Ignacio Vivas: "Las residencias están desempeñando una función esencial de contención del gasto sanitario público"

La Fundación IDIS organizó recientemente la jornada 'Cronicidad y Dependencia: una nueva mirada a los cuidados' en la que se abordaron los desafíos en la atención a personas mayores y varios expertos discutieron la importancia de visibilizar el sector sanitario y social. Una conclusión derivada de los dos informes que se presentaron es que los servicios sociosanitarios en España son reconocidos sólo por el 46,9% de la población. Sin embargo, obtienen una valoración media de 8,5 sobre 10 cuando sí reconocen los recursos concretos.

En cualquier caso, España sigue sin avanzar con decisión hacia un modelo sociosanitario integrado, a pesar de que la conexión entre lo social y lo sanitario es “indispensable”. Según Ignacio Vivas, vicepresidente de la Fundación IDIS y CEO de Ballesol, el sector residencial, con sus 450.000 plazas, atiende a personas mayores con necesidades sanitarias graves a un coste mucho menor que los hospitales, evitando que el sistema sanitario público se vea colapsado y ofreciendo una atención especializada que el hospital no puede proporcionar.

Así, la falta de financiación adecuada, la presión demográfica y la ausencia de un modelo en el que Sanidad participe en los gastos sanitarios de las residencias impiden avanzar hacia un sistema universal y solidario. Ignacio Vivas advierte que, aunque la prevención y la atención domiciliaria son deseables, llega un punto en que las residencias son la opción más eficiente y segura para quienes presentan dependencia severa o enfermedades crónicas, y que negar esta necesidad sería “como meter la cabeza bajo tierra como una avestruz”.

El responsable de la Fundación IDIS y del Grupo Ballesol lo explica con detalle en esta entrevista:

-¿Qué destaca por encima de otras cuestiones de los dos informes?

Uno de los informes es sobre la valoración del mundo sociosanitario por la sociedad y da unos datos bastante interesantes. Luego hay otro informe que se centra más en el perfil sanitario o las necesidades sanitarias de las personas que están ingresadas en residencias. En el primer informe preguntas a la gente si conoce los recursos sociosanitarios y te responden: “¿Eso qué es? ¿Sociosanitario?”. Cuando bajas al detalle y empiezas de manera más nominal, centros de día, teleasistencia, residencias de personas mayores, asistencia domiciliaria, pues ya dicen “claro que los conozco”.

Como conclusión de ese informe, básicamente, sacamos que el sector sociosanitario es poco conocido. No se conoce tanto el aspecto sanitario del sector de residencias, aunque realmente estamos en servicios sociales. Pero sí conocen los recursos de hecho cuando tienen un mayor a cargo. Hay una cosa muy relevante, que la gente que los usa los puntúa por encima de 8. Y en algunos casos 8,5 en algunos de los servicios.

- Usted afirma que la conexión entre lo social y lo sanitario es “indispensable”. ¿Por qué cree que España sigue sin avanzar con decisión hacia un modelo sociosanitario integrado y qué cambios concretos harían falta para lograrlo?

Llevo 35 años en este sector y siempre ha estado infrafinanciado. Siempre fue un sector residual, aunque es verdad que con el paso de los años y con la transferencia de estos servicios a las comunidades autónomas cada vez va teniendo más peso y las respectivas consejerías de servicios sociales cada vez tienen presupuestos mayores. Mayores que no suficientes.

A partir de ahí, se aprueba la Ley de Dependencia y se da una mayor relevancia a esta parte de los servicios sociales creando un derecho subjetivo a recibir una prestación. Se crea una ley pero no se crea una financiación adecuada. Y, sobre todo, lo que no se tiene nunca en cuenta es lo que se hace en las residencias: cómo lo hacemos y cuáles son los profesionales necesarios para hacer lo que se está haciendo, que en muchos casos son profesionales sanitarios.

- ¿Eso quiere decir que el sistema no ha considerado realmente el papel sanitario de las residencias?

