A veces las cosas más sencillas acaban convirtiéndose en las más complicadas.
Lo tradicional era que los convenios colectivos estableciesen un sistema para ir incrementando los salarios, año a año durante su vigencia, vinculándolos de alguna forma con el IPC. La crisis económica, de la que nos dicen hemos salido, supuso un cambio en esa tradición, el VI Convenio colectivo Marco que rige las relaciones laborales en el sector de la dependencia (residencias de mayores, centros de día o servicios de teleasistencia) en la mayor parte de España establecía una subida salarial vinculada al IPC sólo si la economía española crecía por encima del 2%.
En 2014 y 2015 no se produjo subida salarial, bien porque la economía no subía o porque el IPC era igual a "cero". Al no haber modificación, esos años no se publicaron tablas salariales.
En 2017, después de algunas dudas y negociaciones, el BOE las ha publicado oficialmente con una subida de algo más del uno y medio por ciento.
Aquí están:
Ahora lo que cabe preguntarse es: si apostamos por ofrecer servicios de calidad a nuestros mayores (que somos nosotros mismos en unos años); si queremos aplicar modelos de Atención Centrada en la Persona en los que la gerocultora/auxiliar es la protagonista, junto con el propio mayor, del proceso de cuidado, ¿podemos tener un sistema en el que esta profesional gana menos de mil euros al mes?
La respuesta es obvia: lo tenemos. Pero, ¿lo podremos seguir teniendo?
Cada vez hay menos personas jóvenes en proporción a los mayores. Dentro de unos veinte años, cuando nos estemos acercando al 30% de personas de más de 65 años (hoy son el 18%), será verdaderamente difícil encontrar a quien quiera trabajar haciendo labores de gerocultor. Tenemos que ir preparando el camino y, la verdad, salarios sub-mileuristas son un ingrediente amargo de la receta.
El problema es que todo forma parte de la misma ecuación. Allí donde la administración paga más sus plazas concertadas, (vease País Vasco, en Guipúzcoa, por ejemplo 2.700 Euros al mes), los profesionales que trabajan en el sector tienen salarios más altos; en los mismos lugares, quienes no pueden acceder a plaza pública se ven incapaces de pagar los precios de las plazas privadas y optan por acudir a comunidades cercanas con convenios menos elevados y un precio más acorde con sus bolsillos.
Algo más de la mitad de lo que factura una residencia de tercera edad lo gasta en personal. Por eso, el precio de la plaza, ya sea de concierto o privada la demanda pública acaba determinando cuáles serán los salarios de los profesionales. Pensar que se puede incrementar el salario sin incrementar el precio final del servicio es voluntarista y engañoso.
Ya lo he explicado muchas veces pero lo voy a hacer de nuevo: Cuando empecé a trabajar como inspector de residencias en 1991, el precio mensual de una residencia para mayores en Barcelona era de unas 65.000 pesetas al mes, cantidad que coincidía más o menos con lo que ganaba una gerocultora. En los siguientes veinticinco años hemos introducido normativas y el sector ha hecho un gran esfuerzo de profesionalización que ha conllevado un incremento en los costes de los centros. Ahora, el salario base de una gerocultora es algo inferior a los mil euros y en Barcelona la plaza en una residencia privada ronda los 1.750€ (sobrepasando muchas de ellas los 2.000€).
La consecuencia de esta evolución la vemos en el día a día de las residencias. La posibilidad de ingresar a un familiar dependiente en una residencia privada requiere ahora un sacrificio mucho más elevado ahora que hace veinte años. En consecuencia los residentes ingresan en un estado mucho más comprometido y requieren muchas más atenciones socio-sanitarias. Las residencias son cada vez más centros residenciales para personas frágiles, con enfermedades crónicas, con polimedicación y con una elevada necesidad de apoyos.
O sea, que cada vez tenemos residentes más complejos a lo que queremos tratar de una forma más humana y profesional, lo que requiere profesionales preparados y motivados pero cada vez estamos más tensionados por el binomio servicio/coste.
Difícilmente podrán pagar más las residencias a sus empleados si no se incrementan los precios y difícilmente se incrementarán de forma importante los precios en una situación como la actual, en la que todavía nos estamos recuperando de la crisis.
Precisamente durante la crisis las residencias, en vez de destruir empleo (como muchos otros sectores), ha continuado contratando y generando ocupación. En diferentes lugares de España los empresarios han asumido retrasos en el pago, rebajas de concierto, retirada de las “reservas de plaza”, incrementos en los requisitos y otros menoscabos sin aparentemente resentirse. Lo cierto es que el sector ha utilizado sus reservas y ahora, difícilmente puede asumir demasiados golpes más.
Como las tensiones suelen acabar cediendo ya sea mediante la ruptura o el cambio, podemos esperar ver más casos como el de Madrid, donde un gran número de residentes de plaza concertadas deberán cambiar de residencia porque, con los precios que paga la Comunidad las empresas no pueden garantizar un servicio adecuado y han renunciado a renovar el concierto. Hace sólo unos años algo así hubiera sido inimaginable.
Es en momentos como éste cuando necesitamos a gente imaginativa que plantee iniciativas originales. ¿Alguien así está leyendo estas líneas?