Sumando todo, la cantidad que el departamento destina a la atención de personas
mayores dependientes en residencias no alcanza los 200 millones de euros, lejos de los 400 millones que se ha mencionado.
De estos, 200 millones, estimamos que mediante el copago que realizan las personas mayores y sus familias, un 40% retorna a las arcas públicas.
Por ofrecer algún dato de lo que esta actividad genera, las entidades privadas, mercantiles o sin ánimo de lucro, facturan anualmente, del orden de 300 millones de euros por esta actividad, generando un retorno superior a los 100 millones de euros a las arcas púbicas en conceptos como Seguridad Social, IRPF, IVA o Impuesto de Sociedades.
5.- LA RATIO ACTUAL MÍNIMA DE PERSONAL ES SUPERIOR AL 50%, es decir, por cada dos personas atendidas en residencias en Bizkaia, hay una persona contratada a jornada completa.
El decreto 126/2019 regula los requerimientos que deben de cumplir las residencias para personas mayores dependientes en Bizkaia, por cierto, uno de los más exigentes del estado. En el se establece la ratio mínima de personal, en jornadas completas, con el que deben de contar los centros, y que lo cifra en el 36 % de atención directa, diferenciando por categorías, más el personal de atención indirecta que se estima en un 15%, lo que sitúa la ratio total mínima en el entorno del 51%, de las más altas del estado.
Es rotundamente falso que un incremento de la ratio conlleve aparejada una mejora de la calidad asistencial. En algunos centros públicos la ratio de personal es muy superior, sin que esto suponga que las personas dependientes y sus familias reciban un mejor servicio.
Las entidades privadas apuestan por una gestión eficaz de las personas, a través de la capacitación y cualificación, la formación continuada, la valoración de competencias, y
las herramientas de motivación, empatía y comunicación.
La gestión de equipos, la confección de calendarios y turnos de trabajo que garantice los derechos y obligaciones del personal, la planificación de las tareas y responsabilidades, el desempeño por objetivos, la vigilancia de la salud laboral, la reducción del absentismo, la conciliación laboral, y los beneficios sociales, son cuestiones que
dignifican el trabajo y en los que las entidades privadas llevamos años trabajando.
6.- Las CONDICIONES LABORALES del sector en Bizkaia son, junto con las guipuzcoanas, un REFERENTE A NIVEL ESTATAL.
Las condiciones laborales de personas que trabajan en residencias de Bizkaia se regulan por un convenio provincial que contempla unos salarios sustancialmente superiores al
convenio estatal, con una jornada laboral anual de 1592 horas, 200 menos al año que en el resto del estado - 35 horas semanales. Condiciones muy similares al convenio de
Gipuzkoa.
El convenio de Bizkaia finalizó su vigencia en diciembre de 2020, en plena pandemia. En la mesa de negociación, las tres patronales, pidieron un año de prorroga puesto que el
equilibrio económico de los centros saltó por los aires por el descenso de la ocupación, por el incremento exponencial de los gastos en personal y materiales, y porque el
concierto con la DFB se había prorrogado, congelando la tarifa.
Hay que recordar, que, durante toda la pandemia, las entidades han mantenido e incluso incrementado las plantillas de los centros para poder hacer frente a los protocolos
sociosanitarios que las autoridades iban regulando.
Tras 10 meses de reuniones, exigiendo los sindicatos la equiparación con el personal del IFAS, y que la DFB se siente en la mesa, los agentes sociales deciden abandonarla e
inician acciones. En septiembre de 2021 se ha aprobado un nuevo acuerdo de concertación que recoge un incremento en la tarifa inferior al 1,5%. Este incremento no llega para cubrir el coste que han supuesto las modificaciones del convenio anterior, y no se han contemplado compensaciones a los centros por los gastos que han tenido que asumir para cumplir con las normativas sociales y sanitarias que se han articulado durante la pandemia.