El perfil de los residentes que están en la residencia es el de personas que normalmente tienen necesidades sanitarias puras y duras, no sociosanitarias. Además, con el aumento de la longevidad, cada vez hay más personas con enfermedades crónicas que, por definición, tienden a agravarse con la edad. Estas personas necesitan asistencia sanitaria y, afortunadamente, en España contamos con unas 450.000 plazas residenciales que permiten atender a una parte muy importante de ellas. Y lo hacemos a un coste mucho menor del que supondría su atención en hospitales.

En ese sentido, las residencias están desempeñando una función esencial de contención del gasto sanitario público, algo que en otros países europeos se comprendió hace ya mucho tiempo.

En Europa existen tres vías de financiación de las residencias: una vía que existe aquí en España que es la cofinanciación de las familias; una segunda vía que es lo que paga Servicios Sociales; y en Europa existe una tercera vía, que es la que aquí no existe, que es lo que paga Sanidad, que son todos los gastos sanitarios que tienen las residencias, como médicos, enfermeras e, incluso, en muchos casos, medicamentos.

Las consejerías de Servicios Sociales no pueden subir los precios, tienen los presupuestos que tienen y bastante problema tienen ya con las listas de espera, que crecen año tras año. Ajustar y repartir lo que hay para atender al mayor número posible de usuarios con recursos limitados siempre tiene un límite.

El problema es que, si no se aumenta el presupuesto, no podremos ofrecer una atención suficiente ni de calidad. Y, además, el sistema sanitario acabará colapsando, porque las personas que hoy están siendo atendidas en residencias —a un coste mucho menor— tendrían que ser atendidas en hospitales, donde el gasto sería cuatro o cinco veces superior. En definitiva, esto es una cuestión de dinero: no avanzamos hacia un verdadero modelo sociosanitario porque todavía no hay conciencia de la necesidad de invertir más.

Hasta ahora, el problema se había ido solventando. Se construían residencias, se generaban nuevas camas, y la presión demográfica no era tan fuerte. Pero ahora hemos llegado a un cuello de botella. Los gobiernos, tanto el central como los autonómicos, deben tomar decisiones importantes, porque en 2024 disminuyó el número de plazas residenciales en unas 3.000 respecto a 2023, y en los próximos diez años habrá 900.000 personas más mayores de 85 años. Algo no cuadra. Si no se generan condiciones para fomentar la inversión y aumentar las plazas, esas personas acabarán siendo atendidas en hospitales, donde ni es el lugar adecuado ni el sistema podrá asumirlo.

En las residencias sabemos atender mejor a este perfil de usuario que el sistema sanitario, porque es nuestro ámbito. El sistema sanitario está para otras cosas. Pero si no se planifica y se invierte, no podremos atender las necesidades reales de salud y dependencia que tiene la sociedad española.

En algún momento alguien acuñó el término “desinstitucionalización” y decidió que las residencias eran “carísimas”, que había que reducir su papel y fomentar que las personas mayores permanecieran en su casa. Pero eso es insostenible económicamente. En España harían falta unos 15.000 millones de euros en los próximos diez años para cubrir ese modelo, con un gasto recurrente elevadísimo. Solo el mantenimiento de unas 100.000 nuevas camas residenciales supondría unos 3.600 millones de euros adicionales cada año.

Entonces, ante esa magnitud de cifras, alguien dice: “pues que la gente se quede en casa”. Muy bien, pero ¿quién los cuida, los hijos? No, porque no tienen obligación, ni tiempo. Yo, desde luego, no le voy a pedir a mi hijo que me cuide.

Por eso, es positivo insistir en la prevención y el envejecimiento saludable, porque eso puede acortar los periodos de estancia en residencias, y todos queremos estar en casa el mayor tiempo posible. Hay que poner todos los medios —medicina preventiva, tecnología, adaptación de viviendas— para facilitarlo. Pero llega un momento en que la persona necesita atención personal continuada, y eso tiene un coste.

