Una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a familiares de personas que viven en residencias ha arrojado una valoración media de satisfacción de 69 sobre 100, una puntuación que se sitúa entre el bien y el notable. La horquilla según la tipología del centro es estrecha: las residencias privadas obtienen un 69, las concertadas un 67 y las públicas un 65.
Aún así, hay que decir también que los puntos claves de mejora, según esta encuesta de la OCU, serían el personal y los servicios adicionales, entre ellos el psicólogo.
Las diferencias entre modelos de gestión son mínimas, y el conjunto del resultado refleja que los familiares no están descontentos con los centros donde tienen a sus mayores. Un detalle especialmente significativo es que la puntuación de las residencias privadas y las públicas se sitúa prácticamente en el mismo nivel, con una ligera ventaja para las privadas, un resultado que invita a la reflexión y que cada lector puede interpretar según su propio criterio.
La encuesta también revela diferencias territoriales relevantes: las mejores valoraciones se concentran en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia, mientras que Madrid y Cataluña registran los resultados más bajos, con hasta siete puntos de diferencia respecto a las regiones mejor valoradas.
Josep de Martí, fundador de Inforesidencias, va más allá de los datos: "Este tipo de informes resultan sorprendentes, pero para mí esa sorpresa no debería existir, y la manera en que no existiría sería si se extendiese la transparencia". Añade que "si todas las residencias fuesen transparentes, tuviesen sus indicadores de transparencia y hiciesen públicas sus encuestas de satisfacción, no haría falta que una organización de consumidores hiciese esa encuesta porque estos datos los tendríamos todos".
Una reflexión que sitúa la transparencia no como un valor opcional, sino como una herramienta estructural para que el sector rinda cuentas ante las familias y la sociedad sin necesidad de intermediarios.
Por su parte, Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED, discrepa de los resultados del informe: "Con respecto a las encuestas de satisfacción que dicen que las residencias privadas no alcanzan el notable, lo siento pero no se corresponde con los datos que tenemos nosotros. Hacemos encuestas de satisfacción todos los años y estamos muy por encima del notable. También es verdad que nosotros consideramos que funcionamos mejor que las residencias públicas, pero ese no es el debate ahora".
E insiste: "Esas encuestas de satisfacción se pasan tanto a residentes como a familiares y eso es perfectamente demostrable, así que, lo siento, pero no coincido con los datos que da la OCU". No obstante, el presidente de la patronal valora de forma positiva otro aspecto del estudio: "Igualmente, si según el estudio de la OCU, el 75% de las personas viven en la residencias que han elegido, creo que está francamente bien ese porcentaje. Después, ese otro 25% tiene la posibilidad de solicitar un traslado a la residencia que ellos desean".
Personal y atención psicológica, los principales retos del sector
Los familiares encuestados por la OCU identifican la escasez de personal durante la noche, los fines de semana y los festivos como el principal aspecto a reforzar. Según sus testimonios, esta situación puede traducirse en una atención menos inmediata a la salud del residente, menor apoyo en el aseo o en las comidas, y una mayor exposición a conflictos entre residentes.
Son áreas de mejora concretas y accionables que el sector ya conoce y sobre las que trabaja, pero que requieren soluciones estructurales que van más allá de la voluntad de los propios centros. En materia de servicios complementarios, el 36% de los residentes no tiene acceso a un psicólogo ni una vez por semana, lo que representa un margen de mejora relevante en la atención emocional y cognitiva de los mayores.
Además, servicios como podología, fisioterapia o peluquería suponen un coste adicional de 110 euros de media al mes sobre la cuota mensual, un sobrecoste que las familias señalan como un punto a revisar.
Josune Méndez de Cruz, directora general de AESTE, comparte la preocupación por la escasez de profesionales y la señala como uno de los principales desafíos actuales del sector. "La dificultad para captar y fidelizar talento, unida a problemas como el absentismo, complica la cobertura de plantillas en los centros", afirma. Al mismo tiempo, subraya que las residencias ya están sometidas a controles e inspecciones periódicas por parte de las administraciones, que supervisan aspectos tan relevantes como la dotación de personal y el cumplimiento de los requisitos asistenciales establecidos por la normativa.
Desde AESTE destacan además que su experiencia, basada en las encuestas de satisfacción realizadas periódicamente por las empresas asociadas, arroja niveles de satisfacción de usuarios y familias muy elevados y coherentes con la calidad de los servicios prestados. La directora general de AESTE aprovecha también para rebatir uno de los prejuicios más extendidos sobre el sector: "La calidad de un servicio no viene determinada por su titularidad, sino por los servicios que presta, los profesionales que lo integran y los estándares de calidad con los que trabaja. Generalizar afirmando que lo público es siempre mejor o que lo privado ofrece una atención inferior no responde a la realidad del sector ni resulta riguroso".
Respecto a las quejas por la falta de trabajadores, el presidente de la FED matiza la situación de las plantillas: "En cuanto a que consideran que estamos cortos de personal, nosotros cumplimos estrictamente los ratios que nos marcan las administraciones públicas, ni más ni menos. Esos ratios se han definido en base a estudios que se han hecho. Por tanto, nosotros consideramos que son ratios suficientes para poder atender. Evidentemente, si una persona demanda un servicio inmediatamente y el auxiliar está ocupado en otra cosa, deberá esperar 5 minutos, pero no creo yo que eso sea especialmente grave".
