El Observatorio Estatal para la Dependencia, supervisado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ha publicado su informe correspondiente al primer semestre de 2026, elaborado a partir de datos oficiales hasta el 30 de junio.
El documento sitúa en 255.302 las personas pendientes de algún procedimiento dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). De ellas, 108.908 están pendientes de valoración, lo que representa el 42,7 % del total, mientras que 146.394 esperan recibir una prestación o servicio que ya tienen reconocido, el 57,3 %.
Según el Observatorio, durante los seis primeros meses del año la lista de espera únicamente se redujo en 2.865 personas, lo que equivale aproximadamente a un 1 %. El informe afirma que, manteniéndose ese ritmo, serían necesarios 47 años para alcanzar la plena atención.
Más de 15.000 personas fallecieron mientras esperaban atención
El informe recoge que 15.450 personas fallecieron durante el primer semestre de 2026 mientras permanecían en lista de espera.
De ellas, 7.916 estaban pendientes de la valoración de su situación de dependencia y 7.534 esperaban recibir la prestación o el servicio que ya tenían reconocido.
El Observatorio calcula que esta cifra equivale a una media de 85 fallecimientos diarios, aproximadamente uno cada 17 minutos.
Asimismo, señala que Cataluña y Andalucía concentran cerca del 48 % de estos fallecimientos, con 4.999 y 2.368 casos, respectivamente. Galicia registra el menor número, con 39 personas fallecidas en lista de espera.
El Observatorio cuestiona la forma de contabilizar la lista de espera
El documento sostiene que el Ministerio de Derechos Sociales considera lista de espera únicamente a las personas respecto de las que la Administración incumple el plazo máximo de 180 días establecido por la Ley para recibir una prestación o servicio.
A juicio del Observatorio, este criterio hace que las cifras oficiales sean inferiores a las que considera la "lista de espera real".
Asimismo, el informe contrapone esa metodología con las declaraciones del Ministerio sobre "la mejora en todos los indicadores de gestión y de atención" y sostiene que persisten limitaciones en el sistema, como las intensidades del Servicio de Ayuda a Domicilio, las cuantías de las prestaciones económicas para cuidados familiares, las prestaciones económicas vinculadas al servicio o la compatibilidad entre prestaciones y servicios.
El Observatorio también afirma que el Ministerio "adorna los datos" al seleccionar los periodos temporales utilizados para realizar las comparaciones.
El informe espera que el aumento de financiación tenga efectos sobre el sistema
El Observatorio confía en que el incremento presupuestario de 1.756 millones de euros previsto por el Gobierno de España para este año contribuya a reducir la lista de espera.
Además, considera que esos recursos deberían servir para incrementar las prestaciones económicas, aumentar la intensidad de los servicios, favorecer la compatibilidad entre prestaciones y mejorar las condiciones salariales y laborales de los profesionales del Sistema para la Dependencia.
En este contexto, el informe plantea la siguiente cuestión: "¿Qué mecanismos va a habilitar la Administración General del Estado para garantizar que este incremento presupuestario mejore la vida de las personas en situación de dependencia?".
El Observatorio considera que la dependencia sigue siendo un derecho pendiente
El documento afirma que la atención a las personas en situación de dependencia continúa siendo uno de los asuntos que mayor consenso genera como política de Estado y, al mismo tiempo, una cuestión de gran urgencia social.
No obstante, sostiene que, casi veinte años después de la aprobación de la Ley 39/2006, la dependencia sigue siendo "un derecho pendiente", pese al avance que ha supuesto la norma.
Según el informe, cerca de cuatro millones de personas han recibido atención a través del sistema durante este periodo, mientras que casi un millón de personas han fallecido permaneciendo en listas de espera.
El Observatorio atribuye esta situación a distintos factores, entre ellos los procedimientos burocráticos, las cuantías de las prestaciones, la baja intensidad de algunos servicios, la imposibilidad de compatibilizar prestaciones, la financiación del sistema y las diferencias territoriales en su desarrollo.
Aumentan las personas atendidas y las prestaciones de menor coste
El informe recoge que, desde finales de 2025, 64.815 personas más reciben atención dentro del sistema y que el número total de prestaciones y servicios ha aumentado en 129.014.
No obstante, el Observatorio sostiene que el crecimiento se concentra especialmente en prestaciones y servicios de menor coste, como la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y la teleasistencia.
La evolución de las listas de espera por comunidades
Según el documento, siete comunidades autónomas incrementaron durante el primer semestre el número de personas pendientes de recibir una prestación.
Los mayores aumentos porcentuales corresponden a Cantabria (+106,3 %), Comunidad de Madrid (+41,3 %) y Castilla-La Mancha (+25 %).
El informe añade que el 59 % de las personas que permanecen en el denominado "limbo de la dependencia" residen en Cataluña (78.326 personas), Andalucía (41.707) y Comunidad Valenciana (31.734).
Por el contrario, las comunidades con menor porcentaje de personas pendientes de recibir prestación son Aragón (1,3 %), Galicia (1,4 %) y Castilla y León (2,5 %).
Respecto al número de personas atendidas, el Observatorio indica que Canarias (+26,6 %) y Cantabria (+7,3 %) registran los mayores incrementos durante el semestre, mientras que Navarra (-1,2 %) y Extremadura (-0,1 %) son las únicas comunidades en las que disminuye el número de personas atendidas.
El tiempo medio de tramitación continúa por encima del plazo legal
El informe sitúa el tiempo medio de resolución de los expedientes en 314 días, lo que supone 27 días menos que al inicio de 2026, aunque sigue superando el plazo máximo de 180 días previsto por la normativa.
Las comunidades y ciudades autónomas que se mantienen por debajo de ese límite son Ceuta (82 días), Aragón (117), Castilla y León (120), País Vasco (131), La Rioja (138), Castilla-La Mancha (166) y Cantabria (172).
En el extremo contrario aparecen Murcia (551 días), Andalucía (435), Asturias (425) y Comunidad de Madrid (342).
El Observatorio destaca igualmente que Asturias incrementó en 98 días sus tiempos medios de tramitación durante el semestre, mientras que Canarias (-116 días), Andalucía (-61) y La Rioja (-36) registraron las mayores reducciones.
El Observatorio atribuye los retrasos a la financiación y a la burocracia
El informe sostiene que el ritmo de incorporación de personas al sistema continúa siendo insuficiente para absorber la demanda existente.
Entre las causas, identifica los sucesivos recortes en la financiación de la Ley y la complejidad administrativa derivada de los distintos procedimientos necesarios para reconocer el grado de dependencia y aprobar el Programa Individual de Atención (PIA).
Asimismo, recuerda que el Plan de Choque para la dependencia permitió avanzar en la reducción de las listas de espera, aunque considera que sus objetivos no llegaron a cumplirse plenamente tras la paralización del incremento de la inversión durante 2024 y 2025.
El Observatorio concluye que, aunque la lista de espera ha descendido ligeramente en el primer semestre de 2026, más de un cuarto de millón de personas continúan esperando la resolución de algún procedimiento relacionado con un derecho reconocido por la Ley y considera que la reducción registrada sigue siendo insuficiente para responder a la demanda existente.
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