Hoy, el servicio de atención domiciliaria ronda los 12 o 13 euros por hora, así que cuando alguien necesita más de 7 horas diarias —sin ser todavía un grado de dependencia muy alto—, ya estamos hablando de unos 80 euros al día, lo mismo que cuesta una plaza en una residencia.

- ¿Eso significa que, aunque todos queramos vivir en casa, llega un momento en que el sistema deja de ser sostenible?

Podemos mantener a las personas en casa mientras sus necesidades sean moderadas, pero ¿qué pasa cuando aparece un deterioro cognitivo, una dependencia física severa o enfermedades crónicas? No tiene sentido que estén solas. En una residencia, un auxiliar puede atender a ocho personas; en un domicilio, atiende a una o dos. Es evidente qué modelo es más eficiente.

Por eso, aunque todos queramos vivir en casa el mayor tiempo posible, hay un punto en el que eso deja de ser sostenible. Negar la necesidad de residencias es como meter la cabeza bajo tierra como una avestruz. Yo, sinceramente, ya empiezo a pensar en dónde me cuidarán y quién me cuidará. Primero hablamos del “dónde”: ¿en casa, en una residencia o en otro lugar? Y luego ya vendrá el “quién”.

Hay un tema muy relevante. Si queremos un sistema solidario y universal, tiene que ser un sistema para todos, no solo para una minoría. Es decir, un modelo en el que quienes más tienen reciban menos ayuda, y quienes menos tienen reciban más. No podemos pensar en soluciones que solo se puede permitir un 10% de la población, como vivir en casa atendido por tres personas. Eso no es realista.

Cuando hablamos de un sistema público, no podemos olvidar que existe una Ley de Dependencia que reconoce el derecho a ser atendido como un derecho subjetivo, no como una opción. Por tanto, estamos hablando de algo que afecta, potencialmente, al 100% de los ciudadanos cuando llegamos a una situación de dependencia. No se trata de crear un sistema solo para quienes se lo pueden pagar en casa, porque esos son muy pocos.

Lo que debemos construir es un modelo cofinanciado entre los ciudadanos y el sector público, que sea verdaderamente universal y solidario. No se trata de decirle a la gente “cuídate en casa”, sino de garantizar que cada persona pueda ser atendida donde necesite ser atendida.

Por eso hay que levantar la mirada y planificar a largo plazo. Se acerca una ola de envejecimiento, longevidad y cronicidad sin precedentes. La esperanza de vida crece, pero eso también significa que habrá más años en los que necesitaremos cuidados. Y cuando llegue ese momento, muchos tendremos que ser atendidos en una residencia o en una institución, aunque ahora parezca que ‘institucionalización’ es una palabra negativa.

Sin embargo, los niveles de satisfacción de las personas que viven en residencias son muy altos, superiores al 8 o 8,5 sobre 10, incluso en un servicio tan delicado como es que cuiden a un padre o una madre. Por eso no se entiende que desde algunas administraciones públicas o determinados medios de comunicación se maltrate al sector, cuando en realidad está generando empleo y resolviendo problemas sociales muy importantes.

- El informe revela que menos de la mitad de la población conoce los servicios sociosanitarios a pesar de su alta valoración. ¿Qué responsabilidad tienen las administraciones en esto? ¿Qué habría que hacer para tener más visibilidad?

Creo que lo importante no es tanto si la gente conoce o no los servicios sociosanitarios, sino que existan suficientes recursos y que, cuando alguien los necesite, pueda encontrarlos fácilmente. Al final, es como todo: uno no va al hospital si no lo necesita. Con los servicios sociosanitarios pasa igual; mientras no los precisas, no te preocupas por conocerlos. La gente busca información cuando se enfrenta a la necesidad, no antes.

Por eso, lo relevante no es que todo el mundo sepa de memoria qué son los servicios sociosanitarios, sino que cuando llegue el momento de necesitarlos, haya alguien que te oriente. Esa labor debe recaer en las trabajadoras sociales, que son quienes pueden explicar a una familia qué opciones existen, qué es lo más adecuado para su padre, su madre o su familiar, y cómo acceder al recurso.

