Con fecha 31 de mayo de 2019, la FED presentó ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana recurso contencioso administrativo contra la Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas mayores dependientes para 2019-2020, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana en fecha 1 de abril de 2019 (núm.
5819/01.04.2019).
El pasado 4 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana admitió a trámite el recurso presentado por la FED contra esta resolución porque entiende que la Comunidad valenciana sacó un concurso de concertación de plazas residenciales que solo está destinado a empresas del tercer sector, dejando a un lado al sector privado con ánimo de lucro.
Una vez admitido a trámite el recurso, y dentro del plazo que se señale, FED formalizará su demanda, solicitando la anulación de la Resolución y exponiendo los argumentos de fondo que justifican su pretensión. Estos argumentos, en síntesis, vienen a señalar la discriminación y trato injustificado a favor de las entidades sin ánimo de lucro a la hora de presentarse a un concurso de adjudicación de plazas públicas para la dependencia.
Esta Resolución vulnera, a juicio de la FED, la normativa europea, y supone una decisión arbitraria, en la que no se prima la calidad del servicio, desviando la decisión de la adjudicación, no hacia la forma de prestar el servicio, sino de quien lo presta.
Por otra parte, esta Resolución viene a enturbiar una colaboración público-privada que hasta ahora había sido ejemplar y que había permitido crear miles de plazas y desarrollar la atención a la dependencia como cuarto pilar del Estado.
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