Con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha pedido un pacto de Estado que permita aplicar efectivamente la reforma de la Ley de Autonomía y Atención a la Dependencia (LAPAD). La entidad plantea abrir una etapa en la que los derechos reconocidos se traduzcan en mejoras reales para las personas mayores y con discapacidad.
La PMP considera que la reforma supone un avance hacia un modelo de cuidados más personalizado, flexible y orientado a la autonomía. Aun así, advierte de que su alcance dependerá de su desarrollo y aplicación, y de que las administraciones garanticen en todo el territorio los servicios, profesionales y apoyos necesarios.
Financiación, listas de espera y equidad territorial
La Plataforma valora que la ley obligue a la Administración General del Estado a asumir el 50 % de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), una reivindicación histórica de la entidad. Para dar estabilidad al sistema, también considera fundamental avanzar hacia una inversión equivalente al 1,7 % del PIB.
La PMP señala que en junio de 2026 más de 1,7 millones de personas recibían una prestación efectiva del SAAD y que la lista de espera se había reducido un 21% en un año. Sin embargo, 142.887 personas seguían esperando y el tiempo medio de tramitación era de 314 días. Además, según el Índice DEC (Derechos, Economía y Cobertura), el 42 % de la población vive en territorios con servicios sociales débiles o irrelevantes.
Ante esta situación, reclama garantizar la equidad territorial y la igualdad de acceso a servicios y prestaciones, para que el lugar de residencia no determine las oportunidades de recibir los cuidados y apoyos necesarios. Para ello, pide coordinación efectiva entre las administraciones, criterios comunes que aseguren niveles adecuados de protección y recursos suficientes para atender las necesidades de cada territorio.
Cuidados centrados en las personas
La PMP defiende que el sistema permita a cada persona vivir y envejecer donde decida, conservando el mayor control posible sobre su vida, sus relaciones, sus rutinas y su proyecto vital. Considera que necesitar cuidados o apoyos no debe implicar perder capacidad de elección y aboga por un modelo que respete la dignidad, los derechos, la voluntad y las preferencias de cada persona, con alternativas reales para permanecer en el hogar y en la comunidad cuando así lo decida.
Pilar Rodríguez, presidenta de la Comisión de Cuidados de la PMP y de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, ha señalado que es clave disponer de una red de servicios amplia, coordinada y flexible, capaz de ofrecer una atención adecuada a las preferencias y circunstancias de cada persona.
Rodríguez apuesta por reforzar los recursos domiciliarios y de proximidad, sin sustituir la atención residencial. Esta, ha indicado, debe avanzar hacia un modelo más personalizado, hogareño y conectado con la comunidad.
Profesionales y condiciones laborales
La PMP estima que España necesitará 260.000 profesionales más de aquí a 2030 para responder al aumento de la demanda. Rodríguez ha defendido que se amplíen los servicios, se reduzca la burocracia y se facilite el acceso a los apoyos en un plazo razonable.
Según la EPA, el empleo en cuidados aumentó un 8,9 % entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, al pasar de 386.900 a 421.200 puestos. Pese a ese crecimiento, la Plataforma considera que el desafío sigue siendo considerable y que es necesario incorporar más profesionales para garantizar una cobertura suficiente.
La entidad también subraya la necesidad de contar con plantillas suficientes, formación adecuada, estabilidad y condiciones laborales dignas. Rodríguez ha señalado que la calidad de la atención depende en gran medida de las condiciones de trabajo y que mejorar el sistema requiere actuar sobre la disponibilidad y capacitación de los profesionales y sus condiciones laborales, además de avanzar en igualdad y corresponsabilidad en un sector altamente feminizado.
Apoyo a las personas cuidadoras
La Plataforma considera que la transformación del sistema debe reconocer y apoyar tanto a quienes cuidan profesionalmente como a quienes lo hacen en el ámbito familiar. Rodríguez ha advertido de que la responsabilidad no debe seguir recayendo en las familias ni mayoritariamente en las mujeres, y ha reclamado recursos para evitar que cuidar suponga renunciar a la salud, el empleo o la vida personal.
La PMP plantea reforzar el apoyo a las familias cuidadoras mediante formación, asesoramiento y recursos de respiro, y distribuir la responsabilidad de los cuidados entre los recursos públicos y privados, la comunidad y las familias.
Aplicación y seguimiento de la reforma
La entrada en vigor de la reforma abre, según la PMP, una fase decisiva para convertir los cambios normativos en mejoras concretas. La entidad valora especialmente el refuerzo de la teleasistencia, la asistencia personal y otros servicios de apoyo, así como una mayor flexibilidad para adaptar los cuidados a las necesidades y preferencias de cada persona.
Rodríguez ha señalado que estos cambios pueden facilitar el acceso a apoyos y cuidados pertinentes y continuados, además de simplificar algunos trámites. Por ello, la Plataforma pide a las comunidades autónomas diligencia y recursos suficientes para hacer efectivos los avances.
Para evaluar su aplicación, la PMP considera necesario fijar objetivos concretos, indicadores públicos y mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación. Propone tomar como referencias la evolución de las listas de espera, la cobertura, la disponibilidad de profesionales y la calidad de los apoyos, y comprobar si la financiación adicional se traduce en mejoras concretas y verificables en la atención.
El presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, ha señalado que la aplicación efectiva de la reforma depende de un pacto estatal sobre gobernanza y coordinación interadministrativa que permita simplificar y agilizar los procesos. Según ha añadido, así podrá medirse su alcance en la vida cotidiana de las personas, que deben recibir los apoyos a tiempo, contar con profesionales suficientes y decidir cómo y dónde vivir y envejecer, sin que la dependencia implique renunciar a la autonomía, la dignidad o la participación social.
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