Lo esencial es que los servicios estén disponibles, que puedas acceder a ellos en tiempo y forma, y que no haya listas de espera de seis meses o un año, porque muchas veces las situaciones de dependencia surgen de forma repentina —una caída, una fractura de cadera— y requieren respuesta inmediata.

Por eso digo que el problema no es el conocimiento general, sino la capacidad de respuesta del sistema. Lo importante es que, cuando te enfrentes a una situación así, tengas un número de teléfono al que llamar, y al otro lado haya alguien que te diga: “En su caso tenemos estos servicios, estas plazas, este apoyo disponible”. Que te sientas acompañado y con la seguridad de que hay un camino claro que seguir.

No pido que te den una plaza o un recurso al día siguiente —eso sería utópico, tampoco ocurre en sanidad—, pero sí que haya un proceso ágil, comprensible y humano. Porque la atención a una persona mayor dependiente no es algo puntual, sino un camino largo que puede durar 10 o 15 años, empezando con una dependencia leve y evolucionando hacia una gran dependencia.

Y ahí es donde los servicios sociales y sociosanitarios deben estar presentes: acompañando, orientando y resolviendo los problemas cuando aparecen. No hace falta que todos sepamos de memoria qué son, pero sí que, cuando los necesitemos, los encontremos sin dificultad y sintamos que alguien nos tiende la mano.

- Una de las conclusiones más llamativas del informe es la necesidad urgente de reforzar la atención sanitaria en las residencias. ¿Cómo se puede conseguir en un corto-medio plazo y qué modelo de financiación propone IDIS para que el SNS asuma esa parte de la asistencia sin sobrecargar a las familias?

Yo creo que, a día de hoy, la gran mayoría de residencias de las distintas comunidades autónomas, cumpliendo con los requisitos que se exigen, disponen de medios suficientes para atender al perfil de residentes que tenemos. Todos los grupos cuentan con médicos y enfermeras. Por supuesto, cuanto más personal haya, mejor, pero buscando siempre la eficiencia y la sostenibilidad del sistema. Con lo que tenemos ahora, creo que podemos hacerlo bien.

El problema es otro: las camas que existen, ya existen, y Sanidad no interviene. Y al no haber una financiación suficiente, no se están generando nuevas plazas. ¿Qué está ocurriendo? Que la demanda crece, la población envejece, y no basta con decir que el sistema actual funciona. Los niveles de atención son buenos —diría incluso notables— y las familias están satisfechas, pero si no hay nuevos profesionales, ni inversión, el modelo se estanca. Si pudiéramos disponer de todos los profesionales que exige la normativa, la atención sería sobresaliente. Pero muchos no existen en el mercado laboral. Aun así, la atención actual en los grupos residenciales es, sinceramente, de notable alto.

Sobre la “medicalización”, no creo que haya que transformar las residencias en hospitales, aunque sí es cierto que cada vez estamos más cerca de un modelo de hospital de media estancia. De hecho, ya estamos bastante medicalizados. Por ejemplo, nosotros tenemos respiradores, equipos de diagnóstico o tecnología adaptada al perfil de los residentes, que cada vez es más complejo. Eso no es difícil de incorporar, pero requiere inversión.

El problema, de nuevo, es económico. Nuestros presupuestos son ajustados, y con lo que tenemos hacemos auténticos milagros. Con una media de 70 euros por día, cuando un hostal te cobra 100 euros solo por la cama, nosotros ofrecemos instalaciones modernas, atención médica permanente, alimentación, lavandería… y todo incluido. Creo que somos uno de los sectores más eficientes de España.

Ahora bien, esto tiene un límite. Si queremos seguir ofreciendo calidad, necesitamos pagar mejor a nuestros profesionales. Queremos enfermeras y queremos que se puedan convenir plazas con el sistema público, pero para eso hay que pagar sueldos similares a los de la sanidad pública o privada. Además, el coste de la construcción ha subido muchísimo. Antes del Covid, hacer una residencia costaba unos 11 o 12 millones de euros; ahora cuesta 15 para un proyecto similar. El precio del suelo y la construcción se han disparado.