A pesar de ello, Fernández-Cid coincide en el problema global de la falta de efectivos y reclama medidas urgentes fuera de nuestras fronteras: "Nos faltan profesionales. También lo llevamos denunciando desde hace mucho tiempo para que las administraciones públicas, sobre todo las que competen al Gobierno, nos proporcionen fórmulas para poder solventar este tema. Llevamos mucho tiempo diciendo que sin profesionales no hay posibilidad de hacer cuidados y si no se consiguen aquí los profesionales pues hay que traerlos de fuera. Por cierto, hay que homologar sus títulos con la rapidez necesaria para que esas personas puedan trabajar en la formación que tienen y para trabajar dignamente, no en economía sumergida en los domicilios porque carecen de la homologación necesaria".
Méndez de Cruz señala además que los resultados de la encuesta contribuyen a desmontar algunos prejuicios recurrentes sobre la atención residencial, y recuerda que el envejecimiento de la población y el aumento de las situaciones de dependencia están generando una demanda creciente de cuidados de larga duración que hace aún más urgente abordar las carencias detectadas. Ante este escenario, la directora general de AESTE defiende que la colaboración público-privada resulta imprescindible, "ya que los recursos públicos disponibles, por sí solos, no son suficientes para responder a las necesidades actuales y futuras".
Listas de espera, coste y perfil del residente
La cuota mensual de una residencia privada asciende de media a 2.040 euros, frente a los 1.689 euros de una concertada y los 1.188 euros de una pública. En los centros públicos y en las plazas concertadas con financiación pública, el residente abona únicamente un porcentaje de su pensión en función de sus ingresos. Aun así, según la organización de consumidores, la mitad de los encuestados reconoce que los ingresos regulares del mayor no son suficientes para cubrir la cuota y deben completarse con ahorros propios o aportaciones familiares.
La proximidad al domicilio familiar resulta el factor más determinante a la hora de elegir centro, por encima incluso del precio, con una distancia media aceptada de 10 kilómetros, dato que refleja la escasez de plazas disponibles en muchas zonas del país.
La espera media para acceder a una plaza pública alcanza los 225 días, más de siete meses, y los 162 días para una concertada. Esta realidad obliga a muchas familias que no pueden asumir el coste de una plaza privada a hacerse cargo en casa de sus mayores dependientes mientras esperan. Josune Méndez de Cruz señala que esta situación "refleja tanto un déficit de recursos asistenciales como la necesidad de agilizar los procedimientos de valoración, asignación y gestión de la demanda", y añade que pone de relieve la insuficiencia de recursos disponibles para atender a todas las personas que los necesitan en tiempo y forma.
A esta denuncia sobre el déficit de plazas se suma Ignacio Fernández-Cid, quien apunta de manera directa a la normativa como causa del parón en la construcción de nuevos centros: "Los datos no hacen sino refrendar lo que nosotros llevamos diciendo hace mucho tiempo, que faltan miles de plazas residenciales en el país, pero, por los distintos problemas que nos encontramos, no se hacen. Entre otras cosas por el Acuerdo de Acreditación Belarra, que ya dijimos que iba a frenar la inversión, como así ha sido".
La encuesta confirma además una tendencia ampliamente conocida: las personas permanecen en su domicilio el mayor tiempo posible, lo que hace necesario reforzar tanto los recursos de atención domiciliaria como la oferta de nuevas plazas residenciales que permitan ofrecer respuestas adaptadas y accesibles a las diferentes necesidades de las personas mayores.
La persona tipo que ingresa en una residencia tiene 83 años y lo hace por un problema de salud. Las condiciones más frecuentes son la discapacidad física (53%), el deterioro cognitivo leve (43%), la demencia (33%), la depresión (29%) y el Alzheimer (27%). Quienes fallecieron en el centro lo hicieron de media casi cuatro años después de su ingreso, un dato que refleja que las residencias acompañan a las personas durante una etapa prolongada y decisiva de su vida.
La voz del tercer sector: más recursos, más reconocimiento y más equidad
José Luis Pareja, presidente de Lares, pone el foco en dos cuestiones que considera irresolubles sin un compromiso firme de la administración. Sobre el personal, Pareja es directo: "Sí que es cierto que hacen falta más trabajadoras/es para esta labor, tan denostada y minusvalorada. Desde LARES sabemos bien que nuestro personal no está bien remunerado y que la propia administración juega con trampa cuando los contrata en sus entidades públicas, que pagamos todos, pero sin aportar los recursos económicos necesarios para poder mantener su compromiso en los centros privados/concertados".
Sobre la necesidad de ampliar la oferta de plazas, José Luis Pareja reclama que cualquier expansión tenga en cuenta la realidad del tercer sector y de la economía social: "En LARES exigimos una consideración especial a las entidades que formamos parte del tercer sector o de economía social y que no tenemos la posibilidad de competir con los grandes grupos cuyo posicionamiento dominante en el sector es más que evidente".
El presidente de Lares recuerda además que su organización da cobertura a personas que viven en lugares donde la prestación del servicio residencial es imposible de afrontar por no ser rentable, una realidad que no puede quedar al margen del debate sobre el futuro del modelo de atención a las personas mayores en España.
A partir de los resultados de la encuesta, OCU reclama a las administraciones locales y autonómicas un incremento de la oferta de plazas residenciales y un refuerzo de los mecanismos de inspección para garantizar la calidad del servicio, con especial atención a las comunidades con peores resultados: Madrid y Cataluña.
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