Las pretensiones sindicales de equiparación salarial con el IFAS supondrían un encarecimiento de la plaza residencial que debería de ir acompañado de una sustancial subida de las aportaciones públicas, y afectaría, y mucho, a las aportaciones de las personas dependientes y sus familias que no podrían asumir este incremento, y abocaría además a un “limbo de desatención e indefensión” a algunas personas dependientes que actualmente son atendidas desde entidades sin ánimo de lucro.
Las entidades privadas gestoras de residencias, como siempre hemos hecho, no descansaremos hasta alcanzar un acuerdo en la mesa de la negociación colectiva, y confiamos que, en los próximos meses, los sindicatos vuelvan a sentarse en ella.
No hay que olvidar que, las tablas salariales, y las estructuras retributivas de los centros residenciales, son públicas, son conocidas por los agentes sociales, y de hecho, son
consensuadas con ellos, en las negociaciones colectivas.
No se puede estar continuamente diciendo que son condiciones indignas, cuando son aceptadas y firmadas por todos los agentes sociales, tras cada firma de un nuevo convenio.
7.- No se han encontrado correlaciones que indiquen que el impacto de la pandemia ha sido mayor en unos centros que en otros por su tamaño, por su modelo de gestión, por sus condiciones arquitectónicas, ni mucho menos por su titularidad.
En relación con la mención que se hace sobre el informe elaborado por el Ararteko, en cuya elaboración colaboraron los centros residenciales, de su lectura no se puede concluir que “la pandemia ha sacado a relucir las carencias de muchos centros que se vieron desbordados. Sugerimos una lectura pausada del mismo donde se puede comprobar que el ARARTEKO confirma lo que desde GESCA se avanzaba hace un año en el informe El impacto de la Pandemia en el sector residencial, Aprendiendo de lo vivido para construir un futuro mejor para las personas dependientes.
“Mucho se ha hablado sobre las causas del importante impacto que la pandemia ha tenido en las residencias. A día de hoy, tanto en los estudios realizados a nivel nacional
como en aquellos realizados en el entorno europeo, ha quedado demostrado que el impacto en los centros residenciales se debió́inicialmente a la falta de materiales de
protección y, posteriormente, sobre todo, a la prevalencia de la COVID-19 en los municipios donde se sitúan las residencias.
No se han encontrado correlaciones que indiquen que el impacto de la pandemia ha sido mayor en unos centros que en otros por su tamaño, por su modelo de gestión, por sus
condiciones arquitectónicas, ni mucho menos por su titularidad. El virus ha entrado en las residencias por la “puerta”, y en aquellas zonas en las que la prevalencia de la enfermedad era más alta, el impacto en los centros ha sido mucho mayor”.
A modo de conclusión
Nos parece preocupante el señalamiento y la criminalización constante que desde organizaciones político-sindicales se está haciendo de la iniciativa privada para conseguir generar un conflicto que les reporte un incremento de votos-afiliados.
Pero nos preocupa mucho más la imagen que se está trasladando a los medios, y a la sociedad vizcaína, de una actividad de calidad, regulada inspeccionada y controlada, que es referente a nivel nacional. Exigimos que no se utilice esta actividad para la batalla política.
Igualmente, resulta dolorosa la laxitud y el seguidismo de aquellos partidos políticos que han tenido y tienen responsabilidades de gobierno, que son conocedores de la realidad del sector, y que no hacen nada por frenar estos ataques que van contra un modelo de relación público-privado que ha demostrado su eficacia en sus 40 años de vida.
Estamos inmersos en un proceso de reconversión sectorial de los cuidados de larga estancia que viene marcado por un nuevo marco normativo y por un modelo de atención centrado en la persona. Se trata de un cambio de paradigma que parece no ser del agrado de algunos agentes político-sindicales que prefieren vivir anclados en un modelo que se ha quedado obsoleto. Quizás este es el problema de fondo.
Si (
No(