Hacer una plaza nueva en una residencia cuesta alrededor de 100.000 euros. Y, mientras tanto, se están destruyendo plazas: entre 2023 y 2024 se han perdido unas 3.000 camas. No se están generando nuevas. Si a eso sumamos que los sueldos son bajos y que el salario mínimo obliga a actualizar muchos convenios, el resultado es un sector con márgenes muy estrechos.

- ¿Por eso la propuesta, nuevamente, es más financiación?

Por eso es clave la colaboración público-privada. Las administraciones deben establecer marcos claros de financiación y fomentar la inversión. Los servicios privados, con un buen control, son muy eficientes, y los mecanismos de inspección ya existen. Pero si no se apoya la inversión, no habrá nuevas camas, y la lista de espera seguirá creciendo. Y eso ya se ve: nunca antes había vivido una situación como la actual, con lista de espera en residencias privadas. En 35 años no me había pasado. Antes eso ocurría solo en la pública.

El discurso de la “desinstitucionalización” me preocupa. Según los propios datos del IMSERSO, hay personas que mueren esperando un servicio que nunca llega y, mientras tanto, se dice que hay que evitar las residencias… pero la gente lo que pide son residencias. Las listas de espera son para residencias. La realidad es que en casa, en grados altos de dependencia, no se puede cuidar. Lo veo en mi entorno, con amigos que tienen padres mayores y me piden consejo. Yo no les vendo una plaza; les hablo como profesional del sector y lo que veo es que cuidar en casa es imposible para la mayoría.

A veces los políticos no conocen esta realidad. Dicen que los mayores están mejor en casa. Y yo siempre pregunto: ¿cuánto pesa una persona mayor que vive sola y cuánto una que está en una residencia? La diferencia es enorme. El que está solo en casa no cocina, no se cuida, no se asea. En la residencia, incluso la más modesta, está mejor atendido. Por lo menos, una vez a la semana está lavado, come bien y tiene compañía.

Así que lo que necesitamos no es tanto un nuevo modelo teórico, sino financiación real, marcos estables y colaboración público-privada. Si no se hace, sinceramente, ni tú ni yo tendremos en el futuro ni quién nos cuide ni dónde nos cuiden.

- ¿Cómo repercute la falta de personal en la calidad, en la asistencia de las personas mayores? ¿Y qué podemos hacer para solucionar el problema?

Bueno, solucionar esto es ahora mismo el problema número uno de las residencias en España. Antes, el problema principal era la ocupación: había que llenar plazas, y todos consultábamos el portal de Inforesidencias, porque necesitábamos gente para cuidar. Hoy hay residencias que incluso están diciendo que no a personas que quieren entrar, simplemente porque no tienen personal suficiente para atenderlas. Y esto no ocurre solo en España; en Francia también han cerrado plantas de residencias por falta de personal.

Creo que la primera medida es hacer el sector más atractivo. Esto no es solo cuestión de calidad del empleo, aunque también influye, sino de estructura del sector y condiciones de trabajo.

Otro tema recurrente es la inmigración. Somos un país privilegiado en ese sentido: tenemos mucha gente que habla nuestro idioma, lo que es fundamental para las personas mayores, y que está dispuesta a venir a España a trabajar si las condiciones son razonables. Sin embargo, no se abre ninguna vía formal, porque nuestras profesiones no están incluidas en los listados de “profesiones de difícil cobertura”, lo que me parece sorprendente. Por ejemplo, sí están otros oficios mucho menos relevantes, pero la agricultura o la atención a mayores no lo están.

Yo recuerdo que hace unos 20 años trajimos 20 o 30 enfermeras de Colombia, con títulos homologados, para trabajar en Ballesol. Funcionó perfectamente, pero ahora no se puede hacer porque las profesiones no están reconocidas para este tipo de contratación. Creo que este sector es perfecto para incorporar personal extranjero, sobre todo para los cuidadores de base, porque es gente de no muy alta cualificación que puede formarse en la residencia tutelada por personal con experiencia, adquiriendo competencia profesional por acumulación de horas y práctica. No me refiero a médicos o enfermeras, sino a cuidadores.

