Tras el fallecimiento en un centro clandestino de Elche, AERTE recuerda que solo los centros autorizados garantizan calidad y seguridad

Un hombre de 34 años con parálisis cerebral perdía la vida en una vivienda de Elche (Alicante) en la que se ofrecían cuidados a personas dependientes sin autorización legal, cobrando entre 30 y 45 euros diarios por usuario.

El Ayuntamiento de Elche informó de que este fallecimiento destapó la existencia de la actividad clandestina y permitió que la Policía Local, junto con la Policía de la Generalitat Valenciana, procediera al cierre de la vivienda unifamiliar donde se realizaba el servicio sin permisos y sin cumplir las condiciones higiénicas y sanitarias mínimas.

Desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) lamentan profundamente el fallecimiento de este joven en un centro ilegal de Elche y trasladan su más sincero pésame a sus seres queridos.

Y Recuerdan: "Las entidades y profesionales del sector dedicamos nuestro trabajo a cuidar de las personas y ofrecerles apoyos para que puedan vivir con dignidad".

Por ello, AERTE recuerda también algunos aspectos muy importantes a tener en cuenta:

1.- Los centros que atienden a personas en situación de dependencia deben estar autorizados por la Conselleria de Servicios Sociales. Esa autorización garantiza que cumplen con los requisitos de personal, servicios e instalaciones que marca la normativa.

2.- La resolución de autorización debe estar expuesta en un lugar visible, específicamente en el tablón de anuncios de la entrada del centro. Si no se encuentra, se puede pedir directamente a la persona responsable que la muestre.

3.- Antes de decidir un ingreso, es fundamental realizar una visita al centro, conocer las instalaciones y comprobar cómo se atiende a las personas allí.

4.- Los requisitos exigidos por la normativa implican costes elevados. Si se recibe una oferta económica muy por debajo de la media de otros centros, es recomendable asegurarse de que ese ahorro no suponga un incumplimiento de las condiciones mínimas exigidas.

"Cuidar con calidad, dignidad y seguridad es una responsabilidad compartida", concluyen desde la patronal valenciana.

Sin licencia

Los responsables del inmueble, un matrimonio de 58 y 48 años, reconocieron no disponer de licencia municipal ni autorización administrativa para desarrollar la actividad. Tampoco contaban con seguros de responsabilidad civil ni con la acreditación profesional necesaria. Según declararon a los agentes, cobraban entre 30 y 45 euros diarios a las familias por cada residente, al margen de cualquier regulación legal, de la Seguridad Social o de controles sanitarios.

Las fuerzas de seguridad investigan las circunstancias de la muerte ocurrida en el inmueble, donde convivían varias personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo y distintas enfermedades neurológicas, algunas en situación de especial vulnerabilidad.

En la inspección se constató que el lugar no reunía los requisitos básicos para albergar a personas dependientes. Se encontraron deficiencias higiénicas y sanitarias evidentes: restos orgánicos, camas y colchones deteriorados, suciedad generalizada, ausencia de ventilación adecuada y electrodomésticos sin mantenimiento.

Las pesquisas apuntan a que esta práctica se llevaba a cabo desde 2016 en distintos domicilios y que actualmente continuaba en la vivienda inspeccionada, que estaba alquilada. El propietario del inmueble manifestó desconocer el uso que se le estaba dando.

Ante las graves irregularidades detectadas, la Policía Local de Elche y la Policía de la Generalitat precintaron y clausuraron la actividad, procediendo al realojo de los internos con sus familiares. Estos fueron avisados de inmediato y aseguraron desconocer las condiciones en las que vivían sus allegados.

De forma paralela, se presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo, la Conselleria de Sanidad —competente para autorizar este tipo de centros— y el Ayuntamiento de Elche por carecer de licencia de actividad. Asimismo, se dio aviso a los Servicios Sociales para valorar la asistencia urgente a las personas afectadas y a sus familias.