Por otro lado, debemos dejar de considerar este sector como “el último lugar donde trabajar”. Hoy muchos profesionales piensan primero en un hospital, luego en la sanidad pública o privada, y solo después en una residencia. Lo mismo ocurre con las enfermeras. Si queremos atraer talento, hay que mejorar la percepción y la calidad del empleo, sobre todo en la parte más cualificada.

En la parte de menor cualificación, también hay que hacer el sector más atractivo: ofrecer condiciones laborales dignas y competitivas. España es un país con mucho trabajo, especialmente en sectores turísticos. Si no competimos en igualdad de condiciones, la gente no vendrá a trabajar aquí, y tendremos enormes dificultades para cubrir plazas.

Dicho esto, si no se crean nuevas residencias, el problema se resuelve parcialmente: con las plazas existentes, poco a poco se ajustará la disponibilidad de personal, aunque no resuelve la necesidad futura. Ahora, si queremos hacer las 100.000 camas que se necesitan, y también reforzar la atención a domicilio, centros de día y otros servicios, debemos tomar el problema del personal muy en serio, porque todos estos recursos son extremadamente intensivos en mano de obra.

Por supuesto, tecnologías como la inteligencia artificial podrán ayudar en el futuro, pero no resolverán por sí solas la escasez de profesionales humanos en un sector donde la atención personalizada es crítica.

- La última era sobre eso… La digitalización y la innovación aparecen como asignaturas pendientes: el 83% de los encuestados desconoce las nuevas tecnologías aplicadas a los cuidados. ¿Qué hay que hacer para que estas soluciones lleguen de verdad a los mayores y no se queden en proyectos piloto?

Hay que potenciar la digitalización y la innovación en general. Desde las empresas de residencias investigamos muchísimo y aplicamos muchísima tecnología al servicio de las personas mayores. Yo, desde que entré en Ballesol Majadahonda hace 35 años hasta hoy, he visto cómo lo que aplicamos en tecnología para el bienestar del residente es brutal.

No solo beneficia al residente, sino también a las auxiliares: reduce el tiempo que dedican a tareas administrativas, para que puedan concentrarse en el cuidado directo. Antes, de ocho horas de trabajo, quizá tres se dedicaban a papeleo; ahora, con la digitalización, solo una, ganando así dos horas de atención directa al residente.

Eso sí, la tecnología no reduce la necesidad de personal. Lo que hace es mejorar la calidad del servicio. Cuanto más dispersos estén los residentes o las personas mayores, mayor es la necesidad de tecnología. En atención domiciliaria, por ejemplo, el gran objetivo para conseguir una desinstitucionalización real sería tener tecnología al servicio de los hogares y de las personas mayores, de forma que puedan estar monitorizadas, respetando la protección de datos, para evitar situaciones dramáticas donde alguien desaparece o sufre un accidente sin que nadie lo sepa. La tecnología en los hogares es fundamental y necesaria para la sostenibilidad futura del sistema.

En las residencias, los grandes grupos ya estamos avanzando muchísimo, tanto en aplicaciones de control médico como en domótica, sensores de caídas y otras soluciones. Esto ayudará, pero no reemplazará a las personas. ¿Un robot cuidando a una persona mayor? Hombre, no lo sé. Yo tampoco me veo hablando con un agente de inteligencia artificial para cuidar a alguien. He visto demostraciones y me quedé paralizado, pero hoy por hoy eso no sustituye la atención humana.

En los próximos 5, 6 o 7 años, la falta de personal seguirá siendo el verdadero desafío. Aunque hubiera soluciones mixtas —tecnología más personal— seguirá haciendo falta un montón de personas para atender a los mayores que se van a necesitar en ese horizonte cercano.